El “Vergazo”: Reflexión, efecto y el ¿ahora qué? de la mancuerna Juan Vergara-Carlos Joaquín

Por: Esmaragdo Camaz

Hoy se sabe que la orden de aprehensión contra Juan Vergara surgió al menos desde el 21 de Noviembre del año pasado, en un momento en que el hoy procesado todavía se desempeñaba como secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Quintana Roo. Dicho de otra forma, el administrador de los recursos públicos tenía una orden de aprehensión federal en su contra por el delito de lavado de dinero y al mismo tiempo movía el dinero de los quintanarroenses. Cosa muy grave. Este escenario en un gobierno priista sería previsible y normal, pero no en un gobierno PAN-PRD que se presume libre de corrupción y menos aún con un gobernador como Carlos Joaquín que cimentó su plataforma político-electoral en el activo de la corrupción del PRI-gobierno que lo antecedió y que al final esto terminó beneficiándolo con el voto mayoritario.

Qué raro que nadie tuviera conocimiento de la orden de aprehensión contra Juan Vergara, de ese dato tan importante. Por lo menos la opinión pública no lo conocía. Carlos Joaquín, gobernador y jefe en ese entonces de Juan Vergara, declaró ayer que no conocía las actividades a las que su funcionario se dedicaba en el pasado. 

Carlos Joaquín lo dijo así:

“Se refiere a eventos que fueron antes de que él fuera funcionario público, aparentemente un trabajo privado, tenía como tema fiscal… actividades de tiempo atrás que no conocíamos”.

Pues qué raro que Carlos Joaquín diga ahora desconocer la trayectoria de Juan Vergara, pues el 25 de Septiembre del 2016, cuando presentó su gabinete, él mismo le dio lectura al largo y brillante currículo de Juan Vergara para introducirlo a los quintanarroenses. 

Ese día -entre aplausos y hurras de los ahí presentes-, Carlos Joaquín presentó así a Juan Vergara:

“El doctor Vergara vive en Quintana Roo desde hace más de 22 años, es contador público, auditor, maestro en derecho corporativo. Cuenta con estudios de doctorado en ciencias fiscales. Cuenta con una basta experiencia de más de 30 años dedicado a la profesión fiscal. Es especialista en aplicación de la ley de responsabilidades administrativas a los servidores públicos. Es experto en temas de control interno, auditoria fiscal forense, procesos, administración por objetivos y negociación estratégica”.

Hasta ahí el tema de la memoria difusa del gobernador respecto a las actividades “de tiempo atrás” de su secretario de Finanzas. 

Desconozco si Carlos Joaquín sabía de la orden de aprehensión del 21 de Noviembre que la PGR le giró a su entonces funcionario. Qué raro, porque Jorge Aguilar Osorio, el dirigente del PRD en Quintana Roo, sí lo sabía y fue él quien reveló la fecha original de la orden de captura contra Juan Vergara.

¿Carlos Joaquín no lo sabía, pero en cambio Jorge Aguilar sí? Y si Jorge Aguilar lo sabía, ¿porqué no lo informó a la opinión pública? O ¿por qué el gobernador no estaba enterado de algo tan delicado en la vida -aún personal- del funcionario que le administraba el dinero de los quintanarroenses?  

Como ya cité antes, este escenario sería “normal” para un gobierno corrupto priista. Pero inadmisible para un Gobierno que se dice “Del Cambio” que prometió combate a la corrupción. Ahora, no me queda claro si la cruzada de Carlos Joaquín contra la corrupción es exclusivamente contra los priistas de gobiernos anteriores o si es para todos en general, incluidos sus funcionarios.

Ahora bien, a Juan Vergara no se le acusa de embolsarse dinero del erario público. Al menos no por ahora. Pero la acusación en su contra no es menor. El denunciante es la Secretaría de Hacienda a través del SAT y la querella es muy clara. Recibió en 2015 al menos 50 millones de pesos sin comprobación legal de la procedencia de ese dinero. Nadie que se promueva ante el público como un luchador contra la corrupción, pensaría ni remotamente dejar en manos de un defraudador de ese calibre los miles de millones de pesos del erario público de Quintana Roo. Eso no sería una omisión ni un error, eso sería definitivamente una complicidad. Y en tal caso, habría que cuestionarse qué clase de compromisos tendría el paladín con el tramposo como entregarle en bandeja de plata la riqueza -en este caso- del Estado.

Casualmente las operaciones por las que Juan Vergara fue a dar a Almoloya están fechadas en 2015, justo un año antes de las elecciones del 2016, cuando Carlos Joaquín alcanzó -contra todo pronóstico-, la gubernatura de Quintana Roo.

Adicionalmente a todo esto, hay que enfatizar el contexto que rodea a la pareja Juan Vergara-Carlos Joaquín. El ex titular de SEFIPLAN se encumbró rápidamente en el “Gobierno del Cambio” como el hombre más importante del equipo del gobernador. Al grado que en algún momento el propio Vergara lanzó el ya clásico “Asumiré el costo político”, cuando ya convertido en figura central del gobierno estatal, se arrojó contra la opinión pública en su afán de venderle a los quintanarroenses nuevas placas, cosa que al final logró. 

Tema aparte la costosísima y opaca “renegociación de la deuda”, la frustrada maniobra de cobrarle a los hoteleros más impuestos por la fallida seguridad pública, el mega-software de millones de pesos del que ya no se supo qué pasó, el conflicto de intereses por sus propios medios de comunicación a los que les pagaba a través de terceros y muchas otras operaciones de las que la opinión pública no tiene conocimiento. 

Queda claro que Carlos Joaquín ahora quiere deslindarse del apestoso, como suele suceder con los políticos cuando un socio cae en desgracia. Pero en este caso resulta imposible por los miles de bites de historia fresca que el Google escupe cada vez que alguien liga los nombres de estos dos personajes.

Al día siguiente de su captura y momentos después de su liberación, hubo una clara y burda intención de minimizar la trascendencia de lo sucedido. Con un texto anónimo que destacaba falta de “fundamentos”, se informó a través de redes sociales que Juan Vergara había sido liberado, dando la impresión de que no había cometido delito.

Pero poco más tarde se conocieron los datos verdaderos que dejaron en claro la culpabilidad del delito cometido por el ex funcionario de Carlos Joaquín. Juan Vergara pagó una fianza de la que no se conocen sus detalles. Tiene que ir a firmar periódicamente al penal de Almoloya y no puede salir del país. También se sabe que está reparando el daño, aunque nadie, ni siquiera él mismo, ha dado a conocer a la opinión pública cuánto está pagando al SAT por el delito al que ya fue vinculado.

Otros muchos oficiosos del joaquinismo inundaron las redes sociales con la versión de la revancha política, un tema coyuntural de las elecciones en puerta, pero sin relevancia para el tema de la gobernabilidad, que es a fin de cuentas lo verdaderamente importante.

Y aunque todavía queda pendiente saber si el PRD-gobierno aún le mantendrá la candidatura a una diputación federal, el affair de Juan Vergara como quiera que sea ya pasó. Pero hoy todavía queda en el aire el tema de Carlos Joaquín. 

Los oficiosos de este gobierno -que no son pocos-, opinan que el “Vergazo” -como le han dado en llamar a este asunto- no le afectará al gobernador en su imagen. En lo personal, eso me parece irrelevante. 

En cambio sí es importante para el público saber qué sigue ahora. 

¿No sería necesario que alguien le dé a los quintanarroenses una explicación seria de lo sucedido más allá del insuficiente y la inaceptable simple respuesta de un “Actividades de tiempo atrás que no conocíamos”?

¿No debería el “Gobierno del Cambio” ordenar una auditoría a la SEFIPLAN de Juan Vergara incluso aprovechando que su paso por esa dependencia aún está muy fresco?

¿Cómo andan los demás funcionarios de Carlos Joaquín, especialmente aquellos de alto nivel que manejan millones de pesos? - Muchos de ellos ya tienen múltiples señalamientos.

¿No sería una auditoría interna en el “Gobierno del Cambio” una buena advertencia a tiempo para evitar otro Borjazo? ¿U otro Vergazo?

Basta echarle un ojo a los comentarios de los quintanarroenses en las notas del caso Juan Vergara publicadas en redes sociales para tomarle el pulso de lo que la gente espera de este “Gobierno del Cambio” en materia de combate a la corrupción.