miércoles, 16 de noviembre de 2016

Simulación: Se le cae el teatrito a Carlos Joaquín; “investigación” contra Borge es un plagio; es falta administrativa y no penal, reconoce Del Pozo


Cancún.- La estridente acusación de Carlos Joaquín contra Roberto Borge se desinfló apenas un día después de su puesta en escena en la televisión nacional. Hoy el secretario de la Función Pública, Rafael del Pozo Dergal, aclaró en un programa radial que sólo son 850 las hectáreas de la reserva territorial estatal que el gobierno de Quintana Roo tiene identificadas como vendidas irregularmente a unos 20 compradores vinculados al ex mandatario y no 9.5 mil hectáreas como se dijo ayer. El funcionario joaquinista reconoció que el delito es de tipo administrativo y no penal. En realidad el gobierno de Quintana Roo plagió la demanda de juicio político que Fabiola Cortés, de la asociación civil Somos Tus Ojos, ya le había interpuesto al ex gobernador ante el Congreso desde el 25 de Septiembre pasado. La escena de Carlos Joaquín en la televisión nacional fue una clara estrategia de su gobierno para intentar contener el ascendente reclamo de los quintanarroenses que le cuestionan su falta de acción para cumplir su promesa de llevar a Roberto Borge ante la Justicia.

Ayer Carlos Joaquín le dijo a Carlos Loret de Mola que 9.5 mil hectáreas de la reserva territorial del estado habían sido vendidas de forma irregular a familiares y personajes relacionados con Roberto Borge. Más tarde Rafael del Pozo Dergal, titular de la Función Pública del gobierno joaquinista, repitió el mismo discurso de su jefe ante medios de la ciudad de México y afirmó haber interpuesto denuncias contra Roberto Borge ante la PGR y la FGE, aunque no mostró prueba documental de esto último. Por su parte, la Vocería del gobierno del estado transmitió por Facebook el discurso en cuestión, pero no la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas que asistieron al encuentro.

Sin embargo esta tarde durante una entrevista radiofónica con Eduardo Ruiz Healy de Radio Fórmula, Del Pozo Dergal reveló datos que difieren o aclaran los abultados números que se dieron a conocer ayer, así como las características del delito que Roberto Borge habría cometido si se comprueba que en efecto el ex mandatario delinquió en este tema.

De Pozo Dergal aclara que de las 9.5 mil hectáreas señaladas no todas habrían sido vendidas a precios por debajo del uno por ciento de su valor: 

“Son 95 millones de metros cuadrados (9.5 mil hectáreas) que se enajenaron en la pasada administración de forma irregular, es decir, sin cumplir con los procedimientos y en algunos casos en valores, como tu has mencionado, de alrededor, calculamos menores al uno por ciento, no la totalidad, pero sí hay algunos, algunas enajenaciones que se hicieron con esa diferencia digamos de precio”.

El funcionario joquinista cambia su discurso y ahora aclara que en sólo 850 hectáreas de las 9.5 anunciadas ayer, se encontraron vínculos importantes entre el ex gobernador Roberto Borge, los compradores y su familia:

En este primer paquete de denuncias, vienen otras que se estarán presentando en las siguientes semanas de las que daremos cuenta oportuna, pero en este caso estamos hablando de las primeras 850 hectáreas en las que encontramos una vinculación importante entre los compradores y la familia del ex gobernador.

¿O sea que van en menos del 10 por ciento? –cuestionó Ruiz Healy.

En cuando a denuncias… una cosa… aquí vale la pena diferenciar, una cosa son las responsabilidades administrativas, otras son las responsabilidades resarcitorias y otras más las responsabilidades penales.

¿Qué tan grave es la responsabilidad administrativa como delito en sí? –le cuestionó el comunicador.

En sí la responsabilidad administrativa no constituye un delito, se sanciona de una manera distinta.

¿O sea que Borge y sus aliados pueden acabar siendo unos irresponsables? –preguntó Ruiz Healy.

No, justamente nosotros presentamos denuncias penales porque consideramos que las conductas son delictivas incluso existe un modos operandi que podría ser analizada desde la perspectiva de la delincuencia organizada.

Cabe destacar que el propio Secretario de la Función Pública dice que “consideran” conductas delictivas en un caso de responsabilidad administrativa. 

Sin embargo es muy importante hace notar que el gobierno de Carlos Joaquín no presentó los documentos acusatorios o al menos el número de averiguación previa de la supuesta denuncia que por este caso dijo haber interpuesto ante la PGR en contra del ex gobernador.

Lo que sí está claro es que el gobierno de Carlos Joaquín plagió una completa y exhaustiva investigación periodística realizada por la periodista y activista Fabiola Cortés, para presentarla ante el público como una “investigación” propia del “Gobierno del Cambio” ante la clara falta de resultados pese a los casi 50 días que ya tienen en el poder.

El 25 de Septiembre pasado la presidenta de la asociación civil “Somos tus Ojos”, Fabiola Cortés, interpuso ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político en contra de Roberto Borge por el caso de 44 predios vendidos por el IPAI a familiares y amigos de Roberto Borge.

Otro manipuleo del gobierno de Carlos Joaquín es que ayer afirmaron no poder dar a conocer los nombres de los beneficiarios de los terrenos, cuando en realidad éstos figuran desde hace varias semanas atrás en el extenso documento que Fabiola Cortés publicó en el sitio de la asociación civil que representa y que puede ser consultado por el público en esta liga: 

http://www.somostusojos.com/corrupcion/interpone-somos-tus-ojos-juicio-politico-contra-el-gobernador-roberto-borge-por-remate-del-patrimonio-del-estado/

Este Miércoles tras la puesta en escena del gobierno de Carlos Joaquín en la televisión nacional, la propia Fabiola Cortés publicó en su perfil de Facebook la historia de esta investigación y de cómo el gobierno joaquinista la usó como suya. La activista anticipa que la denuncia interpuesta ante la PGR no surtirá efecto. Llama la atención que su texto lo inicia marcando las similitudes en Carlos Joaquín y Roberto Borge.

“CARLOS JOAQUÍN ACTÚA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD”

Fabiola Cortés Miranda

Éste título no lo elegí yo, así salió de la Unidad de Vocero del gobernador Carlos Joaquín González, y por un momento me pareció que provenía de la mismísima oficina de Rangel Rosado, y de allí sigue el comunicado de prensa, que volvió a recordarme los de Roberto Borge Angulo:

“Una de las demandas más sentidas de los quintanarroenses es el reclamo social de justicia; el combate a la corrupción y el freno a la impunidad son compromisos prioritarios del actual gobierno del estado, encabezado por el Gobernador Carlos Joaquín. Se va a perseguir y castigar a los culpables del quebranto financiero y el deterioro de la vida social, además de buscar recuperar los cuantiosos recursos que debieron estar destinados a mejorar las condiciones de vida de la población, y cuyo efecto ha sido profundizar las desigualdades sociales.”
Y así sigue el boletín de prensa, en el que se explica que “derivado de importantes denuncias en los medios de comunicación, se han encontrado y corroborado presuntas irregularidades en la enajenación a particulares, de predios del dominio privado propiedad del Estado. Dichas irregularidades son presuntamente atribuibles a la entonces Directora General del IPAE, señora Claudia Romanillos VIllanueva, así como al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo, quien presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario Estatal.”

La “novedosa” denuncia presentada hoy por el gobierno de Carlos Joaquín, desde el 16 de agosto fue presentada con datos suficientes por la asociación civil Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, a la Cámara de Diputados, en la ciudad de México, para solicitar se iniciara juicio político contra Roberto Borge Angulo por la venta a precios subvaluados de 44 predios que salieron del patrimonio del estado para ser entregados a particulares, y desde ese momento le pusimos nombre y apellido. Se realizó un exhaustivo trabajo en los registros públicos de la propiedad y el comercio de varios municipios para obtener los datos sobre los beneficiarios, el monto de la venta y la ubicación.

El 25 de septiembre, el día que Roberto Borge Angulo perdió el fuero, presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y el 28 de septiembre realizamos una ampliación de la misma, en esta denuncia, le aportamos a la autoridad investigadora datos de prueba suficientes relacionados con la venta de los predios, así como las actas constitutivas de diversas empresas de presuntos prestanombres de Roberto Borge Angulo, entre éstas las de la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo, conocida comercialmente como Barcos Caribe, así como la de Caracol 65, una empresa inmobiliaria que se “alimentó” de predios que eran patrimonio de los quintanarroenses. Todos esos datos los tiene ya la Fiscalía del estado; adicionalmente, se le requirió formalmente a la Procuraduría General de la República, que ejerciera su facultad de atracción en este caso, en virtud de que se podrían configurar delitos del orden federal.

La demanda de juicio político se presentó el 16 de agosto, y la denuncia, el 25 de septiembre, hace 40 días, justo cuando Roberto Borge se quedó sin fuero, y Carlos Joaquín González, asumió el Gobierno. Así que lo presentado hoy en medios nacionales no es ni novedoso y está muy lejos de ser una verdadera demostración de que en el “Gobierno del cambio” ‘el combate la corrupción y poner un freno a la impunidad son compromisos prioritarios’.

Más bien se trata de una reacción ante la impaciencia de la ciudadanía que esperaba acciones inmediatas, pero sobre todo contundentes, y que se convirtió en exigencia irrefrenable en los últimos días luego de que Carlos Joaquín González acudiera, literal, a festejar al priista Joaquín Hendricks Díaz, uno de los gobernadores más corruptos de Quintana Roo, y quien inició en el camino de la venta y remate de predios, el cual siguió “magistralmente” Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Pero la denuncia presentada hoy ante la PGR no tendrá mayor efecto por algo muy simple: es un cartucho quemado y que disparamos desde la sociedad civil organizada, desde la asociación Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo. Y desde allí seguimos trabajando, por lo que sí, con seguridad y certeza, podemos decir que más allá de Quintana Roo es donde se están integrando los expedientes, que dentro de no mucho comenzarán a accionarse para ahora sí, combatir la corrupción y poner un freno a la impunidad…


A casi 50 días desde su llegada al cargo, Carlos Joaquín aún no puede cumplir con los quintanarroenses su promesa de llevar ante la Justicia a los culpables del quebranto financiero estatal que él pregonó durante su campaña electoral.

(Entrevista completa a Rafael del Pozo con Eduardo Ruiz Healy - Radio Fórmula)

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