Defensores de Periodistas y Derechos Humanos exigen a gobierno de México proteger a Lydia Cacho


Especial.- Luego de que la periodista Lidia Cacho presentara una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por amenazas contra su persona el pasado 29 de julio, organismos de apoyo a comunicadores como Amnistía Internacional (AI) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigieron al gobierno de México que garantice la seguridad de la periodista.


Según información, la periodista -quien publicara en el 2005 el libro “Los demonios del Edén” donde  daba a conocer una red de pornografía infantil que involucraba a empresarios y políticos de los estados de Puebla y Quintana Roo- estaba en su casa en Cancún cuando por medio de su sistema de comunicación de emergencia el pasado  domingo escuchó una voz desconocida  que le decía: "se ve que no aprendiste con la vueltecita que te dieron, la que te va a tocar va ser en pedacitos, así te vamos a mandar a casa", por lo que acudió a la PGR a interponer la formal denuncia.
Esa situación ha generado reacciones de organismos internacionales encargados en proteger las garantías de los comunicadores, tal es el caso de CPJ, por lo que su coordinador para América Carlos Lauría, dijo que esta situación “resulta particularmente alarmante para las autoridades mexicanas, las cuales  deben garantizar su seguridad'', exigió.
De igual manera, Amnistía Internacional (AI) informó que la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho, fue amenazada de muerte por lo que también hizo un llamado urgente al gobierno mexicano para proteger a la periodista y defensora de derechos humanos.
A través del documento, pidieron acción urgente en torno a las amenazas, además de dirigir escritos antes del 12 de septiembre, al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero y a Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, para exigirles que se implementen medidas efectivas de protección para la afectada.
Asimismo, piden una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte y que los responsables sean llevados ante la justicia.
Esta no es la primera ocasión que organismos hacen un llamado al gobierno de México para que protejan la labor de la periodista, tal y como sucedió en 2009, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno mexicano adoptar medidas cautelares para Lydia Cacho.
Cabe señalar que en 2010 la periodista publicó otro libro sobre la trata de mujeres y niñas, revelando los nombres de individuos presuntamente vinculados a estas redes delictivas.
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