A propósito de la reciente detención y
exhibición pública de Eduardo Miguel Larios, el funcionario municipal de medio
pelo que el Ayuntamiento de Cancún metió en la cárcel unos días por una
supuesta extorsión a un contribuyente y que Julián Ricalde difundió con tanto
empeño, viene a la memoria el asunto del millonario desfalco de los 162
millones de pesos que el propio alcalde destapó el 3 de Noviembre 2011, cuando
prometió dar los nombres de los involucrados en dicho quebranto. De eso ya
vamos para el año de espera y Julián no ha revelado todavía esas identidades.
Por: Esmaragdo Camaz
Julián Ricalde tomó posesión el 11 de Abril
2011 y poco después sacó la espada acusando múltiples desfalcos realizados a la
Comuna por funcionarios salientes, y aunque prometió justicia para las finanzas
públicas que todo lo aguantan, hasta hoy los cancunenses seguimos esperando
conocer a estos personajes.
El tema central de esta develación de
funcionarios es el desfalco por 162 millones de pesos que Julián dijo descubrir
a su llegada al Palacio, mismos que habían sido “desaparecidos” en la
administración pasada, de la que él mismo por cierto, tambi
én
formó parte, con la salvedad de que en ese entonces él no se dio cuenta de
nada, pues de otra forma, no se entiende cómo es que no lo denunció con
oportunidad.
No hay que confundir este caso de los 162
millones de pesos con el de los 89 millones de pesos, que son dos asuntos
diferentes.
El segundo es un proceso penal que la
Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo le sigue a ex funcionarios de
Benito Juárez, básicamente a Gregorio Sánchez Martínez y Carlos Trigos Perdomo,
en base a una denuncia interpuesta por el Órgano Superior de Fiscalización
(OSF) del Gobierno del Estado.
Esta denuncia del OSF ante la PGJE es a su
vez, un ordenamiento del Congreso del Estado que encontró elementos de delito
en la cuenta pública de Benito Juárez del 2009, derivado de un dictamen de la
Comisión de Hacienda, que en ese entonces estaba bajo la tutela de Laura
Fernández Piña, quien pidió la acción cautelar por un desfalco de 89 millones
de pesos.
El resultado de todo esto fue que el 20 de
Marzo 2012, en medio del proceso electoral federal, el procurador de Justicia,
Gaspar Armando García Torres, adelantó que habían elementos de delito por
peculado y que en cualquier momento serían liberadas órdenes de aprehensión en
contra de los inculpados.
No dio la identidad de los inculpados, pero
eran del dominio público los nombres de Gregorio Sánchez Martínez y Carlos
Trigos Perdomo, este último, el tesorero municipal en la administración de
“Greg”.
Lo que pasó en los siguientes días es conocido
de la opinión pública. Sánchez Martínez y Trigos Perdomo desparecieron y el
primero regresó a la escena política seis días después, el 26 de Marzo 2012,
sólo para anunciar su renuncia a la candidatura del PRD para el Senado de la
República.
Hasta aquí este proceso iniciado y
desarrollado por las instancias estatales, del que por cierto, no se ha
informado más.
Pero el otro, el de los 162 millones de
pesos, el que Julián destapó el 3 de Noviembre 2011, sigue en el limbo. Ricalde
prometió ese día dar a conocer los nombres de los involucrados, pero no lo ha
hecho.
El presidente municipal “justiciero”
tampoco ha interpuesto denuncia penal en contra de los “presuntos”.
Y la contralora interna del Ayuntamiento, Reyna
Arceo, sólo ha dicho ante medios informativos que “ya tienen avances” de las
investigaciones, pero en ningún caso estas han dado paso a una denuncia penal.
No está por demás decir que la Contraloría
Interna del Ayuntamiento carece de autoridad judicial para castigar a los
culpables. En todo caso, de esa Institución deberá salir un documento
probatorio que sirva de base para interponer una denuncia penal ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado, quien, como en el caso anterior de
los 89 millones de pesos, se encargaría de impartir justicia.
Pero nada de esto ha sucedido en torno al
desfalco de los 162 millones de pesos.
Julián prometió dar a conocer los nombres
de quiénes participaron en ese desfalco. Se sabe que entre ellos figuran
reconocidos personajes de alto perfil ligados a diversos grupos políticos,
entre ellos del PRI, incluso algunos muy cercanos a Cozumel.
Sin embargo, es Julián quien debe decir sus
nombres, pues es él quien, justiciero, salió ante la opinión pública a prometer
revelar las identidades, así que nadie tiene porqué hacerle esa chamba al
presidente municipal.
También se sabe que la historia de la
desaparición de los 162 millones de pesos se desarrolló en el mismo tiempo en
que el PRD realizaba una fuerte y onerosa campaña para la presidencia municipal
de Cancún y que el principal beneficiado de la misma es el propio Julián
Ricalde.
Julián perdió el bigote el 9 de Mayo 2012
por que no cumplió la promesa de bajar de peso 20 kilos en tres meses.
¿Qué perdería esta vez si no cumple su
promesa de dar a conocer los nombres de los responsables del desfalco de 162
millones de pesos?
Julián sabe mucho, pero calla.
La semana pasada dijo en la radio del
Ayuntamiento que él sabía que en Ingresos venían sustrayendo dinero de forma
ilegal, habló de 8 millones de pesos perdidos. Dijo también que Eduardo Miguel
Larios no pudo actuar solo y que a este funcionario lo estaba vigilando, hasta
que lo pudo atrapar.
En respaldo de esta declaración de Julián,
el Juez que lleva la causa, cambió el delito de extorsión por el que Larios fue
acusado, y lo tipificó como cohecho, lo que quiere decir que, en efecto, al
funcionario se le tendió un garlito para hacerlo caer en una práctica ilegal
que ya venía realizando tiempo atrás.
Una fuente periodística al interior del
Ayuntamiento de Benito Juárez dice que últimamente –desde que se conoció el
caso Larios-, el tesorero municipal, Leonel Sauri Galué, antes tan hermético a
la prensa, ahora anda de zalamero con los reporteros a ver quien le quiere
tomar una declaración para curarse en salud.
En este mismo sentido hace unos días, el
Ayuntamiento pegó por todo su edificio unos panfletos en los que anunciaba la
“Semana de la Honestidad y la Transparencia”, siete días en los que
funcionarios municipales de todos los niveles, incluido claro el propio Julián,
se comprometían a ser honestos y transparentes.
Lo malo que sólo fue una semana.
Al término de este muy breve período de
honestidad y transparencia y ya en el mundo real otra vez, los funcionarios de
las finanzas públicas municipales siguen operando con normalidad a placer
mientras Julián sigue curándose en salud acusando a funcionarios de poca monta,
a quienes exhibe como extorsionadores, aunque conociendo sus acciones, como él
mismo lo reconoció con Larios, los deja operar hasta que un día decide
atraparlos.
Larios por cierto, es un funcionario de
larga trayectoria en el Ayuntamiento. Está raro que si el propio Julián, como
ya dijo, sabía lo que estaba pasando en Ingresos, haya esperado tanto para
detener esa ilegalidad.
De este caso, faltan caer los demás
funcionarios participantes, pues Julián ya dijo que Larios no debió actuar
solo.
Y de regreso al desfalco de los 162
millones de pesos, a Julián todavía le queda tiempo para cumplir con su
promesa, pues su administración termina el próximo año.
Nada más es cosa que se apure y sí lo
logra.
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Comentarios
Solo por que el gobierno de Benito Juarez ha sido administrado por organizaciones no priistas tratan de sacar todo lo posible que pueda afectar su imagen, deberían estar mas al pendiente de la administración de Othón P. Blanco, aquí las cosas si están sucias pero nadie dice nada a Villanueva Jr.
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