lunes, 2 de enero de 2017

Crisis Maya: El Funcionario de Carlos Joaquín que avivó el conflicto y tensó las relaciones con la etnia quintanarroense


Por: Esmaragdo Camaz

Un alfil de Pedro Pérez -titular de SEDARU- infló los padrones de los beneficiarios del seguro contra siniestros con falsos productores y con eso prendió la mecha en la Zona Maya de Quintana Roo, pues los auténticos agricultores afectados reclaman que esta es una forma de desviar los recursos del campo destinados a ellos. Son 2600 personas que el regidor del PES, Francisco Uc, metió como supuestos afectados por los siniestros del 2016. En esa lista figuran familiares del concejal, maestros, propietarios de parcelas no productivas y activistas identificados con el joaquinismo.

Pedro Pérez fue presidente municipal de José María Morelos por el PRI, de 2005 a 2008. El año pasado contendió por ese mismo cargo pero esta vez por el PES. Perdió la elección, pero fue incorporado al gabinete del “Gobierno del Cambio” por Carlos Joaquín quien lo nombró secretario de Desarrollo Rural e Indígena.

En cambio, el también perdedor Domingo Flota Castillo -del PRD- y quien encabezó la alianza con el PAN para la presidencia municipal de José María Morelos, fue marginado por Carlos Joaquín, pese a que la coalición panrredista le dio el triunfo en el resto del estado. 

Habrá que preguntarse por qué Carlos Joaquín margina a su “aliado” del PRD-PAN y premia en cambio al candidato del PES con una secretaría de estado. Esa es la cuota que el hoy gobernador tiene que pagar por los favores recibidos como candidato.

Y este pago de favores ya trajo consecuencias, pues si las relaciones entre el gobernador y la etnia Maya eran malas, ahora las cosas quedaron peor con la operación amañada de su titular de SEDARU. Carlos Joaquín no es bien visto en esa zona del estado.

Hay que retroceder poco más de una semana en el tiempo para darse cuenta que el conflicto campesino en la Zona Maya está hoy igual que al principio del mismo, pues el gobierno de Carlos Joaquín no ha resuelto nada, pese a que -se supone-, hoy lunes AGROASEMEX pagará el seguro a los 35 ejidos de la zona de Dziuché, cosa que no soluciona el conflicto.

Originalmente, AGROASEMEX informó que pagaría sólo a 35 ejidos y no a los 63 que reclaman los campesinos mayas de José María Morelos. Y ese fue el origen del conflicto.

El resto de los ejidatarios exigieron el pago parejo a todos los ejidos, como se hacía todos los años. En ese contexto, el regidor Francisco Uc, quien al mismo tiempo es el comisario ejidal del Kilómetro 50, metió a los 2600 activistas del joaquinismo. Esto es muy obvio en José María Morelos, donde la gente se conoce. Los morelenses identifican perfectamente bien a Pedro Pérez detrás del regidor-comisario.

Acto seguido, un grupo de ejidatarios de José María Morelos abordaron al gobernador Carlos Joaquín el 21 de Diciembre pasado para pedirle su intervención ante la aseguradora para que esta reconociera siniestros en los 63 ejidos en cuestión y no sólo en 35. Ese día le mandatario les dio un descolón. Les dijo que Pedro Pérez los atendería y ante la insistencia de los quejosos que le pedían una fecha para tal gestión, el ejecutivo -ya molesto- les pidió apagar la cámara y ya no se supo la respuesta.

Pero lo que Carlos Joaquín les respondió no debió gustarle mucho a los ejidatarios porque horas más tarde ya amenazaban con tomar carreteras. Y días después ya habían armado una trifulca en el Palacio Municipal de José María Morelos.

El Lunes 26 de Diciembre los ejidatarios arribaron a la oficina del presidente municipal de José María Morelos, José Baladez Chi, y causaron destrozos enfurecidos por la falta de respuesta del gobierno de Carlos Joaquín. En esa reunión el alcalde reveló que el padrón de beneficiarios había sido inflado y eso terminó de encender los ánimos.

La molestia de los campesinos se convirtió en furia ese mismo día luego de que intentaron sin éxito que Pedro Pérez les contestara el teléfono. No es casual que el titular de SEDARU se haya hecho ojo de hormiga, pues él mismo junto con su regidor, generó parte del conflicto.

Horas más tarde ese mismo día tres enviados del gobierno del estado fueron retenidos en esa reunión del Palacio Municipal y la única forma de salir de ahí fue firmar un documento-compromiso para gestionar ante la aseguradora la incursión de los 63 ejidos como beneficiarios, así como el pago respectivo el pasado Viernes 30 de Diciembre, promesa que no fue cumplida.

Ese 30 de Diciembre por la mañana los campesinos de los 35 ejidos que sí serán beneficiados tomaron la carretera de Saban y por la noche metieron a la cárcel a los tres enviados del Municipio que fueron comisionados para darles la noticia de que su pago sería entregado hasta hoy lunes 2 de Enero. El Sábado pasado la Policía de José María Morelos recuperó en un operativo sorpresa a los funcionarios-rehenes.

El gobierno del estado aclaró entonces que el beneficio del seguro contra siniestros sería pagado exclusivamente a los 35 ejidos y no a la totalidad de los 63 como los campesinos mayas siguen reclamando hasta hoy. O sea, luego de más de una semana de conflicto las cosas siguen exactamente igual que al principio.

La desestabilización de la zona es la razón de este manejo poco claro, es la visión entre el morelense común. Es importante recordar el contexto político que impera en la Zona Maya, una vasta región que no simpatiza con Carlos Joaquín. Los cuatro municipios mayas -José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas-, le negaron el triunfo al candidato de la alianza panrredé. En esas cuatro demarcaciones gobierna el PRI y sus aliados.

Los priistas de José María Morelos acusan que Carlos Joaquín les está poniendo el pie encima en represalia por la derrota y que el objetivo es desestabilizar al gobierno municipal priista. Mientras los panrredistas afirman que el gobierno municipal priista es el orquestador de la desestabilización.

Y en estas acusaciones mutuas, el regidor-comisario ejidal del Kilómetro 50, Francisco Uc, reconoce a sus 2600 enlistados pero le echa la culpa del conflicto al presidente municipal, José Baladez Chi. En éste mar de medias mentiras y verdades a medias sorprende que un operador del titular de SEDARU -Pedro Pérez-, sea quien pretenda cobrar grandes sumas ejerciendo presión hacia el propio gobierno de Carlos Joaquín.

En un intento por recomponer su mala relación con el pueblo Maya de Quintana Roo, el equipo del gobernador Carlos Joaquín se organizó hace unos días con algunos líderes de esa comunidad para llevar al mandatario a Felipe Carrillo Puerto al "U MUU´CH´ TABAL LAA ´TZILOO´B”, un evento de la política Maya que significa “un encuentro entre hermanos”, una especie de convivencia, pero que de ninguna manera representa una ceremonia seria y significativa como el “Nojoch Sucum” que los Mayas otorgaron a gobernadores quintanarroenses del pasado.

Vale la pena diferenciar entre el “Nojoch Hajac” que le fue entregado a personajes como “El Chacho” y al propio Carlos Joaquín, con el “Nojoch Sucum”, esta última una ceremonia solemne que significa “El Hermano Mayor” y que ha sido entregada por los dignatarios Mayas a otros mandatarios del pasado.

De hecho la asistencia ha sido escasa en los pocos eventos a los que Carlos Joaquín ha asistido en Felipe Carrillo Puerto, municipio que es la sede los dignatarios Mayas de Quintana Roo. Incluso en ese lugar un personaje opera permanentemente para acercar al gobernador a las autoridades de la etnia. Se trata de Alfredo Caamal Huchim, quien aspira a ser magistrado indígena, lugar que hoy ostenta Javier Reyes Hernández. Este funcionario dentro de la estructura de Justicia es el que los dignatarios mayas reconocen como interlocutor con el gobierno del estado. 

En resumen, Pedro Pérez, el funcionario que Carlos Joaquín designó para encargarse del campo quintanarroense, le está generando más problemas que soluciones al mandatario. Durante todo este conflicto -que por momentos se extendió hacia Felipe Carrillo Puerto-, el titular de SEDARU no dio la cara. Otros como el secretario de Gobierno, Francisco López Mena y hasta el jefe de la oficina del gobernador, Miguel Ramón Martín Azueta, fueron activados en algún momento para medio sofocar sin éxito a los enfurecidos campesinos. Esto da una idea también de cómo están la cosas al interior del gabinete joaquinista.

El año y el gobierno de Carlos Joaquín apenas inicia y no pinta bien para lo que será su relación con el campo en la Zona Maya. A los ejidatarios ya les quedó claro que a diferencia de años anteriores, esta vez no habrá pago parejo por siniestros para todas las hectáreas de los municipios mayas. Sólo queda esperar qué tipo de reacción y consecuencias puede generar esto.












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