Juicio Político contra Ricalde; cancunenses meten solicitud al Congreso por el desvío de 229MDP

Chetumal.- Cancunenses de la sociedad civil, entre ellos, Eloísa Candelero, Araceli Cuenca Vélez, Petronila del Carmen Cruz Carrillo, Concepción del Rosario López Couoh, Enoc Aguilar Guillén, Leonardo Gutiérrez Cruz María Ernilda Baños Luna y Albino Tapia Valdés, ingresaron al Congreso de Quintana Roo una solicitud de Juicio Político en contra del presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, por el desvío de 229 millones de pesos que el Municipio recibió en 2009 para Obra Pública, misma que no fue ejecutada, en tanto, una Comisión investigadora determinará en cinco días la viabilidad de enjuiciar al edil.

Asesorados por el diputado local del PRD, Alejandro Luna, habitantes de varias zonas de Cancún acudieron al Congreso local para presentar una solicitud de juicio político contra quien resulte responsable por el “extravío” de 299 millones de pesos durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez.

Sin embargo, según el legislador local al ser Julián Ricalde Magaña el actual presidente municipal de Benito Juárez, tendrá que enfrentar dicho procedimiento, por lo que prácticamente de manera directa e indirecta le afecta esa solicitud, misma que fue presentada por al menos ocho habitantes de las diferentes regiones de Cancún, en el área de Oficialía de Partes del Congreso local la tarde de este jueves.

Según un documento que leyeron durante la entrevista a los medios de comunicación, los habitantes de Cancún señalan que la “principal causa de solicitud de juicio político contra Julián Ricalde Magaña y de quién resulte responsable es por violaciones a la Constitución del Estado por haber hecho perdidizo, el recurso de 230 millones de pesos que fueron autorizados por el Congreso local para obras públicas en Cancún en 2009 y fue depositado posteriormente en el 2010 y ejercidos de manera irregular un año después”.

Otro de los puntos que señala el documento es que el actual edil además de ser la máxima autoridad de ese municipio, fue el secretario de Obras y Servicios Públicos durante el trienio de Gregorio Sánchez Martínez  y fue quien programó las acciones a realizar y ahora como presidente municipal, debe rendirle cuentas a la población de esa demarcación.

Los documentos en los cuales se incluyen el decreto 166 expedido por el Congreso local cuando se autorizaron los recursos, así como una lista de obras que debieron llevarse a cabo y no se cumplieron, así como una serie de testimoniales y al final una lista de nombres de quienes firman dicha solicitud: Eloísa Candelero, Araceli Cuenca Vélez, Petronila del Carmen Cruz Carrillo, Concepción del Rosario López Couoh, Enoc Aguilar Guillén, Leonardo Gutiérrez Cruz, así como María Ernilda Baños Luna y Albino Tapia Valdés.

Una vez entregado el documento, dicha área del Congreso local tiene un plazo de tres a cinco días para que se haga llegar a la Comisión de Justicia para que pueda revisarle y en su caso dictaminar si es procedente o no; en este apartado el diputado local, Alejandro Luna, dijo que estará pendiente del proceso que sigue dicho documento.