miércoles, 7 de diciembre de 2016

Criminalización de UBER: Diputado perredista quiere ganar Cancún con voto taxista, Carlos Joaquín pierde el control


Por: Esmaragdo Camaz

Emiliano Ramos es el nombre del diputado perredista que se opone a que los quintanarroenses tengan un servicio alterno al taxi sindicalizado-concesionado. Y para lograrlo impulsa una ley que mande a la cárcel hasta por cinco años a aquellos que manejan UBER y/o cualquier otro servicio alternativo.

Este diputado va a contracorriente del deseo de los ciudadanos que no están de acuerdo con el duopolio gobierno-sindicatos que controlan el transporte público a placer y con fines electorales.

Pero a Emiliano Ramos no le importa el pueblo, pues ya negoció con los sindicatos de taxistas del estado para criminalizar a UBER en favor de los mafiosos dirigentes sindicales que solapan las tropelías de los “martillos”. Todos sabemos cómo los taxistas se han visto involucrados en repetidas ocasiones en delitos como robo, extorsión, violaciones y narcotráfico. Mención aparte la cantidad de choques automovilísticos ocasionados por los chafiretes que han mandado al hospital a sus propios clientes. La gente usa los taxis sólo porque no tienen otro opción.

El público debe memorizar bien el nombre de Emiliano Ramos porque en el 2018 éste diputado pretende ser candidato a la presidencia municipal de Cancún, que es el distrito electoral al que pertenece, aunque no representa a los cancunenses, sino exclusivamente a los taxistas. 

Cada vez que usted tenga una mala experiencia con un taxi recuerde el nombre de Emiliano Ramos y no olvide que gracias a él no hay otras opciones de transporte.

Para lograr su objetivo y hacerse notar, Emiliano Ramos acarreó anoche a cientos de taxistas de todo el estado hasta el Congreso en Chetumal para que le sirvieran de matraqueos a la hora de presentar su iniciativa de Ley incriminatoria en contra de cualquier servicio de taxi alternativo, como UBER.

Con esta acción el diputado Emiliano Ramos confía en que el voto de los taxistas lo convertirá en el próximo presidente municipal de Benito Juárez (Cancún).

La intención de mandar a los choferes de UBER a la cárcel todavía es una iniciativa de Ley. Su aprobación o rechazo es un asunto que ya desde ahora abre una fisura en las relaciones entre el PRD, el PAN y el propio Carlos Joaquín. 

A partir de este punto cualquier cosa puede suceder entre el Congreso y el gobernador. Originalmente Carlos Joaquín operó a través del diputado panista Eduardo Martínez Arcila y del propio Emiliano Ramos, para “comprar” a diputados de MORENA y del PRI a fin de que éstos  cambiaran de bando para lograr de esa forma la mayoría camaral a favor del novel mandatario.

Respecto al tema del transporte público, el propio Congreso trabaja una reforma de Ley a través del diputado panista Fernando Celaya, para que el gobernador pierda la facultad de otorgar las placas de taxis a discreción y que éstos metales sean licitados de forma transparente. Esta iniciativa procede del propio gobernador Carlos Joaquín.

Así que el espectáculo protagonizado anoche por el diputado Emiliano Ramos se considera un claro desafío contra el gobernador Carlos Joaquín. Es decir que uno de sus aliados ya se le volteó por su ambición personal de tipo electoral. El diputado aspirante a alcalde está respaldando a un gremio que el mandatario quiere acotar.

Emiliano Ramos es diputado y su hermano Alejandro es director de transporte en SINTRA, ambos por el PRD. Su cuñado, Rafael Quintanar es director del IEEA, éste pasó del PRD a Morena. Este clan procede de Cancún y siempre se han distinguido como golpeadores, traicioneros y problemáticos. 

Carlos Joaquín se alió a ellos pese a sus malos antecedentes sin importarle otra cosa más que el triunfo electoral a cualquier precio y sin medir consecuencias. Hoy el gobernador no puede controlarlos. Este es un muy mal presagio para la administración del novel mandatario, pues este formato rebelde seguramente se va a replicar -se va a multiplicar- en otros muchos grupos enquistados al interior de la administración estatal y que forman parte de la cuota que el ejecutivo está pagando por el apoyo recibido durante el proceso electoral.

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