jueves, 7 de noviembre de 2019

Borge comparece desde Morelos por videoconferencia ante juez en QR por concesiones en Isla Mujeres



Chetumal.- Roberto Borge Angulo compareció este jueves desde su reclusión en Morelos -vía videoconferencia- ante un juzgado en Quintana Roo para responder por los delitos que le imputa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la entrega irregular de cinco concesiones de transporte público a las empresas, Adventure Red S. A. de C. V., Fortuna S. A. de C. V., Grupo Majuve S. A. de C. V., Traslados Terrestres del Sureste S. A. de C. V. y Transportes Recreativos Paraíso S. S. de C. V., todas ellas establecidas en Isla Mujeres.

El próximo martes se definirá la situación legal del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, en torno a nuevas imputaciones por Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder.

A las 13:00 horas de este jueves a través de video conferencia se desarrolló la audiencia de formulación de imputación de delito, en la cual los fiscales anticorrupción solicitaron el Auto de Vinculación a Proceso.

Sin embargo, Borge Angulo solicitó la Ampliación del Término Constitucional a 144 horas para reunir, a través de su defensa, elementos que demuestren su inocencia en torno a los cargos imputados, a través de la carpeta administrativa 154/2017.


La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) promovió una nueva denuncia en contra del ex gobernador de Quintana Roo, fundamentada en irregularidades en la entrega de cinco concesiones a empresas dedicadas al servicio de transporte, entre los años 2015 y 2016.

Las concesiones son la 1470/2016 otorgada a Adventure Red S. A. de C. V.; la 0749/2015, entregada a Fortuna S. A. de C. V.; la 1846/2016, a cargo de Grupo Majuve S. A. de C. V.; la licencia 1343/2016 le fue concedida a Traslados Terrestres del Sureste S. A. de C. V.; y la 1882/2016 a Transportes Recreativos Paraíso S. S. de C. V. Las empresas están asentadas en Isla Mujeres.

Durante la audiencia, los fiscales anticorrupción acusaron que las concesiones fueron entregadas de manera ilegal.

Porque no se emitió la convocatoria para el concurso del pliego de concesiones; tampoco hubo declaratoria de necesidad de servicio de transporte y; los pagos por los derechos no ingresaron a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Se denunció que hubo transgresiones a las leyes de Explotación de Vías de Comunicación y de Responsabilidad de los Servidores Públicos.


Las acusaciones son respaldadas por los testimonios de los ex servidores de la extinta Secretaría de Infraestructura y Transportes (Sintra): Javier Félix Z. G., Hiram T. V., y Jaime Manuel Z. G.

Según los fiscales, los ex funcionarios denunciaron que Borge Angulo les obligó a violentar la normatividad porque las concesiones estaban comprometidas. De lo contrario, la pasarían mal.

Tales acciones encuadran en Desempeño Irregular de la Función Pública y Aprovechamiento Ilícito del Poder, argumentaron los fiscales anticorrupción.

Pero la defensa del ex gobernador de Quintana Roo refutó las pruebas porque a su juicio son desestimables, porque no hay claridad ni precisión en las imputaciones; es decir la conducta reprochada es subjetiva.

Asimismo, solicitó las comparecencias de aquellos que acusan a Borge Angulo, así como de los representantes de las empresas a las cuales el ex gobernador entregó las concesiones.

El juez concedió tal petición para tener más elementos que le permitan pronunciarse al respecto.        

Durante la audiencia el exgobernador se mostró indiferente y se veía el rostro y acomodaba la ropa ayudado por el reflejo de la cámara del Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.

Inclusive, en una ocasión se levantó de su lugar sin notificar y la audiencia tuvo que suspenderse por casi 15 minutos, lo cual derivó en llamada de atención del juez.

En otro contexto, llamó la atención que el defensor de Borge Angulo sea Karim de la Rosa, ex secretario particular del ex presidente municipal de Benito Juárez.

En febrero del 2015 Karim de la Rosa fue detenido por la Policía Judicial y trasladado a los separos de la Subprocuraduría de Justicia en la Zona Norte. Se le imputó el robo de cinco avionetas y una embarcación.

Aunque fue liberado, declaró que el asunto fue “una chicanada legal” para favorecer a un empresario amigo de Borge Angulo, con quien Karim de la Rosa mantenía un litigio.

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