El lucrativo negocio de las demandas contra el Ayuntamiento de Cancún y las “casualidades”
Por:
Expediente Quintana Roo
Publicado:
El presidente municipal de Cancún, Julián
Ricalde Magaña, dijo al inicio de su mandato que las demandas mercantiles en
contra de la Comuna no debían perderse, pero lo cierto es que está pasando todo
lo contrario. En algunos casos, éstas millonarias demandas son claramente
irregulares y pagar por ellas con dinero público es también una afectación
clara al erario de los cancunenses. Un análisis en la línea del tiempo de los
sucesos de algunos de estos casos nos cambia la perspectiva de lo que ocurre y
sólo si Usted los acepta todos como simples “casualidades”, podrá creer que al
interior del Ayuntamiento no hay nada fuera de la ley.
Por: Esmaragdo Camaz
El 11 de Abril 2011, justo un día después
de asumir el cargo de presidente municipal, Julián Ricalde Magaña le dijo a los
reporteros en una rueda de prensa, que los juicios mercantiles en contra de la
Comuna no debían perderse.
Un reportero le preguntó a Julián Ricalde:
¿Tienes conocimiento de
cuántos juicios mercantiles por pagos a proveedores se deben?
“No
tengo el dato, pero es una de las cosas en las que vamos a ser muy vigilantes. Los juicios que se haya qué emprender, tendrá que emprenderse por el
proceso jurídico, no se deben perder,
no se les olvide los plazos, los términos, porque nos ha costado mucho dinero
como sociedad, ni siquiera como gobierno”, le respondió el munícipe.
Sin
embargo y a 10 meses desde ese día, los resultados respecto a este delicado asunto
de los juicios mercantiles en contra de la Comuna son muy distintos a la
respuesta que dio aquel día Ricalde Magaña.
Días
después de esa primera declaración de Julián Ricalde, el 2 de Mayo 2011, el
director jurídico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Rafael del Pozo Dergal,
entregó al munícipe un informe detallado de todos los procesos judiciales en
curso y de las cantidades –muchas de ellas desorbitantes-, que la Comuna
tendría que pagar en el corto plazo.
Ese
mismo día el propio director jurídico advirtió ante medios informativos que era
necesario aplicarse con responsabilidad respecto a estos juicios, dado el
considerable monto de las demandas.
“Tenemos que hacer un ejercicio de mucha responsabilidad
sabiendo los riesgos económicos”, dijo el funcionario.
Si el propio alcalde Julián Ricalde dijo que no debían perderse
los juicios mercantiles contra el Ayuntamiento y su director administrativo lo
secundó diciendo que había que actuar con mucha responsabilidad conociendo los
riesgos económicos, ¿por qué los resultados hasta ahora parecen ir totalmente
en sentido contrario?
Un breve análisis de algunos casos de los
millonarios juicios en contra del Ayuntamiento de Benito Juárez –quizá los más
significativos-, dejan al descubierto una serie de circunstancias que sólo
aceptando meras “coincidencias” se pueden asimilar como simples defensas
legaloides fallidas, pues de otra forma, las cantidades de las ganancias para
los demandantes de estos juicios son tan altas e inexplicables, que sólo dan espacio
para una auditoría a fondo, por decir lo menos.
El Ayuntamiento de Benito Juárez enfrenta
en esta administración de Julián Ricalde Magaña todo un récord en materia de
juicios: 410 en materia
civil, mercantil, fiscal, administrativo y laboral, esto resultado de litigios
que iniciaron en administraciones pasadas y muchos de ellos tienen resolución
en este trienio.
Pero las cifras
globales, fríos números, no dan una idea de lo que está sucediendo en la
administración pública de Benito Juárez. Conocer en cambio algunos casos a
detalle, cambia por completo esta perspectiva.
Aquí algunos
ejemplos:
CASO ABEL DÁVILA GARZA
Este es un
particular (un abogado de profesión) que le hizo un préstamo al Ayuntamiento de
Benito Juárez y por el que Juan Ignacio García Zalvidea, entonces presidente
municipal, le firmó un pagaré. Aquí los números duros:
Monto del Préstamo: 5 millones de pesos.
Fecha del Préstamo: 4 de Noviembre 2003.
Presidente Municipal en funciones: Juan Ignacio García Zalvidea.
Motivo de la denuncia Abel Dávila Garza vs
Ayuntamiento BJ:
Incumplimiento de pago del préstamo, originalmente pagadero a 60 días.
Monto de lo reclamado: 5 MDP más 250 mil pesos mensuales por lo que dure
el juicio.
Primer fecha del resolutivo del Juicio: 2008
Sentencia: El juez falla a favor del Ayuntamiento de BJ y
desconoce el adeudo de 15 millones de pesos que el demandante reclamaba,
resultado de los 5MDP del préstamo más los meses que duró el juicio.
Presidente Municipal en funciones: Francisco Alor Quezada.
Director Jurídico en funciones: José Luis Pineda Díaz.
Recursos del Demandante: Abel Dávila Garza se inconforma con la sentencia y
el juicio continúa en segunda instancia.
Segunda fecha del resolutivo del Juicio: 2009
Sentencia: El juez falla a favor de Abel Dávila Garza y ordena
el embargo precautorio de 115 predios y 6 cuentas bancarias propiedad del
Ayuntamiento de Benito Juárez.
Presidente Municipal en funciones: Gregorio Sánchez Martínez
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Resultado final del litigio: El Ayuntamiento de Benito Juárez paga a Abel Dávila
Garza lo reclamado.
Monto total: 25 millones 250 mil pesos.
Fecha del pago del monto total: Mayo de 2011.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Utilidad para el demandante: 20 millones de pesos, en 8 años.
*El director
jurídico de la comuna, Rafael del Pozo Dergal declaró a medios informativos el
23 de Mayo 2011, que el Ayuntamiento de Benito Juárez ya habían puesto a
disposición del juez, 25 millones 250 mil pesos para el pago de esta deuda.
CASO CLUB DE FÚTBOL PIONEROS DE CANCÚN
El equipo
cancunense de fútbol reclama, a través de su representante legal, José Manuel Ramírez Hernández, que el Ayuntamiento
de Benito Juárez le rescindió de manera unilateral
la operación y administración del estadio Cancún 86.
Monto del Convenio: 1 millón 396 mil 717
pesos con 50 centavos mensuales.
Fecha firma del Convenio: 5 de Mayo 2005.
Fecha terminación del Convenio: 10 de Abril 2008.
Presidente Municipal en funciones: Carlos Canabal Ruiz.
Motivo de la denuncia Pioneros de Cancún vs
Ayuntamiento BJ:
Incumplimiento del Convenio. En Septiembre 2006 el Ayuntamiento de Benito
Juárez desconoce a “Los Pioneros de Cancún” como concesionario operario del
estadio Cancún 86, en oficio que manda a la Rama de la Tercera División”.
Monto de lo reclamado: 30 millones de pesos.
Presidente Municipal en Funciones: Francisco Alor Quezada.
Director Jurídico: José Luis Pineda Díaz.
Desarrollo del Litigio: Una vez terminada la administración de Francisco
Alor Quezada, el juicio siguió su curso.
Presidente Municipal en funciones: Gregorio Sánchez Martínez.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Sentencia: El juez falla a favor de “Pioneros de Cancún”.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Utilidad para el demandante: 30 millones de pesos, en 6 años.
*El Ayuntamiento
debe realizar el pago de esta sentencia a la brevedad y se sabe que éste caso
destaca entre el paquete de demandas que el Ayuntamiento de Benito Juárez
pagará pronto.
CASO SPORT CITY
Esta empresa se
inconforma porque el Ayuntamiento de Benito Juárez le vende un predio que
después resulta ser propiedad de Fonatur y no de la Comuna.
Monto de la transacción: 12 millones de pesos.
Fecha de la transacción: Diciembre 2007.
Presidente Municipal en funciones: Francisco Alor Quezada.
Motivo de la denuncia Sport City vs Ayuntamiento
BJ: Fonatur reclama
el predio en cuestión como suyo. El comprador del lote reclama al Ayuntamiento
de Benito Juárez la suma que pagó por el predio más daños y perjuicios.
Monto de lo reclamado: 15 millones 180 mil pesos, más 3% mensual (455 mil
400 pesos) por lo que dure el juicio.
Fecha de la Demanda: Octubre 2008.
Presidente Municipal en Funciones: Gregorio Sánchez Martínez
Director Jurídico: José Luis Pineda Díaz.
Desarrollo del Litigio: Una vez terminada la administración de Gregorio
Sánchez Martínez, el juicio siguió su curso.
Presidentes Municipales en funciones: Latifa Muza Simón y Jaime Hernández Zaragoza.
Sentencia en Puerta: Se espera inminente fallo a favor de Sport City.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Utilidad para el demandante: Se calculan unos 21 millones de pesos.
*En una
información difundida apenas la semana pasada, el director jurídico de la
Comuna, Rafael del Pozo Dergal, adelantó una lista de sentencias que se
conocerán en próximos días, entre las que se encuentra el caso Sport City.
CASO TRITURADORES BASÁLTICOS (TRIBASA)
Esta empresa
originalmente fue durante 12 años la concesionaria del servicio de recolección
de basura del Ayuntamiento de Benito Juárez, pero en algún momento la Comuna
usó uno de los terrenos de Tribasa para depositar basura y por esa razón, la
compañía denunció penalmente a la Comuna.
Monto de la demanda: 7 millones de pesos más daños y perjuicios.
Fecha de la demanda: Agosto 2007.
Presidente Municipal en funciones: Francisco Alor Quezada.
Motivo de la denuncia Tribasa vs Ayuntamiento BJ:Tribasa señala que el
gobierno municipal depositó en su terreno 20 mil toneladas de basura. Por efecto
de lluvias esa basura genera escurrimientos equivalentes a 1.5 millones de
litros de lixiviados que van al subsuelo pues ese terreno no está preparado
para recibir basura.
Desarrollo del Litigio: Una vez terminada la administración de Francisco
Alor Quezada, el juicio siguió su curso.
Presidentes Municipales en funciones: Gregorio Sánchez Martínez, Latifa Muza Simón y
Jaime Hernández Zaragoza.
Sentencia en Puerta: Se espera inminente fallo a favor de Tribasa, con
un monto global de 18 millones de pesos.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Utilidad para el demandante: Se estiman 18 millones de pesos, en 5 años.
*En una
información difundida apenas la semana pasada, el director jurídico de la
Comuna, Rafael del Pozo Dergal, adelantó una lista de sentencias que se
conocerán en próximos días, entre las que se encuentra el caso Tribasa.
EL COMÚN DENOMINADOR
Todavía hay más
casos similares a estos, pero los 4 expuestos aquí dan una idea de lo que puede
estar sucediendo en la Comuna.
Un común denominador
en estos casos es que los conflictos surgieron, uno con Chacho y otros con
Francisco Alor Quezada, quienes al parecer dieron batalla.
Pero fue con la
“defensa pasiva” del Ayuntamiento durante la administración de Gregorio Sánchez
Martínez, que se generó el avance exitoso de los juicios a favor de los
demandantes.
En parte de ese
período el director jurídico del Ayuntamiento, es decir, el defensor legal de
la Comuna fue Rafael del Pozo Dergal, el mismo que hoy con Julián Ricalde
Magaña está perdiendo éstos juicios.
Es decir que en
10 meses en el cargo y pese a que él mismo recomendó actuar con suma
responsabilidad, Del Pozo Dergal no está logrando salvar a la Comuna de este
quebranto.
No hay que
olvidar que el propio alcalde, Julián Ricalde Magaña, se desempeñó en la
administración de Gregorio Sánchez Martínez también, en el muy importante cargo
de Secretario de Servicios Públicos.
Desde muy
temprano en la administración de Greg, Julián fue perfilado como su delfín para
el cargo que hoy ocupa y desde entonces, tuvo conocimiento de información de
primer nivel, entre ella, de los casos que hoy está perdiendo como alcalde.
También llama la
atención que miembros de la Comuna que trabajaron con Gregorio Sánchez Martínez
en cargos cercanos a los dineros públicos y a éstos juicios mercantiles, hayan
regresado con Julián Ricalde Magaña al servicio público, luego de que
estuvieron fuera del Ayuntamiento durante los interinatos de Latifa Muza Simón
y Jaime Hernández Zaragoza.
En este sentido,
Carlos Trigos Perdomo, el tesorero de Gregorio Sánchez Martínez, hoy prófugo,
fue retirado del cargo por Latifa Muza, pero su equipo de trabajo más cercano,
Leonel Sauri Galué y el propio Rafael del Pozo Dergal, han regresado al
Ayuntamiento de la mano de Julián Ricalde.
Así hoy, Leonel
Sauri Galué designado tesorero por el propio alcalde y Rafael del Pozo Dergal,
también nombrado por el edil, retoman muchos de estos casos que les tocó
manejar desde que estuvieron con Greg.
La pregunta es
¿porqué?
En una abrupta
declaración meses atrás, Julián Ricalde Magaña dijo que daría a conocer los
nombres de los que han saqueado al Ayuntamiento, pero hasta la fecha no ha dado
a conocer la identidad de los defraudadores.
Tampoco existen
denuncias penales que Julián Ricalde haya iniciado contra esos saqueadores y no
queda claro si éstos son los mismos que están ligados a la frustrada defensa
legal que está llevando a la Comuna a pagar millones de pesos por demandas
–algunas de ellas-, irregulares a todas luces.
Sólo hay una
denuncia penal contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez y es la
que el Órgano Superior de Fiscalización del gobierno del Estado levantó en
Noviembre 2011 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra nueve
ex servidores públicos, por supuesta malversación de fondos públicos por el
orden de 89 millones de pesos, entre los que destacan, el ex presidente
municipal, Gregorio Sánchez Martínez y su tesorero, Carlos Trigos Perdomo.
Hasta el día de
hoy, Julián Ricalde Magaña no ha demandando a nadie penalmente y sí en cambio,
está perdiendo demandas que le cuestan a la Comuna millones de pesos, aún
cuando él mismo dijo que las demandas no se debían perder.
Algo está
pasando al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez con esto de las demandas
mercantiles perdidas, pues les está generando muchos millones de pesos de
utilidad a los particulares que las promueven ¿o también al que las pierde?
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