Antorchistas advierten la ley de la fuerza y los medios de comunicación

México, D.F.- El coordinador de la Dirección Nacional de Antorcha Campesina, Omar Carreón Abud, se pronunció a favor de que impere un sentido de ética en los medios de comunicación, así lo dio a conocer en un comunicado.

Aquí el comunicado:

Casi quince días tienen ya secuestrados, un campesino nahuátl de San José Amoltepec y dos de sus jóvenes hijos, por un grupo armado que se hace llamar “policía comunitaria” de Temalacatzingo, del municipio de Olinalá, Guerrero.

Asimismo, durante varios días, en el horario estelar de algunos de los principales canales de televisión, se ha estado dando cuenta de estas supuestas “policías” mediante las cuales, se dice, el pueblo trabajador del campo, harto de ser víctima del crimen organizado, se ha decidido, se ha armado y ahora le hace frente para seguridad de las familias; el contenido y la forma de las notas es abiertamente elogioso y los reportes se salpican con entrevistas a supuestos o reales viajeros que declaran ante cámaras y micrófonos que “está muy bien porque el crimen ya era inaguantable”.

No obstante, más allá de la versión fabricada por los medios de comunicación, la realidad, como en otros casos, es muy diferente.

No se trata aquí de juzgar con severidad las ingenuas exageraciones de un pueblo desesperado; nada de eso, no hay tal pueblo desesperado que combate valientemente a la delincuencia organizada.

Se trata de importantes grupos de poder, de caciques de la zona de Olinalá que se han armado para imponer su voluntad por la fuerza ahora que en las pasadas elecciones el pueblo, harto de ellos y sus tropelías, decidió arrojarlos del poder municipal.

La redentora “policía comunitaria” es comandada por un sujeto que se llama Silverio Bello García de quien se dice en la región que no hace mucho participó en el asalto a la gasolinera de Olinalá y se asocian con él de manera destacada, Tomás Ortega Rosendo, quien fuera Director de Tránsito en el Ayuntamiento que terminó su período el día último de noviembre y un tal Casildo Sánchez Dolores, comisario de San José Amoltepec.

A todos ellos, los apoyan diligentemente los tres regidores perredistas de la actual administración, así como Francisco Casarrubias Alonso, presidente del PRD municipal de Olinalá. La cabeza visible de toda la caterva es Luisa Ayala Mondragón, actual diputada local por el Distrito XXVII y expresidenta municipal de Olinalá por parte del Partido de la Revolución Democrática. Como puede verse la “policía comunitaria” de Olinalá tiene una filiación y unos intereses políticos y económicos muy precisos y bien definidos.

Y también antecedentes muy conocidos: mientras gobernó Luisa Ayala Mondragón, menudearon los abusos: todavía se recuerda que se apoderaron de terrenos, cobraban por el agua de la presa de Duraznotitlán, cobraban renta por la torre de telefonía celular y cercaron, metieron animales y, durante cinco años no dejaron sepultar difuntos, es decir, se apoderaron del panteón de Santa Cruz Comalapa.

Estos son los que se ocultan detrás de pañuelos y capuchas y un buen día se salieron armados a la calle y colocaron retenes en los que, sin ningún derecho ni autoridad, detenían e interrogaban a todos los que pasaban y les aplicaban las medidas que se les venía en gana.

Así, el pasado 12 de enero, a eso de las diez de la noche, detuvieron a Jaime Maximino García, quien, acompañado de su esposa e hijos, llegaba a Temalacatzingo a llevar a unas personas procedente de San José Amoltepec que es su pueblo, de forma nada comedida le preguntaron que cómo se llamaba, que de dónde venía, que a qué se dedicaba y, una vez que hubo contestado a todo las interrogantes mientras le revisaban minuciosamente su camioneta, le permitieron el paso.

Cuando la familia salía de regreso a su pueblo, a eso de las doce de la noche, la revisión y el interrogatorio se repitieron, sólo que esta vez, más impaciente y molesto por el agravio, Jaime Maximino, arrancó su camioneta sin esperar a que se le pusiera término oficial al operativo.

A continuación, a los pocos minutos de haber llegado a su casa a San José Amoltepec, lo atacaron 60 sujetos armados y encapuchados que golpearon a él, a su esposa, a sus padres e hijos y, junto con su esposa e hijos, se los llevaron amarrados a San José Tecorrales, que es donde la “policía comunitaria” tiene su cuartel general. Ahora, aplicando su justicia, que no la de la nación entera que rige a todos los mexicanos, exigen 100 mil pesos para poner libres a los tres que permanecen secuestrados.

No estamos solamente ante un escandaloso e indignante atropello en contra de una pacífica familia, estamos ante un grave atentado contra el estado de derecho que nos hemos dado todos los mexicanos. Y no es frase hecha carente de contenido.

Cada 5 de febrero conmemoramos el aniversario de la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y cada vez son más las personas que no son capaces de valorar su importancia, no sólo eso, encuestas recientes demuestran que un gran porcentaje de la población ni siquiera sabe que se conmemora ese día.

Pero el 5 de febrero recordamos o debiéramos recordar el principio del fin de una sangrienta guerra entre mexicanos, la aprobación de un documento mediante el cual, los grupos en pugna llegaron finalmente a un acuerdo y se comprometieron a respetarlo para evitar más matanzas y vivir en paz.

Así de que violar la Constitución, echarla por la borda como trasto viejo e imponer la soberana voluntad de grupos y personas, es empezar de nuevo la guerra entre los mexicanos.

Eso significa que, contra lo que establece la ley en materia de la atribución del Estado como monopolio exclusivo de la fuerza armada, un grupo, con el pretexto que sea, se arme y se ostente armado; eso significa que al margen del derecho y de las garantías individuales, sólo por sí y ante sí, ese grupo proceda a detener y mantener preso a quien se le pegue la gana; eso significa que recluya a los presos en cárceles privadas e imponga sanciones a su arbitrario criterio.

Eso significa que una persona o un grupo, con el pretexto que sea, se erija en acusador, en policía, en carcelero, en juez y en ejecutor de la sentencia. Las distorsiones de la justicia, suplantadas por abusos y crímenes mayores todavía.

Todo ello constituye una gravísima amenaza para todos los mexicanos porque si “es bueno” para Temalacatzingo, Olinalá y Guerrero, tendrá que ser bueno para las colonias urbanas de Guadalajara, Chihuahua, Querétaro, Villahermosa y para el Centro histórico de Morelia ¿o no? ¿Imponer la ley del más fuerte es lo que ofrecen a México los perredistas? ¿Eso es lo que ahora encarecen los medios de comunicación?