miércoles, 3 de abril de 2013

En la informalidad 352 mil personas en Quintana Roo, revela delegación del Trabajo


Chetumal.- Debido a la crisis económica y la falta de políticas públicas que propicien inversión privada y generación de empleos dignos, en Quintana Roo existen más de 352 mil personas económicamente activas en la informalidad, reveló Enoel Pérez Cortez, delegado federal del trabajo en la entidad.

Aseguró que por la situación económica, la falta de oportunidades y los bajos salarios, han obligado a estas personas a trabajar en el ambulantaje y en otros empleos para subsistir, aunque no tengan la oportunidad de accesar a la seguridad social, vivienda y una pensión para el retiro.

“Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, hay más de 352 mil personas trabajando en la informalidad que no están dados de alta en el Seguro Social y ásta estadística lo arroja el INEGI y fue en el primer bimestre del año, más de 352 mil en Quintana Roo de personas que trabajan en la informalidad”.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el empleo informal se ha disparado en los primeros meses del 2013 en el estado, esto ante la falta de consolidación de nuevas empresas y de obras públicas.

Manifestó que esto ha paralizado prácticamente la economía de la entidad y ha obligado a las familias a optar por el autoempleo o el ambulantaje, con la finalidad de obtener un ingreso para poder alimentar a sus familias.

Las más de 352 mil personas con un empleo informal, carecen de infinidad de beneficios establecidos en la ley, sin que hasta el momento se regule esta situación.

“La seguridad social es el principal problema, por supuesto sabemos que el ciudadano siempre busca tener un ingreso de manera inmediata para su familia y eso les lleva a trabajar como vendedores informales, en tianguis, trabajar en algunas empresas, a través de comisiones, incluso los taxistas en las zonas de playas, etc.,  hay muchas personas que buscan un ingreso inmediato y acuden a este tipo de trabajo informal”.

Señaló que lamentablemente estas personas no cuentan con ningún beneficio de ley, ya que al permanecer en la informalidad, no les permite accesar a una vivienda digna, seguridad social o un fondo para el retiro.

“Ya estamos elaborando un diagnóstico para establecer los procedimientos para realizar este traslado de la informalidad a la formalidad, hemos pedido la participación de los factores de la producción, del sector empresarial, de los sindicatos y de la academia”.

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