viernes, 14 de octubre de 2016

“Desastrosas” finanzas públicas de Borge: Cuarenta auditorías lo ponen en el banquillo


Chetumal.- Al definir la finanzas públicas de Roberto Borge como “desastrosas” por el desvío de millones de pesos, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael Antonio del Pozo Dergal, dijo que será hasta “las próximas semanas” cuando citen a los primeros ex funcionarios borgistas para que esclarezcan y solventen las irregularidades detectadas en las más de 40 auditorías que se realizan y en el proceso entrega-recepción.    

Consideró que hasta el momento las revisiones han sido alarmantes por los resultados “desastrosos”.

El titular de la dependencia, Rafael Antonio del Pozo Dergal, reveló que hasta el momento se han detectado infinidad de irregularidades, entre ellas algunas graves, como presuntos desvíos de recursos, falta de soporte documental de obras y asignaciones de contratos sin licitación.

Además  se han encontrado bastantes solicitudes de reintegros de miles de millones de pesos por parte de diversas dependencias federales por la mala aplicación de los recursos destinados para Quintana Roo.

“Llevamos 40 o 42 auditorías que estamos practicando a diferentes áreas de la administración, además del proceso de entrega recepción que es independiente al programa de auditorías y que todavía estamos inmersos y que concluirá a mediados de Diciembre, en todas hemos encontrado inconsistencias tanto de forma como de fondo, las observaciones de forma las hacemos constar en las actas de entrega recepción y las de fondo las vamos a plantear en el plazo de 60 días hábiles que nos da la ley para hacer las observaciones”.

El proceso de entrega-recepción de la administración pública concluirá a más tardar en Enero del próximo año debido a la estrategia implementada por el gobierno de Carlos Joaquín González de retrasar algunos nombramientos para aplazar los tiempos con la finalidad de realizar una minuciosa revisión de las cuentas públicas y el estado de las dependencias gubernamentales.   

Al momento se han detectado irregularidades en las que difícilmente podrán solventar los ex funcionarios borgistas, lo que pudiera generar una afectación a la economía del Estado, por lo que se podrían iniciar acciones legales y administrativas en próximos meses, una vez que se tengan pruebas que se puedan sostener ante los tribunales para no crear especulaciones.

Actualmente existe una larga lista de presuntos responsables que podrían ser inhabilitados y enfrentar demandas penales por daño a la administración pública, sin embargo también pueden quedar impunes en caso de solventar las anomalías que sean señaladas.

“La verdad es un profundo desprecio por los asuntos públicos lo que yo puedo observar del manejo que hizo la pasada administración, la Secretaría de la Gestión Pública era un área que funcionaba solamente porque era políticamente incorrecto haberla eliminado de la estructura de la administración, pero que realmente no tenía operatividad alguna, tenemos una relación de probables responsables y es donde estamos trabajando y que se anunciará en su momento”.

Independientemente del proceso de entrega-recepción, la Secretaría de la Gestión Pública  del gobierno de Carlos Joaquín González, mantiene en marcha auditorías a fondo que en próximas fechas concluirán y que serán informadas al mandatario estatal.

Sin dar cifras de cuántos recursos está en riesgo de devolverse a la Federación por la mala aplicación de los recursos y de los montos observados por presuntos desvíos, anticipó que podrían ser varias decenas de millones de pesos.

“Lo que es claro es el desaseo, lo que es claro es que hay muchas solicitudes de reintegros de dinero de la Federación por la mala aplicación de recurso, lo que está claro es que no existe el soporte documental, hay una enorme cantidad de contratos que  se otorgaron de manera directa sin cumplir con las formalidades y los procedimientos”.

Comentó que la instrucción del gobernador, Carlos Joaquín González, es que las irregularidades que se encuentren se comprueben para poder proceder con legalidad para ser objetivos.

El Secretario explicó que se tiene un plazo aún de 30 días para el proceso general de la firma de cada una de las actas correspondientes de dependencias y entidades de la administración, y posteriormente a la firma, hay un periodo de 70 días hábiles para presentar observaciones.

Una vez concluido dicho periodo, iniciará un término de 15 días de comparecencias o aclaraciones de las que podrán derivar auditorías, procedimientos de responsabilidad o en su caso denuncias penales.

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