miércoles, 26 de octubre de 2016

¡Ya apúrate Pancho!: Secretario de Carlos Joaquín aún no termina auditorías contra ex borgistas, se llevaron 31 mil MDP acusa Juan Vergara


Chetumal.- A un mes desde su llegada al cargo, el gobierno “del cambio” aún no interpone denuncias penales contra ex funcionarios borgistas porque las auditorías todavía no están listas, justificó este Miércoles el secretario de gobierno Francisco López Mena. Esto pese a que este mismo día se informó que la deuda pública de Quintana Roo llegaría a 31 mil millones de pesos, según el titular de Finanzas, Juan Vergara.

La deuda estatal alcanzaría 31 mil millones de pesos, así lo anticipó este Miércoles el titular de Finanzas, Juan Vergara, quien reveló que ya existe una lista de compromisos por pagar, aunque no dio a conocer de qué acreedores se trata, en tanto, el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, justificó la falta de denuncias penales en contra de ex funcionarios borgistas con la versión de que “aún no terminan las auditorías”.

El titular de Secretaría de Finanzas y Planeación Juan Vergara Fernández, anticipó que la deuda del gobierno de Quintana Roo podría llegar a los 31 mil millones de pesos al concluir la revisión de todos los estados financieros de la administración estatal.

Actualmente la deuda detectada por la administración de Carlos Joaquín González es de 22 mil 300 millones de pesos, además de que existen compromisos de pago por tres mil millones de pesos adicionales, que en suma alcanzan los 25 mil 300 millones de pesos.

Reconoció que al ser recursos similares al presupuesto del Estado para este año, no permite al gobierno un margen de manejo y por ello que se haya dado un plazo de tres años para estabilizar las finanzas.

El encargado de las finanzas del estado aseguró que cada vez aparecen nuevos compromisos que se suman a los ya detectados que son de más de 25 mil millones de pesos y que los cuales ya están identificados como pagos obligados.

Sobre la calificación crediticia de Quintana Roo, dijo que Fitch Ratings la ratificó como “BB (mex)”, por lo que afirmó que la Perspectiva Crediticia es Estable. En consecuencia, las calificaciones específicas de los financiamientos que integran la deuda directa del Estado.

El secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara, comentó que las cifras a la fecha de hoy son de 25 mil 300 millones de pesos, aunque se trata de una cantidad que no es definitiva debido a que existen otros compromisos que van surgiendo conforme las dependencias del ejecutivo y los organismos se van adentrando en las revisiones de las cuentas.

Por lo tanto la proyección del nuevo gobierno de Carlos Joaquín González, es que la deuda llegue o supere los 31 mil millones de pesos.

EX FUNCIONARIOS

Por su parte el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Francisco López Mena, afirmó que no se encubrirá a ningún ex funcionario que haya incurrido en irregularidades, como desvíos de recursos y otras anomalías.

Subrayó que cada uno de los encargados de las dependencias y organismos descentralizados del gobierno del estado continúan haciendo las auditorías a fondo para poder detectar y sustentar con pruebas las denuncias penales contra quienes resulten responsables de peculado o cualquier daño hecho a la administración pública.

“Están las auditorias todavía en proceso y se están haciendo las cosas bien de acuerdo a las leyes y procesos que aunque a veces duran más tiempo del que uno quisiera, cuando cierren los procesos de las auditorias estaremos en la posibilidad de iniciar las acciones legales en contra de los responsables, no se va a proteger a nadie y no hay acuerdos oscuros, los procesos son transparentes y las irregularidades que se encuentran se están haciéndose públicas y si no se han iniciado las acciones legales es porque no han concluido las auditorias pero sí hemos encontrado muchas irregularidades”.

López Mena insistió que se debe actuar con estricto apego a la ley para evitar que las cuestiones legales pudieran desecharse las demandas que se interpondrán en contra de ex funcionarios que sean señalados de cometer actos de corrupción o de daño al patrimonio estatal.

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