Se hace pato: Carlos Joaquín omiso pese a pruebas del Congreso y de la Fiscalía en contra de Roberto Borge

Cancún.- El gobernador Carlos Joaquín se mantiene omiso en su principal promesa hecha a los quintanarroenses de llevar a juicio a su antecesor, Roberto Borge, pese a que el líder del Congreso, Eduardo Martínez, reportó este Viernes que existen elementos para proceder penalmente en contra del ex gobernador por desvíos superiores a 5 mil millones de pesos, mientras la organización “Somos tus Ojos” denunció que no hay avances en la Fiscalía de Quintana Roo respecto a la querella en contra del ex mandatario por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por el fraude de 34 predios costeros de Tulum, aún cuando el Fiscal del estado es un funcionario subordinado del actual ejecutivo estatal.

La denuncia pública del desvío y malversación de millones de pesos durante el gobierno de Roberto Borge fue la plataforma de campaña triunfadora del ex priista y hoy gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, quien a 20 días desde su llegada al cargo se ha mantenido esquivo y omiso sobre el tema de llevar a juicio a su antecesor y ex compañero de partido.

El panista Eduardo Martínez, líder del Congreso de Quintana Roo, afirmó este Viernes que existen suficientes elementos para proceder penalmente en contra de Roberto Borge.

Explicó que estos elementos derivan de las comparecencias de funcionarios de la administración Borge, quienes ante el Congreso vertieron información comprometedora, como Juan Pablo Guillermo Molina, ex titular de Finanzas y Planeación; Gustavo Guerrero Ortiz, ex director de CAPA y Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, al frente de la aerolínea estatal VIP-SAESA.

El líder del Congreso -quien ofreció esta declaración durante una especie de encuentro-desayuno para congraciarse con la prensa del norte del estado en un lujoso hotel de Cancún-, dijo que hasta ahora el desfalco de Roberto Borge sería de unos 5 a 6 millones de pesos.

Y también insistió en que al menos el 50 por ciento del “paquete de impunidad” que se auto-confeccionó Roberto Borge ha sido revertido, por lo que ya no habrían limitantes para llevar a juicio al ex gobernador.

En tanto, Fabiola Cortés, dirigente de “Somos tus Ojos”, denunció también hoy a través de un comunicado colgado en redes sociales, que la querella FGE/ QR/SOL09/3943/2016 en contra del ex gobernador Roberto Borge por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito se encuentra deliberadamente “estancada” en la Fiscalía de Quintana Roo.

Esta denuncia en contra de Borge fue interpuesta el 25 de Septiembre pasado –mismo día que el ex mandatario dejó el cargo-, por el fraude de 34 predios costeros de Tulum vendidos a precios ridículos a particulares y familiares vinculados al ex gobernador de Quintana Roo.

El fiscal transexenal Carlos Arturo Álvarez Escalera –impuesto por Roberto Borge-, es un funcionario subordinado del gobernador Carlos Joaquín González, de acuerdo a la cadena de mando en la estructura gubernamental.

El Fiscal de Quintana Roo es el abogado del estado y no es un ente autónomo al gobierno estatal. Y aún cuando Roberto Borge lo designó, ahora el gobernador Carlos Joaquín es su jefe y éste no tiene impedimento alguno para ejercer su autoridad sobre el titular de la Fiscalía.

A su llegada al cargo hace 20 días y ante la insistencia de los quintanarroenses respecto a su principal promesa de campaña de llevar a juicio a Roberto Borge y sus funcionarios, Carlos Joaquín permanece omiso pese a las pruebas que su propio equipo tiene en contra del ex mandatario.

Aquí el comunicado de “Somos tus Ojos”:

Sin avance se encuentra la denuncia presentada en contra del ex gobernador Roberto Borge Angulo por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, presentada ante en el Ministerio Público de Solidaridad, en la ciudad de Playa del Carmen.

El domingo 25 de septiembre pasado, fecha en la que Borge Angulo se quedó sin fuero constitucional, se presentó la denuncia por el delito de peculado, contemplado en el artículo 256 del Código Penal de Quintana Roo, por la venta a precios subvaluados de 34 terrenos ubicados en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual y Chetumal, mismos que eran propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y la cual quedó registrada con el número FGE/QR/SOL/09/3943/2016.

Tres días después, el 28 de septiembre, se realizó una ampliación de la denuncia inicial por el delito de enriquecimiento ilícito (artículo 252 del Código Penal de Quintana Roo), misma que se acompañó con 19 datos de prueba consistentes entre otros documentos en la copia simple del acta Constitutiva de Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., razón social de la compañía naviera Barcos Caribe, que presuntamente pertenece a Roberto Borge Angulo, y en la que Franco González Patrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo se ostentan como propietarios.

Se aportó también como dato de prueba la copia simple del Acta número tres mil novecientos veintidós, volumen XVII, tomo C, folio ciento ochenta y ocho expedida por el notario 47 de Cozumel, Ricardo Lezama Pech, el tres de diciembre del año dos mil catorce en la que se protocoliza la factura comercial de la embarcación Kilimanjaro I, conocida ahora como “Caribe”. Igualmente se aportó la copia del Acta correspondiente de la protocolización de la factura comercial de la embarcación Kilimanjaro II, conocida ahora como “Caribe II”.

En el acta de protocolización de los referidos documentos, se lee la transcripción de la factura comercial, debidamente traducida del inglés al español por perito autorizado, en la que se hace constar la venta por parte de Kilimanjaro Fast Ferries LTD, con sede en Zanzibar, Tanzania, de dos unidades de ferries de pasajeros tipo catamarán de nombre Kilimanjaro I y Kilimanjaro II a Impulsora Marítima de QRoo y del Caribe, por un monto de 4,900,000 dólares americanos  (cuatro millones novecientos mil dólares americanos), pagados en su totalidad.

Con estos datos de prueba, se solicitó a la Fiscalía del estado dar aviso a la Secretaría de Hacienda, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se determine si la adquisición de los referidos barcos se llevó a cabo con apego a la ley

Asimismo se le requirió dar parte a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR, para saber en qué modalidad fueron pagadas las embarcaciones, ya que dicho dato no obra en las facturas y tampoco en las actas de protocolización de documentos; y de acuerdo al artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su fracción II: “Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, en los supuestos siguientes: (…) II. 

Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados,  ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;”

A la Fiscalía de Quintana Roo, también se le entregaron, en copia simple, documentos relacionados con la actividad fiscal de Franco González Patrón y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, a quienes se señaló como presuntos prestanombres de Roberto Borge Angulo, y en las que no demuestran capacidad económica para llevar a cabo la compra de las embarcaciones referidas por un monto de casi 5 millones de dólares, liquidados totalmente a la entrega de los dos catamaranes que actualmente prestan el servicio de ferri de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel.

De la misma manera, se le allegaron datos de prueba consistentes en copia simple del Acta constitutiva de la escritura pública número 3,634 (tres mil seiscientos treinta y cuatro) emitida por el notario 53, Oswaldo Antonio Canto Mármol, de fecha tres de marzo del año dos mil catorce, en la que Celso González Hermosillo y Melgarejo y María Lourdes Pinelo Nieto, constituyen “Caracol 65 Sociedad Anónima de Capital Variable”. Dicha empresa cuyo objeto social es la compra-venta de inmuebles, así como el desarrollo inmobiliario, fue beneficiada con la entrega de diversos predios por parte del IPAE, de los que se le proporcionaron a la autoridad, en copia simple, los contratos de compraventa del IPAE.

María Lourdes Pinelo Nieto es desde hace años, secretaria del señor  Roberto Borge Martín, padre del ex Gobernador; en tanto César Celso González Hermosillo, es abogado de la familia, lo que es públicamente conocido en la isla de Cozumel.

Por el delito de peculado también se denunció a Claudia Romanillos Villanueva, quien fungió como titular del IPAE.

Esta semana la denuncia y su ampliación fue asignada al agente del Ministerio Público de Solidaridad especializado en delitos diversos, quien determinará lo precedente.

Cabe destacar que una copia de la denuncia, su ampliación y los datos de prueba fue entregada por Oficialía de Partes de la PGR, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, cuyo titular es José Guadalupe Medina Romero, funcionario que solicitó la atracción de las denuncias presentadas en contra del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa.

Los datos de prueba entregados a la Fiscalía del estado y a la PGR, son indicios sólidos que hacen presumir la constitución de diversos delitos, mismos que deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.