Félix implicado: Miles de millones sin comprobar; delito prescrito

Chetumal.- El titular de la Secretaría de la Contraloría Estatal, Rafael del Pozo Dergal, confirmó que por lo menos ocho mil millones de pesos ejercidos de manera irregular durante las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo fueron observados en las auditorías realizadas por la federación y el estado.

Los montos que no puedan ser justificados o solventados tendrán que ser reintegrados por la actual administración, sin embargo debido a que datan desde el ejercicio fiscal 2008 y hasta el 2016, las sanciones para los ex funcionarios responsables no se podrán aplicar debido a que expiraron los plazos para proceder administrativamente.

Señaló que las oficinas con mayores observaciones son la Secretaría de Finanzas y Planeación, La Comisión de la Juventud y el Deporte, La Unidad del Vocero y La Oficina de Visitantes y Convenciones.

“En la Auditoría Superior de la Federación todavía pendientes u observados que viene desde el 2008 a la fecha, tenemos mil treinta y tantos millones observados de la ASF, tenemos poco más de dos mil millones y de la Aseqroo alrededor de cinco mil millones de pesos observados de diferentes ejercicios y montos.”

El 70 por ciento de lo observado corresponde a la Sefiplan, por ser la instancia ejecutora de recursos. Tales recursos fueron ejecutados desde el 2008 pero como ya feneció el plazo para el deslinde de responsabilidades, difícilmente podrá procederse en contra de los responsables.

La normatividad obliga a reintegrar los recursos que no puedan ser justificados y se especula que al menos entre un 10 y 30 por ciento tengan que reintegrarse.

“Evidentemente es responsabilidad prioritaria del estado buscar la manera de solventar los recursos aquí pero en algunas ocasiones la única posibilidad de solventar es reintegrar si ya se agotó toda la demás alternativa de solventación y en opinión de la ASF la única alternativa para solventar los recursos es la devolución, es la única forma de solventar.

Detalló que en el caso que la actual administración tenga que reintegrar estos recursos se afectaría al presupuesto estatal, lo que los obligaría a realizar ajustes en la ejecución de proyectos a desarrollar durante la gestión actual.

Finalmente comentó que estas observaciones -que implican cerca de tres mil millones de la Auditoria Superior de la federación y cinco mil millones de la auditoria superior del estado- se han tardado debido a que los procesos de solventación son complejos y conlleva la inconformidad de proveedores que no están de acuerdo y que han dado pie a procedimientos para dirimir las controversias.