Causa Banco Azteca daño sicológico a chetumaleños; Infovir convertido en agente inmobiliario

Otrora institución dedicada a otorgar créditos para vivienda de interés social, Infovir se ha convertido hoy en un agente inmobiliario del poderoso Grupo Salinas, generándole millonarias ganancias para ambas partes, mientras aquellos que se embarcaron con estos créditos viven entre el temor y la zozobra de perder su patrimonio pues no pueden continuar pagando más intereses sobre intereses pese al acoso constante del que son objeto.

Por: Esmaragdo Camaz

María Silvia del Socorro Dzib Puc y su esposo son burócratas y trabajan en labores de intendencia. Juntos ganan unos dos mil pesos a la quincena y ya con todas sus prestaciones no juntan ni 5 mil pesos al mes. Tienen dos niñas, una de 10 y otra de 11 años. Las niñas lloran cada vez que el hombre de Banco Azteca llega al cuarto en que viven y les reclama porqué su mamá va atrasada en los pagos por el pie de casa de habitan.

Esta mujer ahora está peor que en 2007, cuando ilusionada con adquirir un patrimonio, se metió a este problema motivada por funcionarios de un organismo del gobierno estatal llamado Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo (Infovir). Su error fue comprarles a estos defraudadores.

Antes de embarcarse en esta aventura, María no tenía patrimonio, pero al menos no tenía la impagable deuda que hoy enfrenta. Y sobre todo sus hijas, su marido y ella misma, podían dormir si no tranquilos por las carencias de su condición económica, al menos no tenían encima a un hombre mal encarado, grosero y amenazador que se les aparece cada semana para someterlos al ataque sicológico.

Un médico con facilidad puede documentar el daño sicológico que el hombre de Banco Azteca causa a sus hijas y a ella misma, dice María.

A esta condición que enfrenta María hay que agregar cómo es el cuarto en que viven. Es de 3 por 4 metros, es decir, 12 metros cuadrados, esto por decir lo menos, es una burla. La habitación, llamada oficialmente “pie de casa”, es atentatoria al estándar mundial de vivienda digna, que marca claramente la división entre cuartos y un espacio mínimo para una cocina, una estancia, un baño y dos habitaciones.

Este invento teórico, retórico y demagógico de un cuarto amorfo llamado pie de casa que supone permitirle al derechohabiente la libertad de “crecer” como quiera y de acuerdo a sus necesidades, es otra de las aberraciones de sus creadores que no entienden algo básico: ¿Cómo va una familia en estas condiciones a construir para crecer si apuradamente tienen para comer?

Pero además, este cuarto le está costando a esta mujer una cantidad que raya en lo ridículo: 250 mil pesos.

Con los casi 5 mil pesos que este matrimonio gana cada mes, María necesitaría unos cuatro años para pagar esa cantidad. Esto siempre y cuando deje de comer ella, su esposo y sus hijas. Tendrían además que quedarse a vegetar en el cuarto para lograr una total inmovilidad que le impida generar algún tipo de gasto. Pero ya en ese plan, el matrimonio perdería el trabajo, las niñas la escuela y la familia completa moriría de inanición, aunque esto a la vez, ya sin vida, los dejaría sin la posibilidad de pagar la deuda.

Este escenario ridículo ya es una estupidez. Así es el caso de esta mujer y de muchas más que viven lo mismo en un asentamiento humano, que por sus características es considerado como inhumano, y que es conocido en Chetumal con el nombre de “Nueva Generación”.

Transacciones y desarrollos ilegales

Las ilegalidades del desarrollo de este asentamiento humano y las operaciones de esta dependencia son tantas, que ordenarlas y hacerlas medianamente entendibles al lector es todo un reto.

Una propiedad de las características descritas en ese asentamiento humano no tiene un precio mayor a 40 mil pesos, a decir de inmobiliarios particulares establecidos en Chetumal.

¿Pero cómo es que María debe pagar 250 mil pesos por este inmueble?

La razón es simple. Un individuo de nombre Ricardo Pech Gómez, que trabaja como director general del Infovir, operó como agente inmobiliario ante Banco Azteca para realizar una transacción que es común entre los desarrolladores de vivienda.

A diferencia de la Iniciativa Privada, este individuo hizo uso de los recursos públicos para promover este desarrollo de 569 cuartos y consiguió haciendo uso del nombre del gobierno del estado, un grupo de personas necesitadas de una vivienda. Con estos compradores potenciales, negoció con Banco Azteca un crédito para construir los cuartos con un costo global calculado de 68 millones 280 mil pesos. El costo de los mismos sería pagado por los clientes y en prenda quedarían las propias viviendas, a favor del Banco, claro.

O sea, Pech Gómez cerró una operación netamente comercial cuando la naturaleza de su trabajo y la institución que dirige es del interés social y no el comercial.  

Pero hay más. Este sujeto operó como una inmobiliaria privada siendo una Institución de Gobierno. Para enganchar la operación cada una de estas personas pagó al Infovir 8 mil pesos. Es decir, esta Institución se embolsó 4 millones 552 mil pesos.

Con todo este líquido, una aportación adicional del gobierno federal equivalente a 43 mil 780 pesos y un costo de construcción de 120 mil pesos por cuarto –edificación asignada a la empresa Promocasa-, el precio final de cada propiedad es de 68 mil 220 pesos.

¿Pero cómo puede un cuarto costar eso cuando su costo de construcción fue superior a su precio de venta?

La razón es un subsidio gubernamental.

¿Pero entonces cómo es que María debe pagar 250 mil pesos aún si en teoría le están aplicando “la ayuda” del gobierno a través de ese subsidio?

Porque la Institución que financió el proyecto –Banco Azteca- carga intereses por retrasos. Y como la transacción es netamente comercial, esta empresa no tiene miramientos en aplicar sus propios procedimientos.

El voraz crédito de Banco Azteca

El sistema de cobranza de los créditos de Banco Azteca es conocido como “pagos chiquitos” y funciona de esta forma. El pago es semanal y la cantidad que el cliente debe pagar ya incluye sus respectivos intereses de origen.

Pero si el cliente se retrasa una semana –cosa muy común-, entonces el sistema le carga a la siguiente semana un interés adicional por la semana que no pagó a tiempo, es decir, que el cliente ya está pagando dos cargas de intereses.

Y si el retraso es de dos semanas, entonces la carga de intereses es tripe. Y así consecutivamente, es decir que cada pago semanal tiene sus propios intereses moratorios, además del interés global del crédito. A la hora de que el cliente paga, el dilema es pagar capital o intereses, pero como además el acreditado no termina de entender el intrincado sistema, termina pagando cuando mucho los intereses más antiguos, sin que nunca pueda alcanzar a los actuales.

Cobrar cada semana es altamente conveniente para el Banco, porque en México los trabajadores reciben su salario cada dos semanas. De esa forma, el cliente seguro falla en la semana intermedia, generándole a Banco Azteca más ganancias. Este esquema -invención de esta empresa-, se aplica a todo tipo de créditos. Lo mismo para comprar un juego de sartenes en una tienda Elektra que para un crédito hipotecario.

Así con esta fórmula leonina y con este juego de cifras irregulares, este funcionario de gobierno, Ricardo Pech Gómez, cerró el negocio con Banco Azteca. Él mismo reconoce la procedencia del financiamiento de este proyecto.

Funcionario confeso

Apenas el 6 de Noviembre pasado Ricardo Pech Gómez le declaró a El Periódico –queriendo desmentir que vendió la cartera a un banco privado-, que este asentamiento humano promovido por el Infovir fue financiado por Banco Azteca. Y agregó que el gobierno federal otorgó un subsidio, mientras que la institución en la que trabaja donó el terreno.

El individuo explicó que por esta razón ese banco cobra a quienes adquirieron uno de los cuartos del asentamiento humano “Nueva Generación”.

Llama la atención cómo con tanta “ayuda gubernamental” estos chetumaleños tienen que pagar todavía más dinero a un banco, considerando que la propiedad adquirida tiene un valor ínfimo en el mercado inmobiliario.

Violaciones a la propia Ley del Infovir

La Ley del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo no contempla en ninguno de sus cinco capítulos transacciones de este tipo.

El Artículo tercero del Capítulo I dice: El Instituto tiene por objeto, contribuir al ordenamiento territorial, al desarrollo urbano y promover el acceso de las familias a una vivienda digna, a través de la formulación y ejecución de programas de ordenamiento, de financiamiento y fomento para la vivienda.

En el Artículo cuarto relativo a las atribuciones de este Instituto, hay tres apartados que son claros respecto al manejo de los recursos para el desarrollo de vivienda:

IX.- Fomentar la construcción y comercialización, en su caso, de lotes con servicios, obras de equipamiento urbano, viviendas y fraccionamientos de interés social, para su venta o renta a personas que carezcan de vivienda, y cuya capacidad económica no les permita adquirirla.

XV.- Otorgar créditos a personas de escasos recursos para que adquieran su lote o vivienda, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

XVIII.- Gestionar el financiamiento para la adquisición o construcción de vivienda, procurando el beneficio de la población, con escasos recursos.

Nada de lo contemplado en estos artículos fue cumplido a cabalidad.

Los cuartos de 3 por 4 que el Infovir vendió a este grupo de 569 incautos en el asentamiento “Nueva Generación” no son viviendas. Mucho menos son dignas. No otorgó créditos para su adquisición, sino fue sólo un agente inmobiliario de Banco Azteca, institución privada que dio los recursos para el desarrollo. Y estos créditos por sus condiciones leoninas no son en definitiva, un beneficio para la población de escasos recursos.

La edificación del asentamiento humano “Nueva Generación” es en conclusión, una acción violatoria a la Ley del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo.

Pero hay más violaciones.

El 30 de Marzo de 2006 le dieron a Ricardo Pech Gómez trabajo como director general de Infovir.

La Ley del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo prevé en su Artículo 15 Fracción IV, que para trabajar en esta posición es necesario que el interfecto presente además de estudios profesionales, conocimientos o experiencia en materia de vivienda y ordenamiento de la propiedad.

Pech Gómez no tiene ese tipo de conocimientos o experiencia, a juzgar por su experiencia laboral, exhibida en un documento de Acceso a la Información:

ESCOLARIDAD.- Licenciatura en Derecho.

· EXPERIENCIA LABORAL.-

A).- Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Cozumel.

B).- Director de Seguridad Pública y Tránsito en Cozumel.

C).- Administrador del Hotel Ventanas al Mar en Cozumel.

D).- Subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Su perfil pues, no encaja en los requerimientos de la Ley en cuestión y por lo mismo, la permanencia de este funcionario en el cargo es irregular.

Acciones legales

María y su familia busca ayuda desesperadamente en organismos no gubernamentales, medios de comunicación y en toda aquella persona confiable que no pertenezca al Gobierno, porque en este sector ha fracasado en todos sus intentos de encontrar justicia y soluciones a su problema.

Sus vecinos y ella misma se han manifestado sin éxito ante diputados locales y otros funcionarios de gobierno, quienes no hacen respetar las leyes que han sido violadas por el encargado del Infovir.

En su búsqueda, este domingo los vecinos de Nueva Generación recibieron asesoría de abogados de la Sociedad Cooperativa de Servicios Jurídicos (SCSJ) y del Movimiento Jurídico Nacional, A.C. El Barzón.

Las primeras acciones legales estarán orientadas a frenar el acoso de Banco Azteca sobre los habitantes de Nueva Generación y sobre todo, detener los desalojos que ya se han producido en ese lugar.

Jaime Rendón, socio fundador del Barzón y de la Comisión de Enlace Nacional, explica:

“Los lanzamientos que se han llevado a cabo extrajudicialmente, a todas luces ilegales, son parte del problema y se tratará de recuperar la vivienda a los afectados, y lo primero que se llevará a cabo como acción será demandar la nulidad de los contratos y la restitución de la vivienda de los desalojados”.

Sin embargo, este objetivo no será un logro inmediato, según reconoce el propio asesor legal.

“El caso es grande, no será sencillo y parte del compromiso será la capacitación para la organización, ya que será fundamental para el logro de los objetivos, que los afectados comprendan que la movilización y la vía jurídica serán la vía para que no se vean afectados y salgan de este problema, caso contrario los seguirán hostigando”.

Por su parte, Nozarim Espino, del SCSJ, dice que la tranquilidad y la erradicación del miedo entre los deudores de Nueva Generación es el paso inmediato en este caso. Explica que ningún deudor será desalojado y aconseja a los afectados que no deben caer en la campaña de miedo que sobre ellos ha emprendido Banco Azteca.

Como en todo caso jurídico mercantil en el que un contrato es la parte central del litigio, Banco Azteca tendrá que acreditar ante un juez cómo llegó a una cantidad exorbitante de 250 mil pesos cuando el precio de la propiedad es apenas de 68 mil pesos.

En esa argumentación estará basado el juicio que por el lado mercantil tendrá que enfrentar Banco Azteca, mientras que por la vía penal tendrá que responder por el acoso que ejerce sobre los deudores de Nueva Generación.

Respecto al Infovir y Ricardo Pech Gómez, las acciones penales también los alcanzan. En unos meses más, cuando este funcionario probablemente deje el cargo con el próximo cambio de gobierno, su enjuiciamiento sea más expedito.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ya dejó de proveer recursos al Infovir por las operaciones irregulares de Pech Gómez, derivados, entre otros casos, de la falta de respaldo de 38 millones de pesos identificados por la Auditoría Fiscal de la Federación.

Por este caso, diputados de oposición piden que este individuo comparezca ante el Congreso local para que explique el universo de las irregularidades que ha cometido durante el desempeño de su trabajo. Pero con una mayoría de legisladores pro gubernamentales, llevarlo ante los congresistas es todavía un hecho incierto.

María y las niñas no saben de politiquerías, ni de abogados y desafortunadamente, tampoco conocen sus derechos y por ende no saben cómo defenderse. Se dicen un poco más tranquilas ahora que hay quienes las asesoran legalmente.

Pero el problema persiste tras cada fin de semana. A diferentes horas las niñas están inquietas y tratan de perderse de la realidad distrayéndose en sus juegos. Pero cuando voltean y ven venir al hombre de Banco Azteca la angustia regresa y el temor las hunde una vez más en una realidad que ellas no logran entender.