Sigue Félix: Exgobernador vinculado a aero-fraude de 5.7MDD, denuncia en curso

Chetumal.- El senador Félix González Canto está vinculado a la compra fraudulenta-simulada de un avión de 5.7 millones de dólares que su administración adquirió a un sujeto que no era el legítimo dueño de la aeronave, confirmó este Lunes el titular de la Gestión Pública estatal, Rafael del Pozo Dergal, quien adelantó que el gobierno de Quintana Roo está buscando las fórmulas jurídicas para fincarle responsabilidades al ex gobernador por este delito. 

La Secretaría de la Gestión Pública también confirmó que existe una denuncia en el ámbito civil y mercantil que pudiera alcanzar a la administración gubernamental del actual Senador de la Republica, Félix González Canto, por la simulación de la compra venta de un avión por 5.7 millones de dólares con la empresa Aves Flight Share. Si bien delitos del ámbito administrativo y resarcitorio han prescrito, el órgano fiscalizador en el estado explora otras vías jurídicas para fincar responsabilidades. 

“Es una investigación que está en curso donde no voy a hacer manifestaciones a detalle por razones obvias de la investigación y efectivamente hay una avión que fue rentado cuando la persona que lo vendió no tenía facultades para venderlo que lo simuló la propiedad del mismo para vendérselo al estado estamos en la etapa de la investigación es pronto para adelantar los resultados”. 

Rafael del Pozo Dergal señaló que independientemente a qué administración corresponda los presuntos hechos constitutivos de delito o a quién se le finque la responsabilidad, la realidad es que existe una simulación de actos por lo cual existen denuncias interpuestas.

“El problema grave de las responsabilidades para la forma en la que están diseñadas las leyes es el plazo de prescripción en responsabilidades administrativas que son de uno a 3 años, sin embargo pudiera existir en materia de delito alguno que no esté prescrito y es algo que se está valorando”. Por lo cual en el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, se está buscando una modificación sustancial en las reglas de prescripción y pasar de un año a 5 o 7 años y a partir de que el funcionario deje el cargo.