Luego de tres años en prisión y torturas liberan a cinco inocentes con una simple “disculpa”

Chetumal.- Una “disculpa” fue lo único que recibieron cinco personas que fueron liberadas tras pasar tres años y nueve meses encerrados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal por el delito de homicidio calificado que no cometieron y luego de ser sometidos a brutales torturas propinadas por judiciales del estado.

Lili Marbella Domínguez, una de las víctimas de las injusticias y la corrupción, denunció que en el 2013 fue objeto de torturas, abuso sexual y de la privación de su libertad por agentes judiciales de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Justicia, para que confesara un crimen que no cometió. 

Manifestó que como en muchos otros casos, se comprobó que los elementos judiciales arman expedientes falsos y crean "chivos expiatorios" para simular la justicia.

Tras perder casi cuatro años de su vida encerrada, el pasado viernes 28 de septiembre obtuvo su libertad tras demostrarse su inocencia, sin embargo hoy rompió el silencio e hizo público que fue objeto de tortura y humillaciones graves por parte de agentes judiciales, aunque al igual teme por su vida, por posibles represalias de las que pueda ser objeto.

“Desde el 2013 que me agarraron y perdí todas mis cosas, todo lo que tenía en mi casa me lo robaron por culpa de los elementos de la judicial que entraron y que me golpearon y torturaron, hablamos que fue en 2013 y fueron 4 años que me pase en la cárcel, a mí se me acusó de un homicidio del señor Isidro Canul, que pasó en Diciembre del 2010 cuando yo a ese señor sólo le compré un coche y me mezclaron pero no tenían pruebas la Judicial, el comandante de homicidios, Hugo Pamplona, llega a mi casa como a la una del día con elementos judiciales vestidos de civil y encapuchados, me agarran y empiezan a golpearme para llevarme a la cárcel”.

La mujer relató que junto con su ahora ex pareja, fueron objeto por más de ocho horas de torturas y agresiones sexuales, además de diversas humillaciones para forzarlas a declararse cómplices del homicidio.

Golpes con los puños cerrados y patadas en el estómago, costillas, espalda y en todo el cuerpo fue lo que más soportaron, además de cortarles la libre respiración al cubrirles la cara con bolsas negras. Prácticas principalmente realizadas por el comandante Hugo Pamplona.  

“Me agarran a la una de la tarde y me llevan al ministerio público hasta las 9 de la noche, en el transcurso de esas horas me golpearon, me pusieron bolsas en la cabeza, Hugo Pamplona me pidió sexo oral, me decía machorra y me pegaban con una cosa  al parecer su pene y se reían y me golpeaban en el estómago y las bolsas me ponían de dos o tres y me hincaban y arrastraban, yo me hice del uno y mi pareja se hizo del dos porque no aguantamos los golpes, yo la verdad me desmayé y me levantaron otra vez y me seguían dando y diciendo que yo me declare culpable y cuando ya no pude aguantar les dije que lo que quieran y me dijeron que diga que yo lo maté y me eche la culpa”.

Algunos de los nombres de los agentes judiciales involucrados en estos brutales actos son: Victoria Karen Miranda, Daniel, Hugo González Pamplona, Marina Torres Caballero y otros con los apodos Delfín y Platanito.

De igual manera denunció que hubo la participación de agentes ministeriales quienes falsificaron firmas de supuestos abogados de los inculpados para poder procesar a las seis personas acusadas con mayor facilidad.

“Se violaron mis derechos como ciudadana,  no tuve abogado, ellos falsificaron firma del ministerio público y cuando se llevaron a cabo las diligencias con peritajes se demostró que yo era inocente y que las persona que estaban igual eran inocentes”.

A pesar de que se registraron las marcas de las agresiones ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, sospechosamente las pruebas no fueron presentadas ante los juzgados, aun y cuando con estos elementos pudieron haber quedado en libertad de manera inmediata.

“El señor Hugo Sosa y el doctor Ramos Solís de Derechos Humanos, me vieron golpeada y cuando les dije si lo pusieron en el expediente me dijeron que sí pero cuando se llevó a cabo las diligencias en los juzgados no había ninguna de ellas y el doctor Ramos me dijo que lo quitaron en el juzgado y Hugo Sosa me dijo que así es la Ley, así es la corrupción y no podemos hacer nada en contra de ellos”.

Jazmín del Carmen Artiaga Díaz, fue otra de las víctimas de los agentes judiciales que también fue obligada a firmar la declaración de culpabilidad por medio de golpes y tortura.

Ante ello hizo un llamado al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, pidiendo ayuda para que haya justicia por estos atropellos que han dejado marcado de por vida a cinco personas por el daño físico y psicológico.

“Escucho que dice que habrá injusticias y que no va ver corrupción y por eso le pido que me ayude de corazón porque yo perdí todo y aparte tengo una lesión que la misma judicial me hizo y tengo miedo que estas persona entren a mi casa y que me vuelva a sacar con golpes, veo policías y me da miedo, no puedo salir a la calle por el temor que me vayan hacer daño, esto me afectó psicológicamente, no quiero ni salir de mi casa”.

Declaró que entablará una denuncia para la reparación de daños y para que se le inicie los procesos penales en contra de los agentes judiciales involucrados y quienes resulten responsables para que paguen con cárcel por los delitos de torturas, abuso sexual, privación de libertad y por la corrupción que aún permanece en la Fiscalía General de Justicia.

“Por lo menos que estos señores queden tras las rejas y que se me haga justicia porque no es justo que yo me haya pasado casi cuatro años de mi vida encerrada y siendo inocente termine como chivo expiatorio”.

Dijo que lo más grave es que el presunto asesino sigue suelto sin que las autoridades hayan podido procesarlo.

“Arruinaron mi vida, me dejaron marcada con lesiones físicas a causa de los golpes y me ha afectado psicológicamente”, finalizó.