domingo, 13 de noviembre de 2016

Prensa-QR: Carlos Joaquín, la criminalización de los medios y su inminente transformación


La relación de los medios y el gobierno tomó un giro completamente inesperado en la novel administración de Carlos Joaquín. Un amplio sector de la industria de los medios y de los propios periodistas no imaginaron un escenario como el que ahora prevalece en el estado y que está forzando a la comunidad informativa a una inminente transformación.

Por: Esmaragdo Camaz

El miércoles 9 de Noviembre en un evento patrocinado por el gobierno de Quintana Roo, la asociación de defensa de periodistas, Artículo 19, esbozó el modelo de medios que el gobierno de Carlos Joaquín pretende imponer durante su sexenio, que apenas inicia.

La pregunta fue directa: ¿Este gobierno debe dar convenios de publicidad a los medios de comunicación? Y esta fue la respuesta de Pablo Maldonado, oficial del programa legal de Artículo 19:

El tema de la publicidad oficial… empezar a destruir ese discurso y a diluirlo de que es un derecho de los medios, son recursos disponibles, pero otra vez, si los medios siguen dependiendo de la publicidad oficial van a desaparecer y más, yo entiendo la situación económica, no es fácil, no es fácil conseguir patrocinadores privados pero creo que vale la pena buscar modelos de negocios, modelos empresariales que garanticen la no dependencia de la publicidad oficial que llega a ser hasta de un 99 por ciento, un 90 por ciento en muchos casos, entonces sí nos parece que ha generado un incentivo perverso la publicidad oficial de manera indiscriminada y justo regularla es un incentivo favorable para que busquen modelos de negocios asequibles para que no todo dependa del gobierno, y otra vez como efecto dominó, es buscar mejores prácticas periodísticas, códigos de ética, etc, etc, todo esto que está relacionado, derechos de las audiencias, réplicas, etc, etc.

Este discurso es lapidario para la industria de los medios de comunicación establecida en Quintana Roo. Y la posibilidad de que la actual política de medios del gobierno de Carlos Joaquín genere la desaparición de varios medios locales por la vía de la negación de la publicidad oficial es real.

El discurso del enviado de Artículo 19: “Si los medios siguen dependiendo de la publicidad oficial van a desaparecer”, es una clara forma de avalar, de legitimar, el propósito del actual gobierno de Quintana Roo y preparar el terreno para lo que viene.

Esta obsesión de Carlos Joaquín contra los medios de comunicación de Quintana Roo surge a partir de una serie de agravios que en el pasado reciente le propinaron diversos periódicos, columnistas y comunicadores, incluso algunos de ellos desde el propio sistema informativo gubernamental. Esta una historia –me parece- ya muy conocida por el público e innecesaria volver a detallar ahora.

No es difícil imaginar el exterminio de algunos medios en este nuevo escenario. No hay que ser genio para saber –como dice Artículo 19-, que la mayor parte de los ingresos de los medios establecidos en Quintana Roo proceden de la publicidad oficial. Si el gobierno elimina este gasto no será el fin de industria, pero sí al menos de algunos periódicos que están en la primera línea de la revancha de Carlos Joaquín, pues por sus altos costos de producción en papel y sus abultadas nóminas, difícilmente podrán sobrevivir junto con sus cientos de empleados.

Como ya lo informé en un artículo anterior, el gobernador está decidido a no otorgar convenios de publicidad. No es una influencia de los poblanos, no son sus asesores. Esta es una decisión personal del mandatario. Hasta la fecha nadie del gobierno estatal ha desmentido este dato. Y en este nuevo escenario, la sobrevivencia de los periódicos y de algunos otros medios impresos es muy incierta.


Hay otro factor que tampoco abona a favor de los medios quintanarroenses. Carlos Joaquín tiene el registro de que no necesitó de la prensa para su triunfo electoral. Y tiene razón. El entonces candidato penetró en el ánimo del público victimizado por un sector de los medios de comunicación controlado por el ex gobernador Roberto Borge y de esa forma alcanzó la gubernatura. Es una paradoja que estos excesos de la prensa local en contra del candidato opositor hayan obrado en su momento a favor del hoy mandatario estatal. Es obvio que como candidato, a Carlos Joaquín le convino más ser victima que victimario y por eso nunca procedió legalmente en contra de aquellos medios de quien se sintió difamado, aún cuando –como todo agraviado- siempre tuvo las herramientas jurídicas para hacerlo.

Carlos Joaquín también presupone que con el Twitter, el Facebook, troles y boots, tiene los medios suficientes para comunicar sus acciones de gobierno. No es ajeno al poder de las redes sociales y parte del premisa lógica de que si ganó con ellas antes, ahora podrá seguir gobernando con estas mismas plataformas.

Pero en este nuevo escenario para la prensa quintanarroense, los medios y los periodistas también están migrando a Twitter y Facebook, es decir, se están colocando en la misma arena en la que Carlos Joaquín piensa continuar dando batalla. Las redes sociales tienen el mínimo costo y las noticias difundidas a través de estas plataformas literalmente estallan en las manos del público. La batalla ahora se juega en el teléfono celular.

Cualquier profesional de la comunicación masiva sabe que el público se deleita, disfruta, bebe, devora –literalmente-, toda aquella información que exhibe a los políticos, a los funcionarios de gobierno y sobre todo a los gobernantes. No importa de quién se trate, esta es una regla que no falla y ahora en las redes sociales esto se multiplica y se sobredimensiona como nunca antes. Sólo se necesita un gobernador que de la nota para que se produzca este efecto. Y Carlos Joaquín ya demostró ser un buen productor en este sentido. No es lo mismo ser candidato opositor que gobernante desinflado.

La intención deliberada de ahorcar a los medios de Quintana Roo con la suspensión de la publicidad oficial no acabará con el periodismo. En esta nueva circunstancia, los medios y los periodistas de Quintana Roo están trabajando con mayor libertar usando las redes sociales. Esto se va a multiplicar de forma exponencial y en poco tiempo veremos –literalmente- un ejército de experimentados periodistas que enriquecerán los muros de Twitter y Facebook con excelente literatura, revelaciones e información documental.

Ya existen casos de compañeros de larga trayectoria profesional que aportan contenido informativo de calidad y en ocasiones incluso en versiones multimedia, alimentando la voracidad de un público que siempre está actualizando sus muros para consumir más y más información.

Con o sin el apoyo del gobierno de Carlos Joaquín, los medios y los periodistas quintanarroenses continuará haciendo su trabajo. Un destacado colega establecido en Chetumal me dijo hace unos días en torno a su propio medio: “Trabajaré con los que quieran hacerlo, por suerte existen muchas opciones y quizá así hasta tengamos más libertad para trabajar”.

Pero en la política de medios del gobierno de Carlos Joaquín todavía hay algo mucho peor que la resistencia de otorgar publicidad oficial a los medios quintanarroenses. 

La criminalización de los medios.

El enviado de Artículo 19 expresó: ”Nos parece que ha generado un incentivo perverso la publicidad oficial de manera indiscriminada”. ¿Perverso? ¿Es que acaso la venta de la publicidad ahora es un ilícito? –me pregunto. En este nuevo gobierno de Carlos Joaquín parece que sí, a juzgar por lo que está sucediendo y que ya se diseminó en el ambiente del periodismo local.


Pocos días después de su llegada al cargo, los troles y personajes afines a Carlos Joaquín han desplegado en las redes sociales convenios de publicidad signados por medios de comunicación y periodistas con el gobierno estatal saliente y con algunos municipios también, dándole a estas revelaciones un sentido criminal.

Como ya es de todos conocido, la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun, fue más allá y personalmente presentó en rueda de prensa una lista de convenios de publicidad vigentes durante la administración del ex presidente Fredy Marrufo. La alcaldesa también le dio a esta exhibición un sentido criminal.


En todos los casos la exhibición de estos contratos de publicidad se aderezan con insultos y frases de odio que llaman al linchamiento popular en agravio de los periodistas. A los convenios de publicidad se les acompaña con citas de la pobreza en la zona maya, o la falta de servicios públicos y sociales en los municipios y/o en general con la pobreza, las carencias y la desigualdad que priva en el territorio estatal. Esto es una clara manipulación del estado en detrimento de la imagen de la clase periodística y en consecuencia también es un atentado a la libertad de expresión. El estado también promueve una corriente de opinión para indilgar a los medios y a los periodistas la responsabilidad del quebranto financiero del estado. 

No sobra decir que los contratos de publicidad exhibidos públicamente con fines de descrédito son legales. Las cantidades ahí señaladas están facturadas por personas físicas o morales –entiéndase empresas- y para su pago cada medio entregó al cliente el respaldo correspondiente con el que acredita la publicación contratada. 

En cuanto a los montos de los contratos por publicidad, el público debe saber que en materia de precios por este tipo de servicios no existe una regulación y están sujetos básicamente a la oferta y la demanda. En todos los medios convencionales, impresos, radio y televisión, el costo de la publicidad gubernamental es mayor a la comercial. Así ha sido siempre, al menos desde que yo ejerzo, de eso hace 35 años.

Otro factor relacionado al costo de la publicidad es el nivel de la audiencia que cada medio posee. Quizá parezca una ociosidad mencionarlo, pero los medios de comunicación –a diferencia de lo que muchos creen-, no venden espacios, lo que venden es al público, o sea, al lector, al radio escucha, al televidente, al cibernauta. Es decir que –por ejemplo-, “yo te vendo 10 mil lectores diarios por un precio X dentro de una parte de mi medio delimitada en tal o cual medida o en tal o cual tiempo de transmisión”, según sea el caso.

Todos los medios que venden publicidad entregan a sus clientes un reporte detallado de los horarios y/o espacios en los que sus anuncios han sido transmitidos o publicados en cualquiera de los formatos antes descritos. De esa forma el medio en cuestión cumple cabalmente con el servicio que presta a sus clientes, sin importar si éstos son el gobierno o una empresa privada.

Respecto al contenido de la publicidad oficial, el público debe saber que el cliente es quien decide qué publicar en el espacio contratado y en el caso del gobierno no es la excepción.

El público -la mayor parte de la veces alentado por políticos desfavorecidos-, se deleita haciendo escarnio de nosotros los comunicadores acusándonos de periodistas “chayoteros” cuando ven medios atiborrados de boletines oficiales que hablan de las bondades y las “maravillas” que el gobernador dice hacer y que a la vista del lector, del radioescucha, del televidente o del cibernauta, no son más que puras mentiras del mandatario. 

Esos boletines oficiales son la prueba de que el medio contratado está cumpliendo a cabalidad con los espacios que el gobierno contrató para difundir su obra de gobierno. Y esto no es motivo de vergüenza ni mucho menos. Tampoco es un hecho ilícito como quiere el estado ahora hacerle creer al público.

Y si a ilícitos vamos, nunca que yo recuerde un trol o un personaje afín a Carlos Joaquín ha explicado públicamente que los contenidos de los boletines del mandatario sí son ilegales. El público debe saber que la Constitución Mexicana prevé que la publicidad oficial deberá abstenerse de promover la imagen del gobernante en turno. 

El penúltimo párrafo del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Y el Artículo remata con otra advertencia:

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

No sobra destacar que en los boletines del actual gobierno estatal lo primero que brilla es el nombre y las imágenes de Caros Joaquín. No exagero al decir que en los eventos públicos el gobernador posa constantemente a petición de su fotógrafo personal que se empeña en retratarlo a cada paso en la búsqueda de su mejor ángulo. Puedo dar testimonio de eso. Aunque a la vez hago mi más sentido reconocimiento al compañero periodista-gráfico que cumple a cabalidad, profesionalismo y con excelentes resultados, el honesto trabajo para el que ha sido contratado.

Como comunicadores también debemos reconocer que en esta relación de los medios y su principal cliente el gobierno, lo deseable y lo correcto es que los periodistas puedan publicar siempre una nota crítica junto a un boletín oficial a fin de balancear la información como debería ser. Pero en el México real las cosas son así.

¿Quién que haya sido reportero –me cuento entre ellos-, podrá desmentir la decepción que nos produce una mañana en la que con asombro vemos que nuestro medio no nos publicó una nota de impacto que creímos sería la noticia principal de ese día, no sólo de nuestro periódico, radio o televisión, sino incluso la más destacada de toda la prensa? Y peor es el trauma cuando es tu primera vez.

En alguna ocasión me quejé con mi jefe de información por qué el periódico no me había publicado varias notas en una misma semana. Entonces el director del diario me mandó a llamar a su oficina y me cuestionó: ¿No te pagaron la quincena? ¿Se te debe algo? ¿Entonces? Ese día me quedó claro cómo eran la cosas.

Y esta situación no ha cambiado en el país, tampoco en Quintana Roo. El gobierno otorga un contrato de publicidad y el medio contratado termina aprendiendo a medio navegar entre dos aguas tratando de mantener el equilibrio entre lo ético y lo económico que le permita pagar la nómina, los costos de producción y sobre todo mantener la supervivencia del medio. Una tarea nada fácil.  

Debo agregar que ahora en éste nuevo “gobierno del cambio” también están sucediendo cambios en la línea editorial de medios a fines a Carlos Joaquín. Quienes antes fueron una prensa aguerrida, muy combativa, ahora son reconocidos entre el público como medios oficialistas. En lo personal esto último no me es motivo de crítica sino por el contrario, entiendo lo que estos compañeros están viviendo en estos momentos.

Me parece que sólo un estadista le permitiría a la prensa de su estado publicar una nota crítica junto a su boletín oficial sin que esto trajera represalias de ningún tipo al medio contratado y/o al periodista en cuestión. Pero hasta ahora Quintana Roo no ha tenido un gobernante así. O como me dicen mis colegas cuando hablamos de estos temas, “sigue soñando”.

El público también debe saber que las represalias del gobierno contra los periodistas y los medios que publican información crítica van mucho más allá del retiro de la publicidad gubernamental. En otros casos hay agresiones físicas, como ha sucedido hace poco en Playa del Carmen. Amenazas veladas, acoso de policías como lo comentaré más a detalle líneas abajo y otras acciones que redondean lo que conocemos como atentados a la libertad de expresión, por decir lo menos.

En conclusión y respecto a los convenios de publicidad con el gobierno, es justa y necesaria la revisión de los mismos y que su aplicación sea con los criterios adecuados a fin de evitar excesos e ilegalidades en caso de haberlas. Que se transparenten dichos contratos para que el público en su justo derecho tenga conocimiento del uso del dinero público y que éstos contratos publicitarios no sean usados por el gobierno para controlar a los medios o a los periodistas en ningún sentido. 

Por otra parte el público también debe saber que los periodistas todos somos susceptibles de que se nos aplique la ley cuando cometemos un delito aún en el ejercicio de nuestra profesión. La Fiscalía de Protección a Periodistas nos defiende pero también la Justicia nos reclama si incurrimos en un ilícito. Hay casos de periodistas en México y en Quintana Roo que han sido demandados por la vía civil o penal, según el delito cometido. Puedo afirmar que no conozco a un comunicador que se oponga a que existan leyes que nos castiguen en caso de cometer un ilícito.

Otra de las duras críticas del público contra los periodistas es lo que consideran el grosero enriquecimiento de algunos colegas que en efecto han amasado grandes fortunas. Sobre este particular la gente debe saber que esto no es una generalidad. Lo cierto es que éstos casos son la minoría, pese al legítimo y frustrado deseo de muchos compañeros de poder tener una vida económicamente más desahogada con el fruto de su trabajo. Por otra parte, también es justo decir que algunos colegas han resultado económicamente exitosos producto del honesto y tenaz trabajo que desempeñan y esto no debe ser motivo para satanizarlos.

Artículo 19, ¿Defensa a Periodistas?

En otra parte de su exposición el Miércoles pasado, el enviado de Artículo 19, Pablo Maldonado, citó a iniciativa propia, el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Explicó que en algún momento este mandatario exhibió los convenios de publicidad de un periodista local al que públicamente insultó llamándolo chayotero, corrupto, pseudo-periodista, chantajista, etc., hechos que le sirvieron al expositor de Artículo 19 para ejemplificar –dicho en sus propias palabras-, la criminalización de la publicidad oficial.


Esta cita del caso Corral me pareció la oportunidad ideal para hacerle ver al enviado de Artículo 19 que en Cozumel había sucedido prácticamente lo mismo con la presidenta municipal Perla Tun. Me manifesté en contra del agravio a los periodistas cozumeleños y expuse que en tal caso si había delito qué perseguir, se procediera en contra de los culpables, pero que no se exhibiera a los compañeros con tintes criminales como lo está haciendo la alcaldesa. También le informé que a los periodistas quintanarroenses se les ha estigmatizado públicamente en redes sociales con el mote peyorativo de “Las Putas de Borge” en detrimento y clara agresión al desempeño de su trabajo.

Para mi sorpresa, la respuesta del “defensor de periodistas” fue –primero-, esquiva:

El tema de la exhibición de periodistas por parte del estado ha sido materia de otros conflictos en otros países incluido Venezuela… ahí estamos hablando de casos extremos…

Después de esta introducción como que quiso defender al gremio:

Hay que diferenciar mediante una respuesta a un infundio, a una calumnia, que yo creo que es válida de los mecanismos institucionales a lo que acaba de hacer por ejemplo el ejemplo que puse de Javier Corral, es un mal periodista, ojo con los calificativos, desde el estado no va, lo que va es el debate, la información que se está difundiendo sobre el sistema en sí precisa por tal, tal, no? Pero lo primero que se hace es el estigma o el recurso legal, entonces ahí es donde no hay ejercicio de contraste, ahí es donde no hay pluralidad informativa y no se da pie. A mi me parece que hay otros mecanismos y el tema de la exhibición como tal cuando sí es una exhibición de periodistas, ese es un mal periodista, a mi me parece que es sumamente grave y no abonan, solamente generan más tensión, más polarización.

Pero en el siguiente párrafo el enviado de Artículo 19 concluyó el tema sin ofrecer ningún tipo de apoyo o respaldo a los compañeros cozumeleños que ahora mismo están viviendo el vituperio y la estigmatización pública propinada por la alcaldesa Perla Tun:


Si hay alguna persona dentro del ámbito periodístico que se prestó a corrupción, que se prestó a cohecho ¿no? Que se prestó a una serie de ¿no? Donde hay implicado un funcionario pues que se realice la investigación correspondiente, ese es en otro ámbito las responsabilidades que se puedan dar por corrupción, si fueron coautores, si fueron cómplices de corrupción, ahí sí es otro boleto, el tema de los dineros ¿no? que ha estado muy presente en el foro, a mi me parece que ahí es otro nivel y si hay que responsabilizar tanto a funcionarios como a quien estuvo de acuerdo en recibir todos esos recursos en su beneficio, eso a mi parece fundamental, es uno de nuestros pilares de nuestro sistema nacional anti corrupción actual, no es un sistema que solamente genera responsabilidades en torno al gobierno y a los funcionarios públicos, que sí son los principales responsables, pero recuerden que hay temas en donde también ya hay responsabilidad de particulares, o sea a mi me parece que debería haber responsabilidades en ese sentido.

Llama la atención que el Miércoles 9 a los directivos de Artículo 19 no les interesó la agresión a los periodistas cozumeleños exhibidos y criminalizados por a la alcaldesa Perla Tun por convenios publicitarios del pasado reciente. Pero en cambio dos días después esta misma organización de defensa de periodistas emitió en su sitio de Internet una alerta bajo este título: “Alcalde de Guanajuato criminaliza a medio local por cobertura crítica”. La alerta es en contra del alcalde de Cortazar, Guanajuato, Hugo Estefanía Monroy, quien exhibió y acusó públicamente de extorsionador a un periodista local. 


Artículo 19 es hoy una organización diferente a la que yo conocí en 2011. En ese entonces el gobierno de Roberto Borge me puso en la puerta de mi casa a la Judicial para amedrentarme por ejercer un periodismo crítico. Interpuse una denuncia ante la PGR por esos hechos y luego algunos presidentes municipales que habían contratado publicidad en Expediente Quintana Roo, me hicieron saber que por órdenes del entonces gobernador debían retirarme los convenios so pena de “chingárselos”, hechos por cierto que fueron del conocimiento del entonces diputado federal Carlos Joaquín, quien en algún momento me hizo una llamada telefónica solidaria.

En ese contexto, Articulo 19 me prestó asesoría jurídica. Una abogada se tomó la molestia de venir a Cancún para escucharme y hacerme sentir que yo no estaba solo. En esa reunión –a la que asistí con mi esposa-, la litigante defensora de los periodistas nos fortaleció y nos hizo saber que era nuestro derecho como periodistas acceder a la publicidad oficial y comercial y que no debía haber impedimento para ello. 

Es por ello que en un artículo anterior mencioné con pleno conocimiento de causa que esta organización Artículo 19, avalaba como un derecho de los periodistas, la comercialización de nuestros espacios publicitarios ante el gobierno o con la iniciativa privada por igual.

Y ese es el otro punto que me extrañó de sobremanera el Miércoles pasado en la exposición de Pablo Maldonado. El enviado de Artículo 19 se presentó con un discurso totalmente opuesto al que esa misma organización me informó apenas cinco años atrás. Dijo esto:

“El tema de la publicidad oficial… empezar a destruir ese discurso y a diluirlo de que es un derecho de los medios, son recursos disponibles”. No sobra mencionar que esta nueva postura fue repetitiva durante las dos horas del foro y que una línea de texto en este sentido está incluida en el documento que fue distribuido entre los presentes, mismo que está publicado en el sitio de Artículo 19.

En lo personal y habiendo vivido una experiencia previa en el tema de la agresión a los periodistas y contrario a lo que hoy dice Artículo 19, considero que el acceso a la publicidad gubernamental así como a la comercial, sigue siendo un derecho que nos asiste como periodistas, pues ésta es una actividad lícita, entendiendo que a los gobiernos de los tres niveles así como a la iniciativa privada les asiste el derecho de contratar con absoluta libertad espacios publicitarios con los medios que consideren que más les convengan. Aunque en el caso específico del gobierno –siendo este un ente público-, debería asignar los contratos de publicidad en base a criterios alejados de algún tipo de discriminación y de forma transparente.

El lector puede consultar si lo desea la alerta que Artículo 19 emitió en 2011 sobre el caso Expediente Quintana Roo en cualquiera de estas ligas: http://articulo19.org/mexico-ataque-cibernetico-en-contra-de-tres-medios-digitales-de-quintana-roo/ y/o http://www.expedientequintanaroo.com/p/mexico-ataque-cibernetico-en-contra-de.html

El Miércoles pasado, Artículo 19 se ajustó a una agenda previamente armada que denominó “Pendientes sobre libertad de expresión y derecho a la información en Quintana Roo”. Desde el inicio de su exposición, Pablo Maldonado centró su discurso en lo que dijo ser los casos Luces del Siglo y Pedro Canché, para los que pidió resarcir los daños por las agresiones de las que fueron objeto durante el gobierno anterior. Una petición -me parece- muy justa para quienes fueron agraviados en el pasado reciente.

A lo largo del evento el enviado de Artículo 19 insistió reiteradamente y citó en múltiples ocasiones como un ejemplo el caso del comunicador encarcelado en el pasado reciente en Felipe Carrillo Puerto. Da la impresión de que en la visión del gobierno de Carlos Joaquín, Pedro Canché es el prototipo del periodista quintanarroense.

La exposición de Maldonado también fue insistente en el tema de los excesos de Roberto Borge contra la prensa quintanarroense, pero nunca hizo mención de los casos de agresión a periodistas y ataques a la libertad de expresión registrados ya en este nuevo gobierno de Carlos Joaquín.

Y de estos casos hay varios. El 7 de Noviembre un grupo de periodistas de Playa del Carmen se manifestó por agresiones físicas y verbales en contra de autoridades y de algunos particulares, dejando constancia en una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El 11 de Noviembre la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una medida cautelar en contra de la alcaldesa de Cozumel Perla Tun, por el acoso, insultos y obstrucción a la libertad de expresión en contra los periodistas locales, caso que ya he citado antes en este mismo texto. En las redes sociales colegas como Javier Chávez, Gonzalo Hermosillo e Isabel Arvide, han sido agredidos por personajes ligados a Carlos Joaquín. Arvide twiteó haciendo responsable al gobernador de éstos ataques, lo llamó cobarde y lo responsabilizó de lo que a ella o a su familia pudiera pasarle.

En el pasado reciente el Diario Respuesta fue conocido y señalado por la forma en que exhibió e insultó en reiteradas ocasiones a Norma Madero, directora de Luces del Siglo. Ahora Pedro Canché hace algo similar con otros periodistas.

En la agenda de los “pendientes” de Artículo 19 fueron excluidos periodistas que durante el gobierno anterior Roberto Borge persiguió duramente. Y cualquiera que se precie de conocer el medio periodístico local –ya sea gobernante o periodista-, sabe que Sergio Caballero y Hugo Martoccia son referentes y no citarlos en esta categoría de agraviados es en sí mismo un agravio. Como corresponsales en ese entonces de los diarios Reforma y La Jornada –respectivamente-, Caballero y Martoccia fueron objeto de agresiones, los bloquearon en su desempeño profesional, fueron despojados de sus empleos y finalmente fueron perseguidos. 

Pero ésta última intervención de Artículo 19 en Quintana Roo para validar el proyecto de política de medios de Carlos Joaquín es apenas una parte de un conjunto de acciones para crear las condiciones que darán paso a reformas de Ley en la materia.

Adrián Chicatto Alonzo, subsecretario de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo y representante de la Secretaría de Gobernación para la instalación del mecanismo de defensa para periodistas y defensores de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo, estuvo presente durante el foro de Artículo 19 el Miércoles pasado.


En una entrevista por separado colgada en una página de Facebook denominada como “El Sentir Ciudadano”, el funcionario desvela que el gobierno de Carlos Joaquín está “checando” las leyes relacionadas con la protección a periodistas y derechos humanos por diversas inconsistencias encontradas. Detalló:

Checar la ley por inconsistencias a mediados de Diciembre una comisión si el tiempo alcanza, capacitación de funcionarios en derechos humanos, instalación de meses de trabajo en diferentes municipios de estado para que puedan participar la sociedad civil, los mismos periodistas, derechos humanos, secretaría de estado que estén involucradas con atención que toque todo lo que tenga que ver con ciudadanía, por ejemplo el Instituto Nacional de Migración que tenemos que ver con migrantes, la de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Función Púbica, entre otras instancias de gobierno estatal, municipal y federal, todas esas instancias estarán involucradas en el mecanismo de defensa a los derechos humanos, a los derechos de los periodistas, a los derechos de los niños, a los derechos de migrantes y a todo lo que tenga relación con derechos humanos.

Se desconocen por ahora cuáles serán los alcances de estas reformas de Ley y cómo impactarán la política de medios del actual gobierno de Carlos Joaquín, pues hasta ahora no ha sido emitida información oficial al respecto.

Llama la atención un twit que la vocera de Carlos Joaquín, Aidé Serrano, difundió el Sábado. Es una columna de Juan Villoro publicada en el diario Reforma con el título de “El optimismo de la desesperación”, misma que inicia con esta línea de texto: “Una lección del triunfo de Donald Trump: la nula importancia de los medios”. Dicha alusión fue considerada entre periodistas quintanarroenses como una clara postura que refuerza la visión del gobierno joaquinista de que los medios no le sirven.


Esta visión de que los medios no le sirven a Carlos Joaquín al parecer aplica hasta con los propios medios del gobierno, aglutinados en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, donde la barredora ha sido pareja, o casi pareja. En el caso de la Televisión estatal no hay mucho qué decir. El canal tiene casi audiencia 0 y su recuperación es en verdad muy difícil. En lo personal, pues no soy representante de nada y sólo puedo hablar por mi, desearía que este medio, en el cual trabajé alguna vez, pueda alcanzar el esplendor que alguna vez tuvo décadas atrás.

En cuanto a la radio estatal y a fuerza de ser sincero, el público debe saber que en la mayoría de los casos, las emisoras del SQCS se mantuvieron por muchos años en los primeros sitios del ranking radial de Quintana Roo con un estilo de radio hablada con programas de noticias, entrevistas, comentarios, temas diversos, cultura, espectáculos, entretenimiento, debate, mujeres y espacios de música -algunos de ellos con comentaristas expertos-, que enriquecían con su diversidad las emisiones. Es justo reconocer también que en este formato hubieron informadores y periodistas que usufructuaron para sus propios intereses con una señal pública y que también siempre le fue regateado el espacio a las voces discordantes con el gobierno en turno. 


Pero hoy las radiodifusoras del gobierno estatal dieron un giro y ya no serán radio hablada. Javier Vite, director de radio del SQCS, me comentó que la programación será básicamente musical. “Ya sabes que a la gente no le gusta lo hablado”. Este cambio ya echó a la calle a varios compañeros que cargan con el estigma de haber trabajado en el SQCS durante el gobierno de Roberto Borge. El caso más reciente es el de Oscar González y su programa dominical “Moliendo Café”, que fue sacado del aire hoy mismo sin previo aviso “Y ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme”, expresó el propio periodista.

Este cambio en la radio estatal de quitarle los espacios hablados cancela la posibilidad de la diversidad y difusión de las ideas, el debate, la cultura, así como las fuentes de empleo para una importante parte del gremio periodístico. Unos cuantos sobreviven aún en los formatos hablados en la radio estatal y no se tienen certeza de qué pasará con ellos en el corto plazo. Estos cambios deberán causar también algún tipo de impacto en materia de audiencia y sus resultados se dejarán sentir al paso del tiempo. Da la impresión de que el objetivo es simplemente callar la radio estatal y exterminar todo lo que suene al pasado reciente relacionado con Roberto Borge.

No exagero y puedo dar testimonio de que en el SQCS hay altos funcionarios que cuestionan a cada comunicador aspirante sobre qué rol jugó durante la campaña de Carlos Joaquín y su respuesta es decisiva para ser aceptado o rechazado como parte de los nuevos equipos de trabajo.

En un plano reflexivo debo decir también que entre los comunicadores “de casa”, destacan casos de periodistas que en el pasado fueron aguerridos reporteros en medios de comunicación privados, mismos que hoy trabajan en la estructura gubernamental de Comunicación Social con la “inquietud” por saber a dónde va a llevar toda esta situación de confrontación que es inédita en Quintana Roo. Algunos de ellos fueron compañeros de trabajo en el pasado y entiendo cómo se sienten hoy.

Ante la criminalización de los medios y el desprestigio que el estado promueve en contra de los periodistas quintanarroenses, no puedo cerrar este texto sin antes hacer uso del derecho que me asiste para expresarme libremente. También aclarando que mis expresiones son a título personal pues como he dicho en artículos anteriores, no soy representante de nada.

Expreso que los periodistas no somos criminales. 

Me siento orgulloso de ser periodista. En 35 años de ejercicio periodístico, mi trabajo me ha permitido dar sustento y educación a mi tres hijos, así como brindar una vida digna a mi familia, aunque no sin múltiples vicisitudes de todo tipo, pero que unidos hemos salido avante.

Rechazo que por el fruto del trabajo de los periodistas, la economía de Quintana Roo haya sido dañada. No somos responsables de la administración de los recursos públicos, pues tampoco somos funcionarios de Gobierno. Y no conozco a un periodista que haya sido remunerado deliberadamente en detrimento o con la intención de dañar la economía de otra persona.

El producto de mi trabajo me han servido también para crecer profesionalmente y contribuir desde mi tribuna al desarrollo de Quintana Roo a través de la difusión de la cultura, los atractivos naturales y turísticos, así como la producción independiente de otros materiales como la campaña de identidad NUESTRO QUINTANA ROO que fomenta el orgullo por nuestra tierra y que ya está siendo vista en todo el mundo a través de Internet y las redes sociales.

También expreso que todos los medios de Quintana Roo y los periodistas en el estado aportan en la medida de sus posibilidades y cada quien de acuerdo a su perfil informativo, productos de consumo masivo que impulsan valores como la cultura, las artes, la promoción turística, los deportes, la gastronomía, la moda, las tradiciones, la integración social, los valores de la familia y muchos otros que engrandecen a nuestro estado. Y me pronuncio porque todos ellos sean tratados con el respeto que se merecen.

Sostengo que los medios de comunicación de Quintana Roo y todos los periodistas establecidos en el estado son los primeros en difundir y prestar ayuda en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus formatos, en los casos de las alertas y ayuda en desastres naturales, contingencias de todo tipo, o cuando un apersona está extraviada y/o si ha sido objeto de la comisión de algún delito. Cuando una persona necesita sangre para un enfermo. Cuando la comunidad asociada o de forma individual necesita difundir una agresión de la que es objeto y/o un abuso del Gobierno en su contra. Y en muchos otros casos similares.

Quiero destacar que los medios de Comunicación y los periodistas establecidos en el estado y cada quien de acuerdo a sus posibilidades y formatos, ponen la cara cada vez que una persona o un grupo de personas temerosas de represalias nos buscan para difundir una agresión en su contra, en muchas ocasiones agravios que proceden del propio gobierno.

Los periodistas no somos ignorantes.  

Los periodistas no somos victimas. Entendemos la naturaleza de nuestro trabajo y corremos los riesgos propios de nuestro oficio con la firme convicción y propósito de que el objetivo es informar a la población.

Los periodistas no somos héroes.

No tengo ninguna razón para expresarme mal de forma personal de medio de comunicación y/o de periodistas establecidos en Quintana Roo. Reconozco en todos ellos su valor de expresarse libremente, cada quien en la medida de sus posibilidades y sobre todo, el reconocimiento a su valiosa aportación a la diversidad de ideas que dan paso a la pluralidad informativa. 

Reconozco que todo medio de comunicación y/o periodista establecido en Quintana Roo estamos sujetos como cualquier otro ciudadano a las leyes vigentes en el estado y no conozco a ningún colega que se oponga a ello.

Manifiesto que no conozco medio de comunicación ni periodista establecido en Quintana Roo que tenga intención de desestabilizar el gobierno en cualquiera de sus tres niveles. Y reconozco el valioso trabajo crítico que sobre las acciones de gobierno realizan muchos compañeros y al cual me uno en beneficio de una comunidad bien informada.

Me pronuncio por el cese de las agresiones de cualquier tipo en contra de los periodistas establecidos en Quintana Roo y me solidarizo con aquellos compañeros que hayan sufrido algún agravio en este sentido.

Quintana Roo es de todos.

El 5 de Junio pasado los quintanarroenses le dieron a Carlos Joaquín el trabajo de gobernador. Empleo que él mismo se empeñó en solicitarles. Y al mandatario le corresponde ahora haciendo de uso de su legítimo derecho, tomar con absoluta libertad las decisiones que él considere más adecuadas para el buen desempeño de su encomienda, entre ellas la relación de su gobierno con los medios y los periodistas de Quintana Roo.

El 10 de Noviembre pasado en Bacalar y por primera vez desde que es gobernador, Carlos Joaquín expresó personalmente su molestia por las versiones periodísticas que informaban el tema de lo que el gobierno llama “refinanciamiento” de la duda pública del estado. 

Algunos medios manejaron que se trata de más endeudamiento y Carlos Joaquín cuestionó si esta versión es una calumnia o una mentira. Pero junto a ese reclamo también hizo un llamado a la unidad:

De nuevo les invito a sumarse a este trabajo, este es un trabajo de inclusión, de solidaridad, de unidad, de buscar avances, de tener confianza, yo se que tocamos intereses y aparecen grupos y críticas, bienvenidas, nos sirven, nos sirven en mucho para poder avanzar, pero hay que tener confianza y tener fortaleza para salir adelante, necesitamos el esfuerzo conjunto de todos para lograr ese cambio que necesitamos y que seguramente será muy importante para las familias de Quintana Roo.

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