En menos de seis meses de gobierno, Roberto Borge
aumentó la deuda estatal en 2600 millones de pesos, y además logró que se le
apruebe la posibilidad de conseguir otros 2500 millones por medio de una
polémica bursatilización y otro tanto, para pagar esos títulos. Sin embargo, la
propia ley de deuda pública impide pedir créditos porque el Estado tiene
déficit. Los 13200 millones de pesos de deuda que el Congreso aprobó esta
semana ponen al Estado al borde de la quiebra financiera, y a la oposición
política al PRI, que nunca ha sido tan funcional al poder y al dinero, la sumen
en la peor de sus crisis.
Por: Hugo Martoccia
Lo bueno de los números y las cuentas es que no
permiten especulaciones. Mas allá de la palabrería hueca de los diputados en
los últimos días (sobre todo, y lamentablemente, de los mal llamados
opositores), lo cierto es que el Congreso aprobó que el gobernador Roberto
Borge Angulo pueda contratar deuda nueva por más de 5 mil millones de pesos, y
le dieron total libertad de movimiento para que, incluso, pueda contratar otros
2500 millones para pagar la polémica bursatilización.
En total, se le ha permitido al mandatario estatal que
lleve la deuda hasta los 16 mil millones de pesos en los próximos tres años. Se
trata de una cantidad mayor a la del presupuesto anual del estado, que para
2011 es de 15 mil 557 millones.
Cualquier estudiante de una carrera contable sabe que
deber más de lo que se produce es financieramente inviable. Para que se
entienda: esa es la situación que vive actualmente Grecia, el epicentro de la
crisis financiera mundial, porque esta en riesgo su capacidad de pagar deudas.
Sin embargo, 22 diputados y el gobierno del estado
consideran que lo que aquí se hizo es un saneamiento financiero.
Para no abonar a la polémica sin sentido y al debate
estridente y sin sustento, Expediente Quintana Roo presentara un informe con
números que demostrarán, incuestionablemente, que el Estado pidió deuda nueva,
que se le ha dado la facultad al gobernador de contratar aún más deuda, y que
el decreto del Congreso viola la Ley de Deuda Pública.
La verdad de los números
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de
la Federación dice, en su informe de deuda del 31 de marzo de este año, que el
Estado de Quintana Roo tiene una deuda total de 10 mil 265 millones de pesos.
De ese total, sin embargo, el gobierno estatal debe de
8 mil 123 millones, los municipios deben 1828 millones, y 314 millones lo deben
otros organismos, que en este particular caso es la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA).
Los tres decretos aprobados por la Legislatura el
pasado jueves muestran números diferentes, que confirman que en estos seis
meses de gobierno la deuda se ha incrementado en al menos un 30 por ciento.
El primero de los decretos aprobados por 22 diputados
(excepto uno del PRD y uno del PT) dice que se le autoriza al Ejecutivo
Estatal:
"A contratar uno o mas financiamientos hasta por
un monto de 5.434.458.407 pesos para ser destinados a inversión pública
productiva mediante la realización de los actos jurídicos que determine este
decreto para refinanciar o reestructurar la deuda pública actual".
Según el artículo 1 del propio decreto, este se
refiere a la deuda de mediano y largo plazo.
Ese monto de algo de 5400 millones de pesos que se
piden corresponden con la deuda de largo plazo que tiene el estado. O sea, con
este dinero se pagará la deuda actual de largo plazo, y el nuevo crédito se
pagara a mayor plazo.
El otro decreto autoriza al Ejecutivo:
"A contratar de manera independiente al Instituto
para el Desarrollo y Financiamiento del Estado uno o varios créditos hasta por
la cantidad 5.293.532.736 pesos para inversión pública productiva destinados a
refinanciar, incluidos sus accesorios financieros, la deuda pública directa
actual de corto plazo del estado".
En este punto, la situación se complica. Veamos los
números. Los dos decretos autorizados dan una deuda total de 10.727.991.143.
Digamos, para redondear, que se trata de 10 mil 728 millones de pesos.
Si tomamos en cuenta que la SHCP reporta que la deuda
de gobierno estatal es de 8 mil 123 millones de pesos (lo otro es deuda
municipal y de organismos) la diferencia entre esos números es, entonces, la
nueva deuda estatal.
Se trata de 2 mil 605 millones de pesos que son
considerados deuda de corto plazo, a lo que se suma otro monto similar, que
había dejado como deuda de corto plazo el ex gobernador Félix González Canto y
que estaban consignados en los estados financieros del Estado.
O sea que Roberto Borge, en seis meses, gastó 2 mil
605 millones de pesos sin ninguna explicación. El tema es simple: o ese monto
es deuda nueva, o es una deuda ilegal que dejó el anterior mandatario estatal,
porque no estaba en ningún registro contable del Estado. En cualquiera de los
casos, se trata de una enorme irregularidad.
Expediente Quintana Roo publicó semanas atrás una nota
en la cual demostraba que de la deuda estatal reconocida, había 9 mil millones
de pesos perdidos, que no estaban en obra pública alguna.
Ahora, el monto de dinero a encontrar es ya de 11 mil
600 millones de pesos.
La bursatilización; la otra
deuda nueva
El tercer decreto que los diputados aprobaron el
miércoles, autoriza al Ejecutivo:
"A emitir certificados bursátiles hasta por
2.500.000.000 de pesos destinados a inversión pública productiva a través de
una o varias emisiones en un periodo de hasta tres años".
Como queda claro en el texto, ese monto de 2 mil 500
millones de pesos es una nueva deuda, que pretende destinarse a obra pública.
Este adeudo se pagará fundamentalmente con lo que se
recauda por el impuesto sobre nómina
Sin embargo, este decreto contiene la posibilidad de
una deuda aún mayor.
El artículo 5 del de decreto dice:
"Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del
estado (...) para que, en caso de considerarlo conveniente, contrate con
cualquier institución de crédito u otra persona de nacionalidad mexicana
garantías o apoyos crediticios de cualquier tipo relacionados con los
Certificados Bursátiles, incluyendo sin limitación garantías de pago oportuno u
operaciones similares, hasta por un monto equivalente a las cantidades pagadas
por el Estado de Quintana Roo de conformidad con dichos Certificados
Bursátiles".
Ese párrafo contiene una clara autorización para que
el gobernador, una vez que haya emitido títulos, y deba pagar los intereses o
capital de estos, pueda buscar créditos o garantías "de cualquier
tipo" que le permitan afrontar los compromisos.
La versión oficial, de la cual participan casi todos
los diputados oficialistas y de oposición, dirá que se trata de una cláusula
rutinaria, que sirve para garantizar el pago de los títulos, porque una demora
en esos pagos podría ser catastrófica para la calificación crediticia del
estado.
Sin embargo, en los hechos no es otra cosa que una
autorización para que el mandatario estatal pueda recurrir a créditos para
pagar los 2500 millones de pesos que puede bursatilizar.
O sea, hay allí una deuda posible de cinco mil
millones, que puede ser revolvente, de corto plazo o como sea, pero que al fin
siempre será dinero que se debe.
Y además, violan la ley
Para colmo de males, la nueva deuda que ha contratado
el Estado viola uno de los artículos de la Ley de Deuda Pública, que prohíbe
pedir nuevos créditos si el estado tiene déficit fiscal. Veamos porque.
De acuerdo a la Cuenta Publica 2010, EL DEFICIT
PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2010 DEL GOBIERNO DEL ESTADO ASCENDIÓ A $1,
193,165,755.14 (Son: mil ciento noventa y tres millones, ciento sesenta y cinco
mil, setecientos cincuenta y cinco pesos 14/100.)
Ese déficit, contraviene lo dispuesto en el párrafo
tercero del artículo 5 de la Ley de Deuda Pública, que dice:
“ARTICULO 5º.- Las Entidades Públicas previa
autorización de la Legislatura, podrán contratar deuda directa o contingente en
los términos de esta Ley.
La Legislatura podrá autorizar a Las Entidades
Públicas para contratar deuda directa o contingente con montos y en los plazos
que ésta estime, cuando tengan capacidad financiera para solventarlo y
considerando la naturaleza, objeto y destino del empréstito.
Las
entidades públicas deberán demostrar un superávit primario en sus finanzas y
presentarlo de conformidad a las disposiciones normativas de la Ley de la
materia y las que emitan
para tal efecto la Secretaría que permitan garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones de manera total y prever el monto económico específico en el
presupuesto de egresos de cada año durante la vigencia del financiamiento.
La oposición de mentira
Todo esto, la posible ilegalidad y la contratación de
una deuda impagable, fue olvidado por la oposición a la hora de votar en el
Congreso.
El PRD cambió sus votos por alguna de las promesas que
Roberto Borge le ha hecho al alcalde de Cancún, Julian Ricalde, como, por
ejemplo, la aprobación de la paramunicipal de basura. Esa extraña relación
entre las dos principales figuras políticas del Estado sólo servirá para hundir
en el descrédito a la oposición.
Lo del PAN y lo de Convergencia (ahora Movimiento
Ciudadano) es apenas la ambición personal de algunos de sus líderes,
institucionales o naturales.
En la oposición hay quien postula que el acuerdo
original de estos partidos fue aprobar lo que Borge pidió, con la idea de que
al final de esta historia el gobernador caerá preso de sus propios errores y
sumirá al Estado en la peor crisis de su historia.
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Comentarios
pero de que sirve que halla leyes si no las cumplen? y ademas los que deberían de velar por nuestros intereses resulta que se venden al mejor postor cual PROSTITUTA
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