Expedientes X: Finalmente fue aprobada la reforma para frenar la violencia política contra las mujeres


Expedientes X 14 de septiembre 2017.- Finalmente fue aprobada la reforma para frenar la violencia política contra las mujeres… La iniciativa fue enviada en su oportunidad por el Ayuntamiento de Puerto Morelos por conducto de su presidenta municipal, Laura Fernández Piña, con el objeto de blindar a la mujer de la violencia política. “Lo que buscamos es el piso parejo para mujeres y hombres y que la mujer ya no vaya por el empedrado, que vaya sobre la misma autopista en la que siempre han transitado los hombres”, dijo en aquel entonces. Hoy ese blindaje a favor de la mujer en el ámbito político ya es una realidad…

Pero para entender bien de qué se trata esta reforma, lo mejor es informarse con esta síntesis de la misma:

La reforma establece el principio de paridad de género desde las dimensiones vertical y horizontal, así como la garantía de no violencia política por razones de género, en la postulación tanto de candidatos a diputaciones locales como de miembros de los ayuntamientos.

El objetivo de la iniciativa era establecer causales del delito y las sanciones contra partidos o funcionarios que atenten contra las legítimas aspiraciones de la mujer en materia política.

Castigar a toda aquella persona que pretenda bloquear las aspiraciones políticas de las mujeres, garantizando así una mayor igualdad de oportunidades.

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de paridad, respeto y no violencia.

Es la consolidación de la protección de los derechos políticos de las mujeres en la entidad.

Quintana Roo está a la vanguardia, junto con otras entidades del país que ya avanzaron en este tema, sin tintes partidistas y sin méritos personales.

Por medio de la unidad se brinda a la mujer garantías en su participación en la política.

Reformas a los artículos de la Constitución Política de Quintana Roo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal del Estado y la Ley Electoral.


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