Capacitan a judiciales en QR para torturar sin dejar huellas físicas a víctimas, acusa ombusman Harley Sosa

Chetumal.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha intervenido en 10 casos de tortura en contra de ciudadanos que fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Municipal de Cancún, así lo dio a conocer el ombusman quintanarroense, Harley Sosa Guillen, quien acusó que policías judiciales han sido capacitados para no dejar huellas físicas a sus víctimas luego de someterlos a torturas para sacarles declaraciones forzadas.

El ombudsman en la entidad, Harley Sosa Guillen, detalló que los policías judiciales son quienes principalmente han protagonizado golpizas a los detenidos para obtener declaraciones forzadas, sin embargo lo más sorprendente es que hay elementos que se especializan en actos de tortura para no dejar huellas físicas de las agresiones que les realizan a los detenidos.

Dijo que las autoridades policiales realizan ésta práctica con la finalidad de que los detenidos se declaren culpables o informen sobre el paradero de sus botines, la conformación de grupos delictivos y la forma en que operan, sin embargo, también se han dado casos de chivos expiatorios, que es cuando quieren hacer culpable a una víctima de algo de lo que no es, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador.

“Han sido alrededor de 10 casos de tortura en un lapso de un año, el caso más relevante es el de Héctor Casique, y los demás casos he estado atendiéndolos, pero no se ha podido acreditar porque no dejan lesiones físicas, las personas refieren que recibieron un bolsazo, que los asfixiaron, pero no les dejan ninguna huella física, eso nos ha impedido muchas veces a todas las comisiones de todos los estados y la profesionalización que han tenido la policía judicial para no dejar huellas y eso ha complicado esto, pero en los casos relevantes donde se puedan acreditar exigiéremos una sanción a las personas involucradas, como servidores públicos, y les caiga todo el peso de la ley”.

Adelantó que la próxima semana se dará a conocer un informe del resolutivo del caso de Héctor Casique, ex policía de Cancún, quien denunció haber sido torturado por 30 horas por elementos judiciales del estado.

Según las declaraciones de la víctima, dijo que fue sometido a violencia extrema tras su detención, incluso fue cubierta su cara con una bolsa para ser asfixiado, declararse culpable de unos homicidios, que según afirma no cometió.

“El martes de la próxima semana tendremos noticias de la comisión de los derechos humanos sobre el caso de Héctor Casique, es un caso muy lamentable por parte del las autoridades encargadas de la procuración de justicia del estado y lo vamos a dar a conocer, en México según un alto comisionado de las Naciones Unidas, es que en México siguen prevaleciendo muchos casos de  tortura, pero no hay sanciones, no ha habido ninguna sentencia de servidores públicos que haya cometido actos de tortura, es increíble que nunca se haya sancionado a un servidor público que haya cometido tortura”.

De acuerdo al presidente de Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillen, la mayoría de las victimas denunciaron que recibieron agresiones físicas y psicológicas para que se declaren culpables de algún delito o para obtener alguna información.

De los 10 casos que se registran 9 han sido por elementos de la policía judicial y uno de la policía municipal de Benito Juárez.

Señaló que recientemente se tuvo la visita de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobernación, a Quintana Roo tras la preocupación a nivel federal debido a la crisis en materia de derechos humanos a nivel nacional para buscar acciones contundentes que garanticen se respeten y defiendan las garantías individuales de la población, además para capacitar a los servidores públicos en casos donde estén vinculados funcionarios.

De acuerdo a la ley para prevenir y sancionar los casos de tortura, se contemplan sanciones penales y administrativas en contra de los responsables, además de la reparación de los daños, sin embargo, en ninguno de los casos se ha procedido en contra de los servidores públicos involucrados.