jueves, 2 de febrero de 2017

Borgistas: Preparan denuncias vs Ex titulares de SQCS, CAPA, SEDUVI, SINTRA, SEDARU, CJ y VIP-SAESA


Chetumal.- La Secretaría de la Gestión Pública presentará 14 nuevas denuncias contra ex funcionarios de al menos siete dependencias estatales donde se han detectado irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Las demandas se enfocan en ex titulares y funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA), Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (SEDARU), Consejería Jurídica (CJ) y VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V. (VIP SAESA). 

Aunque el titular del área, Rafael del Pozo Dergal, se limitó a dar detalles de las anomalías detectadas, adelantó que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural hay un desfalco de por lo menos mil millones de pesos de supuestos apoyos a productores que nunca se entregaron. 

“Estamos trabajando sobre nuevas denuncias que se presentarán a principios de la próxima semana y son denuncias que nos han llevado un poco más de tiempo de su integración por el gran volumen de documentos que implica y son denuncias vinculadas con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, otro asunto respecto a CAPA, otra de Seduvi, dos vinculadas a Sintra, Sedaru, estamos trabajando también una denuncia vinculada con la Consejería Jurídica y con VIP SAESA, son varias denuncias que estamos trabajando y que han llevado un nivel de integración laborioso”. 

Las nuevas demandas serán ante el fuero estatal y federal; es decir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de República (PGR) dependiendo de los fondos desviados y anomalías cometidas. 

Confirmó que estas denuncias pretendían ser interpuestas desde la semana pasada, sin embargo debido a la integración de pruebas se demoró este procedimiento y se espera que sea en el transcurso de la próxima semana cuando se proceda legalmente ante las instancias pertinentes. 

“En las denuncias están implicados los ex titulares y otras autoridades, hay asuntos en que hay una corresponsabilidad sobre todo en los asuntos donde hay manejo de recursos públicos y hay operaciones donde partían para los pagos de varios conceptos no acreditados, y donde hay pagos que no tienen soporte se procederá”.


Manifestó que el Auditor del Estado, Javier Zetina González, ha quedado a deber a la ciudadanía debido a que en los casos donde hay observaciones ya debió haber aplicado la responsabilidad resarcitoria para ex funcionarios, sin embargo no ha procedido para proteger a los políticos borgistas. 

El Secretario de la Gestión Pública Rafael del Pozo Dergal, afirmó que continúan las audiencias de aclaración para que los ex titulares y servidores públicos de las dependencias donde se hallaron irregularidades solventen las observaciones o en su caso acepten su responsabilidad. También confirmó que se integran nuevos expedientes. 

“Se han citado a comparecer a ex servidores públicos de SEFIPLAN, CAPA, API, SEDARU, SEDUVI, entre otras más para aclarar observaciones”. 

El sábado pasado se llevó a cabo una reunión con el Fiscal General del Estado para revisar aspectos de las denuncias, mientras que los elementos judiciales trabajan en la integración de pruebas y diligencias con servidores públicos y solicitando información a bancos y otras entidades del estado y del país para reunir la mayor cantidad de pruebas. 

Adelantó que en el Auditorio del Bienestar, también se encontraron inconsistencias, para las cuales se preparan dos expedientes, uno de ellos por sobre costos invertidos en la obra. Así como también en el IPAE por el caso de la venta a familiares y amigos borgistas. 


Dijo que en el caso de sanciones que puede aplicar la Secretaría de la Gestión Pública está la inhabilitación, multas o créditos fiscales para recuperar los recursos, amonestaciones y otras responsabilidades, mientras que las acciones penales corresponden a la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de República.

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