Ya se pelaron: Reportan escape masivo de borgistas, Del Pozo los busca y no los encuentra

Chetumal.- Ante un claro tortuguismo del gobierno joaquinista, muchos ex funcionarios de Roberto Borge ya escaparon a otros estados, “andan de vacaciones” o están atrincherados en fraccionamientos con seguridad privada. El titular de la Función Pública, Rafael del Pozo Dergal reveló que 350 servidores púbicos del gobierno saliente tienen procedimientos administrativos y confirmó que no ha sido posible localizar a la mayoría de ellos para entregarles citatorios para que se presenten a declarar ante esa dependencia.

La Secretaría de la Gestión Pública realizará más de 350 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de un número igual o mayor de ex funcionarios y servidores públicos activos por presuntas irregularidades cometidas en el desempeño de sus funciones durante el gobierno de Roberto Borge Angulo.

El titular del área, Rafael del Pozo Dergal, informó que se han girado los primeros citatorios para que los responsables presenten sus pruebas y alegatos, sin embargo, reconoció que algunos han sido ilocalizables en sus domicilios registrados en sus actas del proceso de Entrega-Recepción, mientras que otros han sido ubicados fuera de Quintana Roo y en el extranjero por posible cambios de domicilio o estar vacacionando.

Aquellos que no puedan solventar las inconsistencias serán acreedores a sanciones administrativas, las cuales contemplan hasta la destitución e inhabilitación por varios años para desempeñar un cargo público.

“Tenemos identificados más de 300 procedimientos que pueden implicar más de un servidor público, todavía no están iniciados y notificados, cuando hablo de estos procedimientos de responsabilidad estoy hablando que no tiene responsabilidades penales o resarcitorias, algunos pueden significar amonestaciones, destituciones, inhabilitaciones y otras sanciones menores”.

Dentro de esta lista hay ex secretarios, directores, jefes de departamento y de otros niveles inferiores.

Puntualizó que a partir del próximo 14 de Diciembre vencerá el primer plazo de 60 días hábiles que contempla la ley en el proceso de Entrega-Recepción para que los nuevos funcionarios presenten las observaciones detectadas en la transición gubernamental y se realicen los citatorios a los servidores púbicos salientes para que se presenten por cualquier aclaración.

Explicó que aquellos ex funcionarios que firmaron las primeras actas del proceso del cambio serán los primeros en ser citados para que expliquen cualquier inconsistencia.

“No conocemos todavía las observaciones que nos van a presentar todas las dependencias y entidades, a partir de que ellos hagan las observaciones tenemos 15 días para citar los servidores públicos para que comparezcan los entrantes y salientes para efecto de las aclaraciones que establece la ley de entrega recepción y una vez hecha la diligencia podrían de ahí derivarse el inicio de procedimientos de responsabilidad o incluso auditorias”.

Garantizó que todos los ex servidores tendrán su derecho de audiencia, tal y como lo marca la ley.

Reconoció que han tenido serios problemas para notificar a las personas de la pasada administración por cambios de domicilios o radicar en residencias privadas.

“No quiero decir que huyeron, pero sí ha sido complicado encontrarlos para poder notificarlos, nos hemos encontrado casos que se han mudado y viven en otros estados, otros incluso, hay algunos casos sabemos que están fuera pero no tengo claro si radicando de manera permanente o temporal y también otros de los problemas es que viven en lugares privados o fraccionamientos con acceso restringido y nos ha entorpecido el proceso”.

Respecto a las demandas penales anunciadas por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, el funcionario confirmó que serán más de 20 denuncias, mismas que se irán presentando conforme se vayan integrando los expedientes.

Aclaró que serán antes de concluir el año, dando prioridad a las de mayor afectación.

Argumentó que mucha de la información ha sido solicitada a otras instituciones como bancos e incluso peritajes, lo que ha demorado el proceso para denunciar ante las instancias correspondientes.