El lucrativo negocio de las demandas contra el Ayuntamiento de Cancún y las “casualidades”


El presidente municipal de Cancún, Julián Ricalde Magaña, dijo al inicio de su mandato que las demandas mercantiles en contra de la Comuna no debían perderse, pero lo cierto es que está pasando todo lo contrario. En algunos casos, éstas millonarias demandas son claramente irregulares y pagar por ellas con dinero público es también una afectación clara al erario de los cancunenses. Un análisis en la línea del tiempo de los sucesos de algunos de estos casos nos cambia la perspectiva de lo que ocurre y sólo si Usted los acepta todos como simples “casualidades”, podrá creer que al interior del Ayuntamiento no hay nada fuera de la ley.

Por: Esmaragdo Camaz

El 11 de Abril 2011, justo un día después de asumir el cargo de presidente municipal, Julián Ricalde Magaña le dijo a los reporteros en una rueda de prensa, que los juicios mercantiles en contra de la Comuna no debían perderse.

Un reportero le preguntó a Julián Ricalde:

¿Tienes conocimiento de cuántos juicios mercantiles por pagos a proveedores se deben?


“No tengo el dato, pero es una de las cosas en las que vamos a ser muy vigilantes. Los juicios que se haya qué emprender, tendrá que emprenderse por el proceso jurídico, no se deben perder, no se les olvide los plazos, los términos, porque nos ha costado mucho dinero como sociedad, ni siquiera como gobierno”, le respondió el munícipe.
Sin embargo y a 10 meses desde ese día, los resultados respecto a este delicado asunto de los juicios mercantiles en contra de la Comuna son muy distintos a la respuesta que dio aquel día Ricalde Magaña.
Días después de esa primera declaración de Julián Ricalde, el 2 de Mayo 2011, el director jurídico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Rafael del Pozo Dergal, entregó al munícipe un informe detallado de todos los procesos judiciales en curso y de las cantidades –muchas de ellas desorbitantes-, que la Comuna tendría que pagar en el corto plazo.

Ese mismo día el propio director jurídico advirtió ante medios informativos que era necesario aplicarse con responsabilidad respecto a estos juicios, dado el considerable monto de las demandas.
“Tenemos que hacer un ejercicio de mucha responsabilidad sabiendo los riesgos económicos”, dijo el funcionario.
Si el propio alcalde Julián Ricalde dijo que no debían perderse los juicios mercantiles contra el Ayuntamiento y su director administrativo lo secundó diciendo que había que actuar con mucha responsabilidad conociendo los riesgos económicos, ¿por qué los resultados hasta ahora parecen ir totalmente en sentido contrario?
Un breve análisis de algunos casos de los millonarios juicios en contra del Ayuntamiento de Benito Juárez –quizá los más significativos-, dejan al descubierto una serie de circunstancias que sólo aceptando meras “coincidencias” se pueden asimilar como simples defensas legaloides fallidas, pues de otra forma, las cantidades de las ganancias para los demandantes de estos juicios son tan altas e inexplicables, que sólo dan espacio para una auditoría a fondo, por decir lo menos.


El Ayuntamiento de Benito Juárez enfrenta en esta administración de Julián Ricalde Magaña todo un récord en materia de juicios: 410 en materia civil, mercantil, fiscal, administrativo y laboral, esto resultado de litigios que iniciaron en administraciones pasadas y muchos de ellos tienen resolución en este trienio.

Pero las cifras globales, fríos números, no dan una idea de lo que está sucediendo en la administración pública de Benito Juárez. Conocer en cambio algunos casos a detalle, cambia por completo esta perspectiva.

Aquí algunos ejemplos:

CASO ABEL DÁVILA GARZA

Este es un particular (un abogado de profesión) que le hizo un préstamo al Ayuntamiento de Benito Juárez y por el que Juan Ignacio García Zalvidea, entonces presidente municipal, le firmó un pagaré. Aquí los números duros:


Monto del Préstamo: 5 millones de pesos.
Fecha del Préstamo: 4 de Noviembre 2003.
Presidente Municipal en funciones: Juan Ignacio García Zalvidea.
Motivo de la denuncia Abel Dávila Garza vs Ayuntamiento BJ: Incumplimiento de pago del préstamo, originalmente pagadero a 60 días.
Monto de lo reclamado: 5 MDP más 250 mil pesos mensuales por lo que dure el juicio.
Primer fecha del resolutivo del Juicio: 2008
Sentencia: El juez falla a favor del Ayuntamiento de BJ y desconoce el adeudo de 15 millones de pesos que el demandante reclamaba, resultado de los 5MDP del préstamo más los meses que duró el juicio.
Presidente Municipal en funciones: Francisco Alor Quezada.
Director Jurídico en funciones: José Luis Pineda Díaz.
Recursos del Demandante: Abel Dávila Garza se inconforma con la sentencia y el juicio continúa en segunda instancia.
Segunda fecha del resolutivo del Juicio: 2009
Sentencia: El juez falla a favor de Abel Dávila Garza y ordena el embargo precautorio de 115 predios y 6 cuentas bancarias propiedad del Ayuntamiento de Benito Juárez.
Presidente Municipal en funciones: Gregorio Sánchez Martínez
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Resultado final del litigio: El Ayuntamiento de Benito Juárez paga a Abel Dávila Garza lo reclamado.
Monto total: 25 millones 250 mil pesos.
Fecha del pago del monto total: Mayo de 2011.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.

Utilidad para el demandante: 20 millones de pesos, en 8 años.

*El director jurídico de la comuna, Rafael del Pozo Dergal declaró a medios informativos el 23 de Mayo 2011, que el Ayuntamiento de Benito Juárez ya habían puesto a disposición del juez, 25 millones 250 mil pesos para el pago de esta deuda.


CASO CLUB DE FÚTBOL PIONEROS DE CANCÚN

El equipo cancunense de fútbol reclama, a través de su representante legal, José Manuel Ramírez Hernández, que el Ayuntamiento de Benito Juárez le rescindió de manera unilateral la operación y administración del estadio Cancún 86.


Monto del Convenio: 1 millón 396 mil 717 pesos con 50 centavos mensuales.
Fecha firma del Convenio: 5 de Mayo 2005.
Fecha terminación del Convenio: 10 de Abril 2008.
Presidente Municipal en funciones: Carlos Canabal Ruiz.
Motivo de la denuncia Pioneros de Cancún vs Ayuntamiento BJ: Incumplimiento del Convenio. En Septiembre 2006 el Ayuntamiento de Benito Juárez desconoce a “Los Pioneros de Cancún” como concesionario operario del estadio Cancún 86, en oficio que manda a la Rama de la Tercera División”.
Monto de lo reclamado: 30 millones de pesos.
Presidente Municipal en Funciones: Francisco Alor Quezada.
Director Jurídico: José Luis Pineda Díaz.
Desarrollo del Litigio: Una vez terminada la administración de Francisco Alor Quezada, el juicio siguió su curso.
Presidente Municipal en funciones: Gregorio Sánchez Martínez.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.
Sentencia: El juez falla a favor de “Pioneros de Cancún”.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.

Utilidad para el demandante: 30 millones de pesos, en 6 años.


*El Ayuntamiento debe realizar el pago de esta sentencia a la brevedad y se sabe que éste caso destaca entre el paquete de demandas que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagará pronto.

CASO SPORT CITY

Esta empresa se inconforma porque el Ayuntamiento de Benito Juárez le vende un predio que después resulta ser propiedad de Fonatur y no de la Comuna.


Monto de la transacción: 12 millones de pesos.
Fecha de la transacción: Diciembre 2007.
Presidente Municipal en funciones: Francisco Alor Quezada.
Motivo de la denuncia Sport City vs Ayuntamiento BJ: Fonatur reclama el predio en cuestión como suyo. El comprador del lote reclama al Ayuntamiento de Benito Juárez la suma que pagó por el predio más daños y perjuicios.
Monto de lo reclamado: 15 millones 180 mil pesos, más 3% mensual (455 mil 400 pesos) por lo que dure el juicio.
Fecha de la Demanda: Octubre 2008.
Presidente Municipal en Funciones: Gregorio Sánchez Martínez
Director Jurídico: José Luis Pineda Díaz.
Desarrollo del Litigio: Una vez terminada la administración de Gregorio Sánchez Martínez, el juicio siguió su curso.
Presidentes Municipales en funciones: Latifa Muza Simón y Jaime Hernández Zaragoza.
Sentencia en Puerta: Se espera inminente fallo a favor de Sport City.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.

Utilidad para el demandante: Se calculan unos 21 millones de pesos.

*En una información difundida apenas la semana pasada, el director jurídico de la Comuna, Rafael del Pozo Dergal, adelantó una lista de sentencias que se conocerán en próximos días, entre las que se encuentra el caso Sport City.


CASO TRITURADORES BASÁLTICOS (TRIBASA)

Esta empresa originalmente fue durante 12 años la concesionaria del servicio de recolección de basura del Ayuntamiento de Benito Juárez, pero en algún momento la Comuna usó uno de los terrenos de Tribasa para depositar basura y por esa razón, la compañía denunció penalmente a la Comuna.


Monto de la demanda: 7 millones de pesos más daños y perjuicios.
Fecha de la demanda: Agosto 2007.
Presidente Municipal en funciones: Francisco Alor Quezada.
Motivo de la denuncia Tribasa vs Ayuntamiento BJ: Tribasa señala que el gobierno municipal depositó en su terreno 20 mil toneladas de basura. Por efecto de lluvias esa basura genera escurrimientos equivalentes a 1.5 millones de litros de lixiviados que van al subsuelo pues ese terreno no está preparado para recibir basura.
Desarrollo del Litigio: Una vez terminada la administración de Francisco Alor Quezada, el juicio siguió su curso.
Presidentes Municipales en funciones: Gregorio Sánchez Martínez, Latifa Muza Simón y Jaime Hernández Zaragoza.
Sentencia en Puerta: Se espera inminente fallo a favor de Tribasa, con un monto global de 18 millones de pesos.
Presidente Municipal en funciones: Julián Ricalde Magaña.
Director Jurídico en funciones: Rafael del Pozo Dergal.

Utilidad para el demandante: Se estiman 18 millones de pesos, en 5 años.


*En una información difundida apenas la semana pasada, el director jurídico de la Comuna, Rafael del Pozo Dergal, adelantó una lista de sentencias que se conocerán en próximos días, entre las que se encuentra el caso Tribasa.

EL COMÚN DENOMINADOR

Todavía hay más casos similares a estos, pero los 4 expuestos aquí dan una idea de lo que puede estar sucediendo en la Comuna.

Un común denominador en estos casos es que los conflictos surgieron, uno con Chacho y otros con Francisco Alor Quezada, quienes al parecer dieron batalla.


Pero fue con la “defensa pasiva” del Ayuntamiento durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez, que se generó el avance exitoso de los juicios a favor de los demandantes.


En parte de ese período el director jurídico del Ayuntamiento, es decir, el defensor legal de la Comuna fue Rafael del Pozo Dergal, el mismo que hoy con Julián Ricalde Magaña está perdiendo éstos juicios.


Es decir que en 10 meses en el cargo y pese a que él mismo recomendó actuar con suma responsabilidad, Del Pozo Dergal no está logrando salvar a la Comuna de este quebranto.

No hay que olvidar que el propio alcalde, Julián Ricalde Magaña, se desempeñó en la administración de Gregorio Sánchez Martínez también, en el muy importante cargo de Secretario de Servicios Públicos.


Desde muy temprano en la administración de Greg, Julián fue perfilado como su delfín para el cargo que hoy ocupa y desde entonces, tuvo conocimiento de información de primer nivel, entre ella, de los casos que hoy está perdiendo como alcalde.

También llama la atención que miembros de la Comuna que trabajaron con Gregorio Sánchez Martínez en cargos cercanos a los dineros públicos y a éstos juicios mercantiles, hayan regresado con Julián Ricalde Magaña al servicio público, luego de que estuvieron fuera del Ayuntamiento durante los interinatos de Latifa Muza Simón y Jaime Hernández Zaragoza.


En este sentido, Carlos Trigos Perdomo, el tesorero de Gregorio Sánchez Martínez, hoy prófugo, fue retirado del cargo por Latifa Muza, pero su equipo de trabajo más cercano, Leonel Sauri Galué y el propio Rafael del Pozo Dergal, han regresado al Ayuntamiento de la mano de Julián Ricalde.

Así hoy, Leonel Sauri Galué designado tesorero por el propio alcalde y Rafael del Pozo Dergal, también nombrado por el edil, retoman muchos de estos casos que les tocó manejar desde que estuvieron con Greg.


La pregunta es ¿porqué?

En una abrupta declaración meses atrás, Julián Ricalde Magaña dijo que daría a conocer los nombres de los que han saqueado al Ayuntamiento, pero hasta la fecha no ha dado a conocer la identidad de los defraudadores.

Tampoco existen denuncias penales que Julián Ricalde haya iniciado contra esos saqueadores y no queda claro si éstos son los mismos que están ligados a la frustrada defensa legal que está llevando a la Comuna a pagar millones de pesos por demandas –algunas de ellas-, irregulares a todas luces.


Sólo hay una denuncia penal contra ex funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez y es la que el Órgano Superior de Fiscalización del gobierno del Estado levantó en Noviembre 2011 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado contra nueve ex servidores públicos, por supuesta malversación de fondos públicos por el orden de 89 millones de pesos, entre los que destacan, el ex presidente municipal, Gregorio Sánchez Martínez y su tesorero, Carlos Trigos Perdomo.

Hasta el día de hoy, Julián Ricalde Magaña no ha demandando a nadie penalmente y sí en cambio, está perdiendo demandas que le cuestan a la Comuna millones de pesos, aún cuando él mismo dijo que las demandas no se debían perder.

Algo está pasando al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez con esto de las demandas mercantiles perdidas, pues les está generando muchos millones de pesos de utilidad a los particulares que las promueven ¿o también al que las pierde?

El público quiere saberlo.
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