Piden Ley de Extinción de Dominio para combatir crimen organizado en Quintana Roo
Por:
Expediente Quintana Roo
Publicado:
Chetumal.- El presidente de la comisión de Seguridad Pública
Municipal, Rivelino Valdivia Villaseca, se pronunció a favor de que la XIII
Legislatura de Quintana Roo reforme el Código Penal del Estado con el fin de
elaborar, dictaminar y aprobar una Ley de Extinción de Dominio, como una forma
de combatir al crimen organizado y mermar sus actividades económicas.
El regidor consideró que la Ley de Extinción de
Dominio deberá contemplar que las instancias correspondientes actúen de manera
autónoma, con información recabada en las investigaciones correspondientes y la
que el Ministerio Público tenga en el inicio de la averiguación, con el fin de
incautar los bienes muebles e inmuebles utilizados para cometer delitos como el
de robo de automóviles, secuestro, narcotráfico y trata de blancas.
La Ley deberá contemplar la incautación de
terrenos, casas, propiedades, empresas, vehículos, recursos financieros, no
sólo de los delincuentes, sino de terceras personas, como familiares y
prestanombres y en donde se encuentren elementos y pruebas de que son producto
de actividades ilícitas, estimó el concejal.
No obstante a esta solicitud, el regidor de Othón
P. Blanco sugirió que aunque una Ley federal no puede ser aplicada por las
autoridades municipales, los Ayuntamientos sí pueden ser coadyuvantes en la
investigación y operativos conjuntos, con el fin de asegurar estos bienes
muebles e inmuebles de la delincuencia organizada.
“Al ser un polo de desarrollo turístico, a Quintana
Roo llegan personas del interior del país en busca de un empleo, pero también
han llegado grupos de delincuentes que se dedican al secuestro, al trasiego de
drogas ilícitas y al control de la prostitución, tanto femenina como
masculina”, sostuvo.
La reforma reglamentaria del Artículo 22
constitucional, elaborada por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja,
también amplía las facultades para que el Ministerio Público pueda solicitar
medidas cautelares sobre los bienes que estén involucrados en hechos ilícitos o
son producto de ellos.
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