miércoles, 10 de mayo de 2017

Tómala Arcila: Diputados quieren quitarle poder y dinero a Líder despilfarrador del Congreso



Por: Esmaragdo Camaz 

Eduardo Martínez Arcila –el líder del Congreso de Quintana Roo- perderá a su Oficial Mayor y con ello el control y la disposición indiscriminada del dinero que viene dilapidado propiedad de la Cámara de Diputados, esto si los legisladores aprueban una iniciativa de Ley que prevé la desaparición de la Gran Comisión para dar paso a la creación de una Junta de Coordinación Política, misma que pretende dos cosas básicas: repartir el poder de forma rotatoria entre las diferentes fracciones y/o diputados, y nombrar a un nuevo oficial mayor resultado de un consenso entre las diversas fuerzas políticas y no de forma unilateral ni a conveniencia de Arcila, como sucede hoy. Esta iniciativa también surge como una acción urgente para amarrarle las manos al derroche del erario público que en manos de Arcila parece imparable. 

La iniciativa de Ley, que lleva por nombre INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, fue entregada este Miércoles por la diputada Leslie Hendricks. 

El espíritu de esta iniciativa de ley es simple. Eliminar a un "presidente permanente" del Congreso y en su caso repartir este cargo entre varios legisladores, en una fórmula que consiste en que cada fracción política tenga la presidencia de forma rotativa una vez al año, empezando por el grupo parlamentario mayoritario. 

El objetivo de esta reforma es arrebatar el poder al presidente de la Gran Comisión, sujeto que se convierte durante tres años (ahora se puede reelegir), en el titular del Legislativo con poderes ilimitados, específicamente en lo relativo al manejo del dinero de la Cámara de Diputados, de la designación a su conveniencia del Oficial Mayor y de todo el equipo administrativo del Congreso, de la disposición a placer de los recursos públicos, de una plena autonomía de acción en todos los sentidos y finalmente, en la manipulación y ejercicio de poder a conveniencia para la aprobación y/o modificación de leyes y reglamentos que en todos los casos son aprobados o rechazados a su albedrío con el respaldo de los diputados que sufragan a su favor producto de la compra de sus votos con dinero de las propias arcas del Congreso, prácticas que en manos de Eduardo Martínez Arcila se han sobre dimensionando apenas en unos cuantos meses de ejercicio en una proporción nunca antes vista en Quintana Roo. 

No sobra decir que al inicio de la presente legislatura, Eduardo Martínez Arcila prometió la inmediata desaparición de la Gran Comisión y repartir el poder entre todas las fracciones del Congreso. Pero en vez de ello, empezó a comprar carros de lujo, rentó una residencia y empezó a despilfarrar el dinero del erario público a su favor y nunca más volvió a tocar el tema. 

Hoy la diputada Hendricks entregó la iniciativa de Ley antes citada con el respaldo de la bancada del PRI y en espera de que ésta propuesta fructifique para que dentro del Congreso haya una repartición más equilibrada del poder. 

No puedo dejar de mencionar que ésta reforma de Ley –en caso que prospere-, no garantiza que frene el desorden, la opacidad y el derroche de los recursos públicos del Congreso, pues lastimosamente la rectoría de estos recursos a final de cuentas quedará otra vez en manos de los políticos, de los diputados pues, éstos los personajes menos confiables del quehacer humano y siempre campeones de las encuestas que confirman la desconfianza ciudadana en estos personajes. 

No es ocioso repasar la procedencia política de algunos de los personajes que conforman la actual Legislatura de Quintana Roo, así como sus alianzas, en ellos está la decisión de aprobar o rechazar esta iniciativa y de paso nos recuerda que en materia de políticos y diputados básicamente no hay diferencias entre ellos, sin importar a qué partido político éstos pertenezcan. 

Eduardo Martínez Arcila es panista y su bancada es mayoría en el Congreso, respaldado principalmente por Emiliano Ramos, del PRD, ambos personajes los principales saqueadores de las finanzas del Congreso de Quintana Roo. Estos son sus principales aliados: 

Carlos Mario Villanueva Tenorio, ex alcalde OPB e hijo del ex gobernador en prisión Mario Villanueva Madrid, es militante del Partido Encuentro Social y durante todo su vida fue priista igual que su padre, no tiene ideología firme y cambia de acuerdo a sus intereses personales.  

Juan Carlos Pereyra, diputado del PRI que forma parte del paquete de legisladores comprados para designar a Martínez Arcila líder del Congreso y quien después de la transacción se anunció ingenuamente como "diputado independiente".  

Juan Ortiz Vallejo, diputado de MORENA, también forma parte del paquete de los legisladores en venta que fueron pagados para poner a Martínez Arcila como presidente permanente de la Cámara de Diputados.  

De lado de la oposición en el Congreso Leslie Hendricks, la promotora de la iniciativa en cuestión, es del PRI y es hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, quien como todo gobernador, se hizo millonario después de pasar por ese cargo, situación que no requiere mayor explicación, pues el ciudadano ya sabe cómo funciona eso de la gubernatura. 

Los aliados de Leslie Hendricks son diputados del PRI y del PVEM que juntos conforman una débil minoría, así que aún está por verse si la iniciativa de ley en cuestión será aprobada. 

Aquí dejo el texto completo de la Iniciativa de Ley: 


HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
PRESENTE 

 
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO¸ Diputada de la XV Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE CREACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, bajo la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La XV Legislatura del Poder Legislativo de Quintana Roo cuenta con una integración plural en donde ningún Grupo Parlamentario, por sí mismo, constituye la mayoría absoluta. Esto resulta significativamente democrático, a través de la deliberación de ideas y propuestas, en oposición a mecanismos cerrados y unilaterales, el Congreso del Estado debe tomar las decisiones más importantes para la ciudadanía quintanarroense. 
Esta pluralidad de la Legislatura debe tutelarse a través de mecanismos abiertos e incluyentes, capaces de procesar las diferencias para la generación de acuerdos. Los órganos parlamentarios deben permitir la participación eficaz de las diferentes expresiones políticas y ciudadanas en la toma de decisiones. Esto sólo será posible a través de un adecuado diseño institucional del parlamento y sus órganos. 
En este contexto se inscribe el pronunciamiento del Diputado Eduardo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión, cuando estableció lo siguiente: “La modernización del Congreso, no sólo es el tema de la desaparición de la Gran Comisión, sino que es reformar todo el marco jurídico para dar mayor dinamismo y agilidad al trabajo legislativo (…)”. Afirmación que sin duda resulta relevante pero que debe debatirse mediante el contraste de las distintas posiciones políticas representadas en la actual Legislatura. 
Aunque la modernización integral de los órganos parlamentarios resulta indispensable para la generación de políticas incluyentes, lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo confiere atribuciones a la Gran Comisión que imposibilitan el desarrollo autónomo del conjunto de órganos parlamentarios como las Comisiones o la propia Mesa Directiva. En este sentido, se considera indispensable que la reforma interna del Poder Legislativo comience con la transición de la Gran Comisión hacia la Junta de Coordinación Política, conforme a las mejores prácticas de un parlamento democrático e incluyente. 
Sobra decir que Quintana Roo pertenece a una minoría significativa de congresos locales que cuentan con figuras análogas a la Gran Comisión. La Junta de Coordinación Política como órgano, se ha consolidado como un espacio democrático que facilita los entendientos políticos gracias a la representación eficaz de las fuerzas políticas y de sus objetivos. En el órden federal, los esfuerzos de las Juntas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión por promover mediante el entendimiento plural, la Alianza por el Parlamento Abierto, que propone la modernización y apertura parlamentaria, son ejemplos claros de la utilidad de su diseño y composición. 
Con el objetivo de que el Poder Legislativo fortalezca su contenido democrático e inicie una fase de modernización y apertura, se propone la creación de la Junta de Coordinación Política y la redistribución de competencias entre diversos órganos parlamentarios. 

 
CONSIDERACIONES 

 
A. De la democracia constitucional. 
Hablar de un órgano de concertación política es hablar de democracia constitucional, no sólo porque convergen reglas de deliberación, sino porque para desarrollarla resulta necesaria una ingeniería institucional capaz de tutelar la pluralidad y la inclusión. 
Luigi Ferrajoli, académico y fundador de la corriente de pensamiento denominada garantismo, asegura que la representatividad de los órganos legislativos es una condición necesaria de su legitimación política y de la dimensión formal de la democracia. Aunque la toma de decisiones en una democracia constitucional no sólo obedece al aspecto formal de la democracia, sino que también se circunscribe en la dimensión sustantiva y el contenido axiológico de las normas supremas, no pueden alcanzarse decisiones legítimas y válidas sin que provengan de órganos cuyo diseño y funcionamiento pueda recoger las posiciones de la pluralidad política, especialmente al tratarse de órganos parlamentarios que albergan a las distintas opciones electorales apoyadas por la ciudadanía. 
Los grupos parlamentarios no son otra cosa más que la materialización de los intereses de la ciudadanía en un contexto democrático. Los Partidos Políticos han sido capaces de organizar coincidencias de valores e ideologías a través de ejercicios electorales que se traducen en escaños distribuidos pluralmente, por lo que se han afianzado como “actores centrales en la vida política contemporánea. (…) Las democracias actuales son democracias de partidos y está aceptado que no pueden funcionar sin los partidos políticos.  
Lo anterior no pretende rechazar la relevancia de las candidaturas independientes, mismas que han obligado a repensar el protagonismo de los partidos en el ejercicio político; el escenario en la democracia constitucional mexicana ha consolidado un sano equilibrio entre los partidos y legisladores independientes. De esta forma, cualquier legislador representa intereses ciudadanos y sus posicionamientos deben ser emitidos a través de los órganos parlamentarios adecuados. 
Es así como la representatividad de Ferrajoli sólo puede darse a través de órganos que cumplan con la función de intermediación de los partidos, al ser éstos instituciones capaces de generar coincidencias políticas respaldadas por ciudadanos – militantes organizados. Al respecto, debe establecerse lo siguiente: 
“Los sistemas democráticos se basan en una estructura de delegación de poder entre los ciudadanos y los gobernantes que implica la existencia en paralelo de una relación de responsabilidad desde los gobernantes hacia los ciudadanos. Otra característica de los partidos es que intermedian en ambos procesos. Es decir, los partidos son una cuña que incide en los mecanismos institucionales de delegación y responsabilidad entre ciudadanos y gobernantes” 
En este sentido, la intermediación entre las posiciones ideológicas representadas y la toma de decisiones en los órganos constituidos debe ser a través de un diseño institucional capaz de generar representatividad democrática. Al respecto, Lorenzo Córdova afirma lo siguiente:  
“La gobernabilidad de una democracia debe ser buscada, por el contrario, en la búsqueda de mecanismos que propicien y estimulen los acuerdos y permitan generar consensos. Ello resulta todavía más necesario si nos encontramos, como ha ocurrido en el último decenio, en un escenario de ‘gobiernos divididos’, es decir cuando el partido en el gobierno no cuenta con la mayoría en el órgano legislativo y está obligado, por ello, a buscar acuerdos con otros partidos políticos. En suma, la gobernabilidad de un sistema democrático parte, ante todo, de un constante acuerdo entre las partes” 
En conclusión, los órganos parlamentarios albergan la representatividad de las democracias constitucionales basados en su integración, ya sea por modelos colectivos como los partidos políticos o a través de diputaciones independientes. Por lo tanto, los parlamentos deben contar con un diseño que garantice la función de intermediación de los legisladores y promueva la generación de acuerdos. 
Toca a este Poder Legislativo reformar sus procesos y órganos para generar gobernabilidad democrática. En todo momento, este órgano parlamentario deberá generar procesos de inclusión y representatividad. 

 
B. Transición de la Gran Comisión hacia la Junta de Coordinación Política. 
Dado el marco conceptual y argumentativo anteriormente desarrollado, se presenta la siguiente iniciativa para transitar de un órgano de mando hacia un órgano de concertación. En este caso, transitar de la Gran Comisión que actualmente cuenta con facultades que interfirieren en la generación de equilibrios al interior del Poder Legislativo, hacia una Junta de Coordinación Política capaz de promover un espacio de encuentro y diálogo, con la finalidad de generar consensos para el desarrollo de las actividades parlamentarias. 
La presente iniciativa pretende que la pluralidad parlamentaria sea dinámica, participativa e involucrada adecuadamente en los procesos de toma de decisiones. De igual forma, se pretende generar mayores equilibrios internos entre los órganos parlamentarios. 

 
C. Descripción de las modificaciones.  
En términos generales, la presente iniciativa considera los siguientes rubros: 
  • Fortalecimiento de las facultades de la Mesa Directiva del Pleno;
  • Creación de la Junta de Coordinación Política, y
  • Reforma a la Oficialía Mayor.

 a. Fortalecimiento de las facultades de la Mesa Directiva del Pleno. 
Aunque al principio de la iniciativa se especifica que la primera parte de las reformas modernizadoras del Poder Legislativo debe centrarse en la Gran Comisión, resulta fundamental que este proceso venga acompañado de la generación de equilibrios entre la Junta de Coordinación Política y los demás órganos parlamentarios, en donde la Mesa Directiva asume una función fundamental para el desarrollo de las discusiones de los asuntos que hayan encontrado amplios consensos.  
En principio, se propone que la facultad de representación del Poder Legislativo sea asumida por el Presidente de la Mesa Directiva, conforme a las mejores prácticas parlamentarias. La modificación obedece al diseño propuesto de la Junta de Coordinación Política como un órgano de concertación y no como un órgano de mando. 
El representante del Poder Legislativo será el Presidente de la Legislatura, mismo que durará en funciones un Año Legislativo y no podrá ser integrante del grupo parlamentario al que pertenezca el Presidente de la Junta de Coordinación Política.  
Se fortalece la figura de la Vicepresidencia y la Secretaría, de tal forma que la conducción de los debates en Pleno, así como la función de representación de los Diputados, se desarrolle en condiciones de mejores prácticas parlamentarias. 

 
b. Creación de la Junta de Coordinación Política. 
La iniciativa propone que la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo sea el órgano de concertación política para facilitar los entendimientos parlamentarios. En la propuesta, se establece que la Junta se integrará por los Coordinadores de los grupos parlamentarios y la Presidencia será rotativa entre las tres fuerzas políticas con mayor representación. 
En cuanto al diseño de competencias, se establece lo siguiente: 
  • Esquemas de incidencia en la integración de las Comisiones;
  • Facultades para el fortalecimiento operativo y político de las Comisiones;
  • Esquemas de rendición de cuentas de la Oficialía Mayor ante la Junta de Coordinación Política;
  • Ejercicio de competencias en materia de elecciones extraordinarias para integrar la Legislatura y la Gubernatura del Estado de Quintana Roo;
  • Facultad de aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Legislatura y ejercicio y vigilancia sobre el presupuesto aprobado, y
  • Obligación de impulsar prácticas de Parlamento Abierto al interior del Poder Legislativo.
Las facultades de la Gran Comisión fueron estudiadas para que la transición propuesta respete el esquema de equilibrios de cualquier parlamento democrático. Sirve como base, más no como elemento definitivo, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la composición de las Juntas de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.**** 
De igual forma, se propone la creación de un Grupo de Trabajo que provea de los suficientes elementos a la Junta para decidir sobre conflictos, desaparición, asociación y creación de municipios. 
Dado lo anterior, se propone la desaparición de la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias y de la Dirección de Concertación Legislativa dado que  ambos órganos quedan sin materia a partir de la creación de la Junta de Coordinación Política. 

 
C. Oficial Mayor. 

Se especifica que el nombramiento de la persona titular de la Oficialía Mayor deberá generarse a partir de un proceso de concertación en la Junta de Coordinación Política para que después sea valorada por el Pleno. 

En cuanto al ejercicio presupuestal y la política de contrataciones, la Oficialía Mayor estará obligada a rendir periódicamente informes para el conocimiento, debate y votación de la Junta, fortaleciendo los esquemas deliberativos para los mecanismos de rendición de cuentas del Poder Legislativo. 

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