Echan a 65 elementos de la PGJE por abuso de autoridad, alteración de expedientes y corrupción


Chetumal.- En lo que va del año 65 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, entre policías, ministerios públicos, peritos, oficiales secretarios y personal administrativo, han sido dados de baja de la corporación por cometer diversas irregularidades, principalmente por abuso de autoridad, alteración de las investigaciones y corrupción.  


El procurador de Justicia Gaspar Armando García Torres, también confirmó que actualmente más de 100 funcionarios se encuentran dentro de un procedimiento administrativo tras haber sido denunciados por la ciudadanía afectada. Aclaró que estas investigaciones podrían terminar en sanciones e incluso destituciones de malos servidores públicos.

 “Ya hemos procedido a destituciones, incluso hemos procedido también con suspensiones prolongadas, ya dimos de baja de manera directa a un promedio de 65 funcionarios de las diferentes áreas, no vamos a tolerar que ningún acto de esta naturaleza quede impune, tenemos en proceso en integración un promedio de 110 procedimientos administrativos en general pendientes que de ahí pudieran derivar en sanciones y algunos pudieran ser destituidos”.

Explicó que en el caso de los policías judiciales, es por abuso de autoridad, por maltratos, detenciones con excesiva fuerza y también por exigir dinero a los demandantes para hacer diligencias, mientras que en el caso de los Ministerios Públicos, es por la dilación de expedientes.

Las bajas han sido directamente por procedimientos administrativos y por recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derecho Humanos.
Reconoció que estas acciones han empañado la imagen de la Procuraduría General de Justicia y el esfuerzo y trabajo de los buenos y pocos servidores públicos.

García Torres recalcó que debido a las últimas acciones de los  malos elementos incluyendo a los policías judiciales que recientemente fueron detenidos en Belice,  se hará  una evaluación interna de los funcionarios para continuar con la depuración y saneamiento  de la corporación.

“Obviamente estos sucesos reprobables nos colocan en el escenario de hacer una revisión más puntual y para saber cómo van los seguimientos de los procesos de carácter penal y los administrativos que estamos llevando, y ver que culminen con la resolución respectiva y en su caso de ser penal con la consignación a las autoridades judiciales y si es administrativo con la imposición de sanciones”.

Aclaró que el proceso de baja ha sido acreditado bajo una rigurosa investigación con pruebas para que no lleguen a impugnar los funcionarios denunciados, y que por mala integración de los expedientes, los malos servidores públicos sean reincorporados a la corporación.

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