Como hace dos décadas, algunos
sectores de la política pretenden gobernar Cancún desde Chetumal. El Congreso y
el Poder Judicial son los mecanismos que han aparecido en las últimas semanas. Un
sector del Ayuntamiento prepara una controversia constitucional para ver si
Cancún ha dejado de ser un pueblo chico.
Por: Hugo Martoccia
Como dice el tango, 20 años no es
nada. Y parece que para Cancún es cierto. Hace 20 años esta ciudad era menos de
la mitad de lo que es ahora, y se gobernaba, de hecho, desde Chetumal. De allá
venían los alcaldes y los recursos. También las órdenes. Era todo tan increíble
que ser alcalde de Cancún era un paso para irse al Congreso federal.
Y como 20 años no es nada, estamos
en 2010 y el pasado nos alcanza.
En las últimas semanas, el Congreso
del estado modificó, con discutible criterio constitucional, las tablas de
valores catastrales que son la base para el cobro del predial en el municipio.
La Sala Constitucional y
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado revocó la concesión
para la recolección y disposición final de residuos sólidos de Domos en Cancún,
que había otorgado el Cabildo.
Y la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente (Seduma) se hizo cargo de
este servicio durante la Cumbre Climática COP 16, por medio de un convenio que
los regidores no aprobaron y que es tan dudoso como todo lo demás.
Todo ello, amén de que cada quincena
hay que pedir dinero al estado para pagar las cuentas, o que cada paso que se
dé en el Ayuntamiento tiene que tener la venia de la decena de funcionarios
priístas que lo manejan, entre ellos la líder del sindicato de trabajadores,
Delia Alvarado.
Esos hechos, para nada aislados,
marcan la ofensiva desde Chetumal, que de fondo esconde dos intereses: someter
a Cancún, ese hijo díscolo que reniega del PRI cada vez que puede, y a su vez
ponerle como candidata a alcaldesa para 2013 a la diputada priísta Laura
Fernández.
En medio de esta suerte de deja vu,
un grupo de regidores decidió salir a disputar el más elemental espacio de
autoridad, y anunció, en sesión de Cabildo, que presentará una controversia
constitucional, porque presupone que no existe ninguna ley que le de facultades
al Congreso para modificar unas tablas catastrales que el Cabildo votó.
Además, consideran que los
diputados, al modificar las tablas de 2010 y dejar vigentes las de 2007, han
impedido que el Ayuntamiento cumpla con un mandato constitucional, que le exige
que los valores catastrales de los predios sean iguales a los comerciales.
En el primer punto, los regidores
dicen que la ley es muy clara. El Congreso puede aprobar (o no, en su caso) las
tablas; no tiene facultad para modificarlas.
A continuación, las leyes en las que
se basan los ediles, y que será una nueva batalla por Cancún.
El
recorrido legal
El primer paso es, lógicamente, el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Fracción IV D, párrafo tercero de
ese artículo dice:
LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL AMBITO DE
SU COMPETENCIA, PROPONDRAN A LAS LEGISLATURAS ESTATALES LAS CUOTAS Y TARIFAS
APLICABLES A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Y LAS TABLAS DE
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL COBRO DE
LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.
La Constitución de Quintana Roo dice,
en su artículo 153, fracción II, párrafo segundo:
“Los Ayuntamientos, propondrán a la
Legislatura del Estado, a más tardar en el mes de octubre de cada año, con
arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, racionalidad y capacidad
contributiva, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria, en el ejercicio fiscal inmediato siguiente”.
Este párrafo se repite a la letra en el artículo 66,
inciso i, de la Ley de los Municipios del estado. La Ley de Catastro, en su
artículo 20, inciso III, cuando habla de las atribuciones de los ayuntamientos
en materia catastral, dice: “Proponer a la Legislatura del estado, las tablas
de valores unitarios de suelo y construcciones, para su aprobación en su caso”.
Ahora bien, todos estos artículos
dicen que el Cabildo envía una propuesta para su aprobación o no. Sin embargo,
cuando se revisa la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 16, que
habla de las facultades de la Legislatura, no se menciona la atribución de
modificar dichas tablas.
Y, ya se sabe, los servidores
públicos sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Nada más. Si no se habla
de modificar, no pueden modificar, según la versión de algunos regidores.
En el segundo punto, los ediles
consideran que al modificar sus tablas para el cobro del predial 2010, los
diputados le impiden cumplir con una reforma constitucional federal publicada
el 29 de diciembre de de 1999, que obliga a equiparar valores catastrales con
los comerciales en los municipios.
En el artículo quinto transitorio de
la misma reforma, que obliga a estados y municipios “adoptar las medidas
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para
el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sean
equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad”.
La batalla ahora de dará al interior
del propio Cabildo, porque el alcalde Jaime Hernández prefiere no enfrentarse
con el estado, por la precariedad de su situación financiera, y el alcalde
electo Julián Ricalde está ocupado en prepararse para asumir su cargo el 10 de
abril.
800 mil habitantes de Cancún,
mientras tanto, ven cómo su ciudad se mueve como un perro cachorro al capricho
de un amo cruel.
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