viernes, 18 de noviembre de 2016

Sin obsesión “Gobierno del Cambio” para atender denuncias de delitos, dice funcionario de Carlos Joaquín


Chetumal.- Cuestionado en torno a las investigaciones de la administración del ex gobernador Roberto Borge, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, sostuvo que “No hay una cacería de brujas ni es una obsesión para el gobierno del estado atender su responsabilidad pública respecto de la denuncia de los hechos que pueden ser probablemente constitutivos de delito”. El funcionario joaquinista afirmó que ex funcionarios de Finanzas del gobierno borgista ya rindieron declaración, se negó a dar los nombres y prometió una vez más que ahora sí habrán pronto denuncias contra ex servidores públicos.

El secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, confirmó que breve se interpondrán nuevas demandas penales, así como iniciar procedimientos administrativos en contra de ex funcionarios por las omisiones e irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.

Informó que varios ex secretarios y altos mandos del gobierno borgista han sido llamados  a comparecer para que solventen o aclaren las observaciones de malos manejos de los recursos públicos detectadas en el proceso de Entrega-Recepción.

La mayoría de los citados a presentarse ante la Secretaría de la Gestión Pública son quienes estaban a cargo de autorizar y manejar los recursos públicos, es decir, de la Secretaría de Finanzas y Planeación, aunque se negó a informar a los medios de comunicación cuántos y quiénes han comparecido.

“El trabajo que está haciendo la gestión pública tiene que ver primero que nada con recibir y con dirimir o aclarar las inconsistencias respetando la garantía de audiencias que desde luego tienen los servidores públicos salientes llamándolos para pedirles que aclaren las observaciones y lo que no puedan aclarar será motivo de auditoría o de un procedimiento de responsabilidades, hasta el día de hoy no le voy a decir cuántas van, pero sí tenemos algunas comparecencias y no es prudente mencionar nombres principalmente del área de Sefiplan”.

Reconoció que será hasta enero cuando se tengan más resultados de posibles irregularidades detectadas en la anterior administración, aunque declinó anticipar avances y observaciones adicionales sobre posibles delitos.

“Estamos apenas en proceso de entrega recepción, no hemos concluido el proceso y todavía hay algunas auditorias que estarán concluyéndose en las próximas semanas y otras que nos llevarán hasta enero pero de ahí partiremos y como hay una capacidad instalada al interior de la contraloría estamos priorizando aquellos asuntos que eran foco rojos o que han sido denunciados por la ciudadanía y esos temas tienen prioridad por el impacto social que generan”.

Aparte de la venta de terrenos, omitió declarar que más han detectado ya que consideró que son temas serios y delicados, sin embargo, dijo que se harán del conocimiento público conforme se vaya avanzando con pruebas fehacientes.

Aclaró que no es una cacería de brujas ni tampoco obsesión de la actual administración ir detrás de los ex funcionarios, al afirmar que sólo se hará cumplir la ley en contra de quienes la hayan violado.

“No hay una cacería de brujas ni es una obsesión para el gobierno del estado atender su responsabilidad pública respecto de la denuncia de los hechos que pueden ser probablemente constitutivos de delito, nosotros estaremos actuando con respecto a nuestras responsabilidades presentando las denuncias en los casos que estimemos que pueden haber conductas delictivas y será evidentemente la autoridad ministerial la que determine si solicita las órdenes de aprehensión, lo que a nosotros nos corresponde desde luego fundamentalmente cuidar el patrimonio de los quintanarroenses y solicitar que en todo caso que las autoridades que tienen a su cargo la impartición de justicia y la persecución de los delitos actúen en consecuencia”. 

Finalmente comentó que serán las los ministerios públicos federal y común, quienes resuelvan las dos demandas en contra de ex servidores públicos de la administración que encabezó el ex gobernador Robert Borge Angulo. Descartó dar más información por sigilo y para no entorpecer el curso de las demandas, auditorías e investigaciones que se llevan a cabo.

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