jueves, 18 de mayo de 2017

Tribunal federal "salva" de juicio político a tres magistrados electorales de Quintana Roo


Redacción.- Los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Victor Vivas Vivas, Nora Cerón Gonzalez y Vicente Aguilar Rojas, no serán objeto de juicio político, así lo ordenó este Jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Congreso de Quintana Roo, organismo que promovió este procedimiento en contra de los tres magistrados. 

Aquí la ficha informativa del TEPJF: 

Magistrado ponente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
Felipe Alfredo Fuentes Barrera 
Asunto: 
SUP-JDC-259/2017 
Actor: 
Víctor Venamir Vivas Vivas 
Acto reclamado: 
Dictamen emitido por la Comisión de Justicia de la Legislatura del estado de Quintana Roo, por el que entre otras cuestiones, determinó procedente la denuncia de juicio político presentada en contra de la ahora actora, por supuestamente haber incurrido en actos y omisiones con motivo del desempeño como Magistrado electoral local. 
Autoridad: 
Congreso del Estado de Quintana Roo 
  
Actor: 
Nora Leticia Cerón González 
SUP-JDC-260/2017 
Actor: 
Vicente Aguilar Rojas 
SUP-JDC-261/2017 

Sentencia 
Decreta la acumulación de los tres expedientes JDC. 
Se revocan los actos impugnados, es decir, el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de facultades para instaurar procedimiento de juicio político en contra de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
Dará vista a la cámara diputado y resolver a lo que su derecho corresponda. 
5 votos a favor  
2 en contra 

La postura del Congreso de Quintana Roo: 

El Congreso del Estado de Quintana Roo acatará las determinaciones que ha tomado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante la cual se promovió, por parte de tres magistrados electorales del estado, un juicio para la protección de sus derechos político-electorales a raíz de la demanda de juicio político que interpuso un Consejero del Instituto Electoral en Quintana Roo. 
  
El Congreso del Estado lamenta profundamente, que con esta resolución se esté sentando un precedente legal que impide fincar responsabilidades a los servidores públicos, en este caso Magistrados Electorales del Tribunal Local, aun cuando la sala Regional de Xalapa, del mismo Tribunal Federal, les acreditó haberse extralimitado en sus funciones en detrimento de las instituciones democráticas de nuestro estado de Quintana Roo. 
  
Dicha resolución prácticamente imposibilita a los órganos locales encargados de la fiscalización y revisión de las conductas de los servidores públicos de Quintana Roo, que puedan conocer y sancionar a dichos magistrados electorales, generándoles un manto de impunidad. 
  
Igual de grave resulta que la decisión del Tribunal no sea vinculante con el Congreso de la Unión, es decir, no mandata a que éste inicie el procedimiento de juicio político, sino que solo instruye se dé parte del caso, generando así una simulación jurídica. 
  
El Congreso de Quintana Roo no acepta los señalamientos presentados en la exposición del caso en el TEPJF en donde se acusa que el dictamen de la Comisión de Justicia y su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Quintana Roo, son violatorios del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”, ya que cada uno de los pasos y determinaciones tomados a la fecha, fueron apegados a nuestro marco jurídico, tanto federal como estatal y también, derivado de una declaratoria de incompetencia que el propio Senado de la Republica hizo, en la que señala que es tema de competencia del Congreso de Quintana Roo para conocer el asunto. 
  
Por ello reiteramos que en cada decisión tomada en el Congreso siempre ha sido una premisa fundamental terminar con la impunidad y la corrupción que tanto ha afectado a la sociedad quintanarroense. 
  
Desde el inicio de los trabajos de la presente Legislatura se comenzó el desmantelamiento de toda una estructura construida por el gobierno anterior con el objetivo de que todos los delitos que cometieron quedaran impunes, es así que los integrantes del Congreso comenzaron a desarmar el llamado “Paquete de Impunidad” con el que pretendían protegerse. 
  
El Congreso del Estado de Quintana Roo, esperará la notificación oficial que haga el TEPJF de la sentencia referida, a fin de conocer a detalle su contenido y a partir de ello, determinar las acciones legales a emprender.

El Congreso del estado de Quintana Roo reitera su compromiso de seguir actuando de acuerdo al marco jurídico, tanto Federal como Estatal, respetando las decisiones de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y combatiendo la impunidad, aunque, como en esta ocasión, se encuentren obstáculos en organismos que deberían de fortalecer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y el combate a la impunidad.

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