jueves, 3 de noviembre de 2016

Agresión a periodistas en Playa del Carmen: Comunicadores se manifiestan en Palacio Municipal


Playa del Carmen.- Al son de “La Prensa unida jamás será vencida”, periodistas locales se manifestaron este Jueves en la explanada del Palacio Municipal para exigir el inmediato cese a las agresiones que han sido objeto por parte de la Policía, autoridades y eventualmente particulares. Pidieron garantías para realizar su trabajo y enviaron una relatoría de hechos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que también incluyen números de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo.

Aquí la carta a la CNDH:

Solidaridad, Quintana Roo; a 03 de Noviembre de 2016

Moisés Pacheco Forbes
TERCER VISITADOR DE LA CNDH:
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
en Solidaridad
PRESENTE

Manifestamos a través de este medio la exigencia de justicia y el seguimiento de investigaciones a las respectivas denuncias realizadas en la Procuraduría General de la República y a Derechos Humanos por compañeros reporteros del gremio de comunicadores de este municipio por motivo de amenazas, agresiones y hostigamiento que hemos enfrentado el último año (enero 2016-hasta este 3-nov-2016).

Consideramos de vital importancia el respeto a la realización de nuestro trabajo y que queden garantizadas las condiciones para lograr el mismo; condenamos enérgicamente la intimidación, uso de la fuerza física por parte de las autoridades de las tres órdenes de gobierno que impiden, coartan, obstaculizan y entorpecen la realización de nuestra labor.

Ejemplo de esto han sido las agresiones que recibieron algunos de los compañeros, por lo que enlistamos las escenas que han sido documentadas por diferentes medios y ante las dependencias correspondientes. 


El pasado primero de Noviembre, la reportera Jazmín Rodríguez fue agredida con gas lacrimógeno por parte de los elementos de la policía estatal al cubrir una manifestación en Puerto Morelos; al igual, el pasado 22 y 29 de octubre respectivamente, los reporteros Saraí Santillán y Octavio Martínez, así como el fotógrafo Joel Tzab recibieron amenazas por parte de un ciudadano que ordenó cortarles las manos en caso de seguir cubriendo información de su fuente, por lo cual se inició la investigación con número de caso FGE/QR/SOL/10/4547/2016 ante la Fiscalía General del Estado.

Anteriormente, el reportero Edgar Olivares, el día 7 de octubre, fue agredido e involucrado de manera involuntaria; fue golpeado por un elemento de la policía judicial al realizar la cobertura de un hecho policiaco, mismo que borró material fotográfico de su cámara y teléfono celular; a su vez, el mismo día (7 de octubre) el reportero Francisco Romero fue agredido por un elemento de la policía municipal al fotografiar otro hecho policiaco.

Recordando que Quintana Roo es uno de los estados que menor indicio de violencia y privación de libertad a los medios registra, buscamos la manera de que cesen este tipo de casos que atentan en contra de la integridad de los compañeros que ejercen la labor periodística. 

Por tal motivo externamos nuestra exigencia a las autoridades de salvaguardar la seguridad de los reporteros en su trabajo, así como urgimos un análisis del estado actual en que se encuentra la protección y aplicación de las leyes a las personas que intentan vulnerar los trabajos de documentación y comunicación en este y otros municipios con el mismo patrón de incidencia.

Con participación de medios impresos, canales de difusión y medios electrónicos, adjuntamos los nombres y firmas de quienes estamos interesados en una resolución objetiva y eficaz a esta problemática que, además de aquejar al gremio, violenta la garantía individual y atenta contra la vida. 
El llamado se extiende a las autoridades municipales, estatales y federales competentes, así como aquellas asociaciones civiles interesadas en la defensa de la libertad de expresión en México.

Asimismo, condenamos los hechos que ocurren diariamente en este país que han cobrado la vida y/o privado de la libertad a colegas que se encontraban en el campo ejerciendo la labor periodística. 

Consideramos que estos atentan en contra de la libre expresión así como el crecimiento social y cultural de México, pero además contra el derecho a la información que el estado garantiza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al pueblo. 

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