Detectan a funcionarios de Gobierno renuentes a entregar declaración patrimonial; sancionarán a 30

Chetumal.- Poco más de 30 funcionarios del gobierno del estado serán sancionados en los próximos días por haber omitido realizar sus declaraciones patrimoniales del 2011, informó el Secretario de la Contraloría, Gonzalo Herrera Castilla, quien evidenció a la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, donde más omisiones se han registrado.

Explicó que actualmente se encuentran en la depuración y revisión del padrón de los obligados a realizar sus declaraciones para verificar que todavía sean servidores públicos activos.

“Tenemos todavía por allá un pequeño rezago de 30 funcionarios, estamos terminando la depuración del padrón de personas obligadas a la declaración patrimonial, quienes faltan son los de diferentes áreas, normalmente en el área de la Procuradora General de Justicia y tenemos faltantes en la Secretaría de Seguridad Pública”.

Quienes incumplan con la Ley de servidores públicos y se rehúsen a declarar la situación que guarda su patrimonio, serán sancionados por la Contraloría del estado y en caso de que sean reincidentes, serán inhabilitados de manera temporal, por varios días o meses.

“Ya no estamos en tiempo, lo que estamos haciendo nosotros es antes de presentar o emitir la sanción correspondiente, es verificar con el patrón que sigan trabajando, ellos reciben sanciones como las del año pasado en la Procuraduría, donde pusimos sanciones de inhabilitación de 15 a 30 días, pero también hubo uno de tres meses, los que quedan podrían ser reincidentes y serían acreedores a una inhabilitación temporal”.

Explicó que esta obligación es para llevar a cabo el registro y seguimiento del cambio en la situación patrimonial de los Servidores Públicos, así como contar con elementos de juicio sobre la razonable evolución de su patrimonio y vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñamos un cargo en la entidad, puesto que las declaraciones son analizadas por el órgano también para verificar que no exista el enriquecimiento ilícito.