Hogares con piso de tierra; el mayor crecimiento poblacional del país; y el reto de las Ciudades Sostenibles en QR



La atracción que la Entidad ejerce sobre la población del país y otras Naciones resultado de la percepción de que aquí se puede generar riqueza, no es algo nuevo, pero los efectos de este crecimiento poblacional, que supera la media nacional, le traen al estado una dificultad mayor que sólo se entiende en su justa dimensión con una revisión de los números duros que sobre este rubro presenta el Plan Quintana Roo 2011-2016, lo que a su vez representa un reto para los próximos años.


Por: Esmaragdo Camaz
Las cifras dan una realidad de la Entidad en el tema de las Ciudades Sostenibles. El Plan Quintana Roo 2011-2016 expone que, Quintana Roo cuenta con una población de 1 millón 325 mil 578 habitantes y se conforma con un entorno urbano, rural y regional concentrado principalmente en 2 zonas de desarrollo, en el norte por su divergencia demográfica, urbana, económica y social y en el sur por una amplia distribución de riqueza cultural, histórica y arquitectónica.
El desarrollo de Quintana Roo ha sido más urbano que rural, detalla el documento:
Los asentamientos humanos en el estado, reflejan que continuamos en pleno proceso de urbanización, según cifras oficiales del 2010, el 88 por ciento de la población habita en centros urbanos y el 12 por ciento en localidades rurales.


Esto se comprueba en la distribución territorial de la población, los municipios más poblados son Benito Juárez en donde residen 671 mil 176 personas, que representan el 50.63 por ciento del total de la entidad, Solidaridad y Cozumel con 159 mil 310 y 79 mil 535 habitantes respectivamente, que representan el 12.01 por ciento y el 6 por ciento de la población estatal y en el sur, el municipio que concentra la mayor población es Othón P. Blanco con 244 mil 553 habitantes con el 18.44 por ciento de la población estatal.

Uno de los factores determinantes en la problemática de las Ciudades Sostenibles es el nivel de crecimiento poblacional, pues mientras en la mayoría de los casos los núcleos habitacionales mantienen un crecimiento moderado, en e caso de Quintana Roo, particularmente en la zona norte de la Entidad, su crecimiento es exponencial, derivado principalmente de sus posibilidades de creación de riqueza. Sobre este particular, el reporte gubernamental expone:

Quintana Roo es un estado joven dentro de la geografía nacional, con fuerte empuje dentro del entorno urbano, la conformación en el asentamiento de su población deriva por una transformación vertiginosa en los aspectos de crecimiento poblacional con una tasa media del 4.1 por ciento, la más alta en los últimos 10 años en el país, esto ocasionado por el alto grado de migración, ante la perspectiva de encontrar un mayor mercado de oferta laboral, que es alentado principalmente por el desarrollo turístico y de servicios.

Bajo este escenario, Quintana Roo sigue atrayendo a más población que demanda empleo, misma que logra ocuparse en este sector de desarrollo económico. Esta dinámica demográfica genera en las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum principalmente, mayores necesidades de infraestructura, equipamiento, vivienda, servicios básicos y espacios para la convivencia social, en consecuencia estas medidas disminuyen las posibilidades para un desarrollo sustentable y mejores niveles de bienestar social para la población.


Pero la consecuencia de este crecimiento poblacional exponencial, también trae consigo problemas en la dotación de servicios públicos y de la falta de crecimiento de infraestructura en la misma proporción de la demanda, tal como el propio Plan Quintana Roo 2011-2016 lo reconoce, y al detallar con números este crecimiento, que se traduce en asentamientos irregulares, deja una idea muy clara de cuál es reto para los próximos años:
Este crecimiento urbano y social del estado, se encuentra asociado a una población numerosa que carece de recursos económicos suficientes, que le permitan acceder al mercado formal de suelo y la vivienda, en zonas con instrumentos de planeación urbana establecidos, lo que fomenta la informalidad e ilegalidad de la tenencia de la tierra y dificulta la consolidación del desarrollo territorial ordenado.
Reflejo de lo anterior, es el creciente número de asentamientos irregulares con construcciones realizadas al margen de cualquier normatividad y la consecuente inseguridad jurídica sobre este patrimonio, con viviendas precarias sin infraestructura, equipamiento y servicios básicos. 

En la actualidad se tienen identificados en la zona norte del estado, 67 asentamientos irregulares en la ciudad de Cancún, a los que se suman 37 en la zona continental de Isla Mujeres, haciendo un total de 104, representando estos un estimado de 160 mil habitantes sin certeza jurídica en su patrimonio y con una baja calidad de vida, que representa el 24 por ciento del total de la población de la zona metropolitana de Cancún y de la zona continental de Isla Mujeres.

Los asentamientos irregulares, producto del violento crecimiento poblacional, también produce una permanente carencia de vivienda y sus respectivos servicios públicos, pues la demanda siempre supera la oferta, particularmente en aquellos casos en los que una escasa economía personal es el factor que define la oportunidad de los espacios de vivienda. Sobre este tema, el plan gubernamental revela:
Quintana Roo cuenta con 369 mil 235 viviendas particulares habitadas, 83 mil 493 más que las registradas en el II Conteo del año 2005, distribuidas en los municipios de la siguiente forma 188 mil 522 en Benito Juárez, 22 mil 188 en Cozumel, 17 mil 146 en Felipe Carrillo Puerto, 4 mil 517 en Isla Mujeres, 8 mil 295 en José María Morelos, 6 mil 161 en Lázaro Cárdenas, 65 mil 874 en Othón P. Blanco, 48 mil 904 en Solidaridad y 7 mil 628 en Tulum.
En cuanto a las características físicas de la vivienda, el porcentaje de éstas que aún tienen piso de tierra, se redujo del 6.27 por ciento, 17 mil 965 en el año 2005 a 3.63 por ciento 13 mil 435 en el 2010, debido a la intervención del sector público con programas coordinados Federación-Estado, mientras que el promedio nacional alcanza el 6.16 por ciento.
El 1 por ciento del total de viviendas tiene paredes construidas de material de desecho, lámina de cartón, de asbesto y metálica. El 10 por ciento a base de materiales tradicionales como el carrizo, bambú, palma, embarro, bajareque, madera y adobe. El 87 por ciento tiene paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto, considerado como material duradero y el 2 por ciento restante no especificado.
En el municipio de Benito Juárez 176 mil 455 de 188 mil 522 hogares cuentan con servicio de drenaje, en Cozumel 21 mil 525 de 22 mil 188, en Felipe Carrillo Puerto 10 mil 731 de 17 mil 146, en Isla Mujeres 4 mil 170 de 4 mil 517, en José María Morelos 5 mil 485 de 8 mil 295, en Lázaro Cárdenas 4 mil 576 de 6 mil 161, en Othón P. Blanco 61 mil 475 de 65 mil 874, en Solidaridad 45 mil 964 de 48 mil 904 y en Tulum 6 mil 450 de 7 mil 628.

En Benito Juárez 157 mil 644 hogares cuentan con agua entubada, en Cozumel 20 mil 565, en Felipe Carrillo Puerto 15 mil 492, en Isla Mujeres 3 mil 231, en José María Morelos 7 mil 728, en Lázaro Cárdenas 5 mil 250, en Othón P. Blanco 62 mil 575, en Solidaridad 47 mil 777 y en Tulum 6 mil 493. En Benito Juárez 176 mil 623 hogares cuentan con energía eléctrica, en Cozumel 21 mil 904, en Felipe Carrillo Puerto 15 mil 942, en Isla Mujeres 4 mil 062, en José María Morelos 7 mil 796, en Lázaro Cárdenas 5 mil 753, en Othón P. Blanco 63 mil 890, en Solidaridad 46 mil 181 y en Tulum 7 mil 089.

El total de la población ocupada es de 655 mil 226 personas, de las cuales 64 mil 825 ganan hasta 1 salario mínimo, 117 mil 433 de 1 y hasta 2 salarios mínimos, 129 mil 804 de 2 y hasta 3 salarios mínimos, 163 mil 249 de 3 y hasta 5 salarios mínimos, 93 mil 207 de 5 salarios mínimos, 32 mil 555 no especifican y 54 mil 153 no reciben ingresos.
Junto al reconocimiento de esta realidad que impera en el estado, el Plan Quintana Roo 2011-2016, expone una serie de consideraciones que son retos vivos y objetivos nada fáciles de alcanzar en los próximos años:
La necesidad imperante de establecer políticas claras, ágiles y precisas para la adquisición y regulación de las reservas territoriales y el suelo urbano que deban ser reguladas por el estado, para controlar el precio del mercado cuyo destino sea para uso urbano y habitacional, encausando de esta manera un desarrollo integral de los centros de población.
La planeación es parte fundamental, para llevar a cabo los grandes proyectos de infraestructura y acciones de urbanización, se establecen las bases para guiar y normar el crecimiento de las ciudades, atender las necesidades comunitarias, asegurar el orden urbano territorial, mantener el equilibrio ecológico del territorio estatal, favorecer la coordinación institucional entre los gobiernos y atraer recursos e inversión privada para el desarrollo del estado.

Es necesaria la integración de aspectos urbanos, económicos y ambientales, que faciliten la aplicación de los programas de desarrollo urbano para su cumplimiento por los organismos de la administración pública de los tres órdenes de gobierno. Contar con un marco legal suficiente que sustente la obligatoriedad de sus lineamientos y facilite la gestión en el ámbito local y regional.

Es imperante incluir instrumentos para el ordenamiento territorial, determinando la zonificación de espacios costeros cuyos componentes particularmente son el desarrollo inmobiliario de los litorales y los servicios ligados a la actividad turística, que mantienen una dinámica de crecimiento poco relacionada con el resto de la entidad y las poblaciones locales que constituyen el apoyo de los servicios básicos. En una palabra los ingresos de la actividad turística e inmobiliaria poco se reflejan en la urbanización de las localidades del interior del estado.
La importancia de la actualización, elaboración y sistematización de programas estatales, regionales, sectoriales y municipales de desarrollo urbano, planes y programas de zonas conurbadas y/o metropolitanas e integración de los sistemas de información geográfica para los servicios urbanos básicos en coordinación con los Ayuntamientos.
El estado cuenta con 32 programas de desarrollo urbano que van desde una jerarquía o nivel de planeación estatal hasta niveles parciales o sectoriales en los distintos centros de población, existen localidades y centros de población que no cuentan con estos instrumentos de planeación por lo que es necesario, promover su elaboración, para dar orden y certidumbre en su desarrollo.
Otro sector vital de atención, es la problemática de la vivienda y su desarrollo habitacional, que se refleja en un crecimiento urbano que requiere de una estrategia de orden y planeación oportuna, con criterios de sustentabilidad y de protección al entorno ambiental, que permita inhibir la explotación irracional de los recursos naturales, la deforestación de amplias zonas de vegetación y la acelerada ocupación del suelo ejidal para estos fines.

Esta problemática tiene un factor determinante y es que la gran mayoría de los esquemas de financiamiento para la adquisición de vivienda se encuentran dirigidos a la población con un empleo formal y con prestaciones que la hace sujeto de crédito; pasando por alto la gran demanda de vivienda social para la población de escasos recursos, que se ubica en el marco de la economía informal, con pocas posibilidades de acceso al mercado legalmente establecido de la vivienda, lo que la induce a la compra de ese suelo irregular promoviendo la proliferación de asentamientos no regulares, que traen como consecuencia problemas sociales, segregación urbana, marginación, violencia familiar e inseguridad.

Es importante mencionar, que a pesar del esfuerzo sostenido por los Organismos Nacionales de Vivienda para proveer al estado de financiamientos para la misma, el rezago habitacional prevalece principalmente en los grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad, como una problemática en la que inciden factores diversos, tales como sociales, financieros, falta de las reservas territoriales ya mencionadas, administrativos y técnicos que constituyen una condicionante para la producción habitacional.
La necesidad de implementar una política estatal clara y precisa en materia de vivienda, es fundamental para la eficiente ejecución de programas y la correcta aplicación de los recursos económicos correspondientes, para generar vivienda social, que reúna las condiciones de habitabilidad y pueda cumplir con el precepto de digna y decorosa, y asimismo, propicie una reforma urbana, para hacer de nuestras ciudades espacios funcionales, ordenados y equilibrados, que sean habitables y sustentables, contribuyendo con ello a abatir el crecimiento desmedido que se está dando actualmente en nuestro estado.
Lo anterior hace indispensable que se tomen las medidas y acciones necesarias para diseñar y consolidar los instrumentos, jurídicos y administrativos para hacerlos congruentes y que garanticen una regulación correcta en la aplicación de la normatividad, fortaleciendo de esta manera las facultades de las autoridades, para enfrentar con eficacia los principales retos del desarrollo urbano, la vivienda y los servicios básicos.
En términos generales, las ciudades de Quintana Roo, particularmente en los extremos, al norte y al sur, presentan todavía, pese a su crecimiento, un importante rezago en cuanto a la dotación de servicios y de vivienda, rubros que juntos llevan a la condición de una vida mejor.
Esta administración estatal apenas comienza, pero los funcionarios involucrados en este rubros tienen en los próximos años la no fácil tarea de entregar resultados tangibles, de acuerdo a las necesidades planteadas en este documento.
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