Desarrollo inmobiliario, principal devastador de flora y fauna en Quintana Roo


Chetumal.- Devastación a selva y manglar para desarrollo inmobiliario, maltrato animal, extracción de materiales pétreos, así como brechas y terracerías sin autorización, son los principales delitos ambientales cometidos en Quintana Roo durante el 2015 derivados de 200 inspecciones y sanciones económicas a 40 empresas, informó este martes, el procurador del Medio Ambiente en el estado, Javier Cárdenas Rivero.

Dijo que en el 2015 se acumularon 200 inspecciones para la atención de delitos ambientales entre los que destacan devastación a selva y manglar para desarrollo inmobiliario, maltrato animal, extracción de materiales pétreos, así como brechas y terracerías sin autorización.

Señaló que a la fecha se procedió con sanciones económicas a cerca de 40 empresas y aún existen expedientes abiertos que llevan su proceso legal.

“En el 2015 cerramos en el orden de las 200 inspecciones de las cuales iniciamos procedimientos aproximadamente en el 40 por ciento de las inspecciones y de ese 40 por ciento al iniciar procedimiento sancionamos a un 50 por ciento de estos, es decir que realizamos sanciones en el orden de 50 a 60 expedientes, siguen muchos de esos expedientes en su curso normal”.

Javier Cárdenas Rivero agregó que durante el año 2015 se atendieron 24 denuncias por daños ambientales, en tanto que de los 80 procedimientos administrativos abiertos durante el año sólo un 50 por ciento concluyeron en sanciones. 

“También en todo el año recibimos 24 denuncias de diversos tipos desde construcciones, desarrollo inmobiliarios, banco de materiales, inicio de brechas y caminos de terracerías que requieren autorización para realizarse y en general todas las actividades que nosotros conjuntamente con las autoridades municipales y federales y que dentro de nuestra competencia podamos realizar las realizamos y este año pretendemos llegar a más espacios y más lugares”.

El procurador del Medio Ambiente en Quintana Roo precisó que aún permanecen expedientes abiertos debido a que las empresas a las que se le inició los procedimientos administrativos han tomado acciones legales para evitar ser sancionados.


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