Funcionarios de OPB defraudan a decenas de ciudadanos con el programa “Tu Casa”

Chetumal.- Será en las próximas horas cuando la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco por fin determine la sanción que recibirán Nelia Brito y Pedro Cahuich, dos ex funcionarios del Instituto para la Calidad de Vida (INCAVI), que defraudaron a cerca de 60 ciudadanos, pidiendo montos de más de cinco mil pesos para acceder al programa “Tu Casa”, con lo cual serían beneficiados con una vivienda.

La contralora Teresita Quiven Feria, dijo que las denuncias de los afectados y los recibos de pago firmados por la ex coordinadora del programa, Nelia Elena Brito Rosado y el jefe de departamento del área administrativa, Pedro Cahuich, han sido pruebas suficientes del desfalco de 308 mil pesos a las arcas municipales.

“Aproximadamente estuvieron declarando unas 54 personas, aportaron las pruebas pertinentes y ya estamos en etapa de resolución, ya determinamos el monto del daño causado a la hacienda municipal y estamos próximos a resolver, en este mes forzosamente tendríamos que dictar la resolución de estos procedimientos, fue aproximadamente 308 mil pesos el daño causado a la hacienda municipal e implica a dos personas”, detalló.

La responsabilidad mayor recae en la ex coordinadora del programa, Nelia Elena Brito Rosado, por la sustracción de más de 238 mil pesos, mientras que el otro ex funcionario es señalado por 70 mil pesos.

Destacó que de acuerdo a la Ley de responsabilidades de los servidores públicos, una vez que los acusados sean notificados de su sanción, podrán acordar el reintegro de los recursos y con ello disminuir el grado de castigo, de lo contrario se procederá con la inhabilitación.

“Se les va ser la notificación y en dado caso de que alguno quiera pactar para hacer la devolución de los recursos, reconsideraríamos la sanción que se le aplicaría, en el caso de que no estén dispuestos, la sanción es la destitución y la inhabilitación, pero en caso de que quieran devolver el dinero no habría plazo, sería de manera inmediato el reintegro”, aclaró.

Además de este procedimiento interno, la contraloría municipal integra la documentación del caso, toda vez que la dirección jurídica podría presentar una denuncia penal contra los ex servidores públicos municipales por el fraude de 308 millones de pesos.  

“Eso lo está analizando el área jurídica, porque la contraloría su competencia es de acuerdo a la ley de responsabilidades y sancionar a los que establece la ley, ellos verían la cuestión legal, poner la demanda penal y encuadrar el tipo de lesión o daño que causaron  al Ayuntamiento”.