miércoles, 30 de noviembre de 2016

¿Nuevo Fiscal?: El efecto Fabiola cimbra la estructura de Justicia del gobierno joaquinista


Por. Esmaragdo Camaz

No es casual que ayer Eduardo Martínez Arcila pidiera públicamente la renuncia del fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera cuando todavía hace 72 horas él mismo decía en una entrevista publicada en redes sociales que renunciar al abogado del estado sería un acto ilegal si no se tenían razones de peso para removerlo del cargo. El cambio de postura del líder camaral es una respuesta del gobierno de Carlos Joaquín al trabajo de la abogada Fabiola Cortés que ya tiene importantes avances en el caso Roberto Borge y que sin proponérselo está exhibiendo al estado.

Fabiola Cortés le dijo ayer esto al portal SinEmbargo:

“Sería importante que desde el Gobierno del estado llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, sobre todo porque ya llevan 60 días en el cargo y son ellos los que tienen acceso a todas las dependencias, las operaciones que se realizaron, los actos, las acciones, las omisiones. Sí esperaría una actuación más rápida y más contundente de las autoridades locales, definidamente sí”.

Ayer mencioné en este mismo espacio que Fabiola Cortés podría ser por lo menos la fiscal encargada del caso Roberto Borge. Y hoy el gobierno estatal se supone que ya está buscando a un nuevo fiscal general para sustituir a Álvarez Escalera, quien recibió del ex gobernador la ratificación del cargo y una notaría pública de regalo por su parcialidad.

Fabiola Cortes no sólo está exhibiendo al gobierno de Carlos Joaquín, sino que también lo está despojando de los valiosos pretextos que el “Gobierno del Cambio” tiene para no llevar a juicio a Roberto Borge. 

Fuera máscaras.

El gobierno joaquinista tiene datos fehacientes del millonario desfalco y los excesos de Roberto Borge, pero no tiene prueba documental para armar un caso exitoso para llevar al ex mandatario ante la Justicia. 

Entre el 5 de Junio y el 25 de Septiembre, Roberto Borge tuvo cien días para preparar su salida. En ese mismo tiempo Carlos Joaquín se dedicó a un inútil recorrido festejando su triunfo por todas las plazas de los 11 municipios. Y mientras estos personajes hacían lo suyo, Fabiola Cortés se concentró en armar el último tramo de su denuncia que fructificó en una demanda ante la PGR y en un juicio político contra Borge, mismo que no procedió por la omisión de un Congreso a modo.

Como gobernador electo, Carlos Joaquín siempre pretextó que no podía actuar contra Roberto Borge porque aún no asumía el cargo. Sin embargo Fabiola Cortés sí pudo hacerlo aún sin ser una autoridad.

El “Gobierno del Cambio” supone que por presentar una denuncia ante la PGR contra Roberto Borge -como ya lo hizo- es suficiente para cumplirle a los quintanarroenses. Pero no es así. Carlos Joaquín no puede lavarse las manos con esta simpleza luego de que usó el desfalco de su antecesor para pedir el voto a cambio de la promesa de llevarlo ante la Justicia.

Ahora Carlos Joaquín enfrenta el serio problema de cómo cumplirle a los votantes que le dieron el sufragio a cambio de su promesa de hacer pagar a Roberto Borge. Y lo peor es que el gobernador parece estar solo en esta empresa. 

Su encargado de la Función Pública, Rafael del Pozo, un abogado que trabajó para Julián Ricalde, es un experto en perder demandas laborales, pero sin antecedentes sólidos en materia penal, arena jurídica en la se pretende subir al ex mandatario. Y por el lado del fiscal Álvarez Escalera la cosa está peor, pues su distancia con el gobernador Carlos Joaquín es obvia y manifiesta.

El trabajo de la abogada, periodista y activista, Fabiola Cortés, ya removió la inercia en la que se encuentra estancada la administración Carlos Joaquín. ¿Qué sigue ahora?

¿Un nuevo fiscal?

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