Exhorta Congreso a regularizar salarios de químicos del sector salud
Por:
Expediente Quintana Roo
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Chetumal.- El Congreso del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que se lleve a cabo la regularización laboral a los químicos que se encuentran bajo contrato de servicios y sin prestaciones de ley, a través de la Secretaría de Salud de la entidad.
En la sesión ordinaria número 5, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, se aprobó el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución promovido por el diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por las diputadas María Cristina Torres Gómez y Teresa Atenea Gómez Ricalde, del grupo legislativo del PAN; la diputada Iris Adriana Mora Vallejo y el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, ambos del grupo legislativo del PRD y el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, del grupo legislativo del PRI.
En el acuerdo, se exhorta respetuosamente a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Senado de la República; a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para que se tomen las previsiones presupuestales correspondientes a fin de que sea realizada la conversión y recategorización de códigos a los químicos basificados, homologados o regularizados como técnicos laboratoristas y pasen a código de "Químico A" M02001 que les corresponde a la basificación y regularización laboral a los químicos bajo contrato de servicios y sin prestaciones de Ley, contratados por SESA.
En tribuna, el diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, aseguró que hoy más que nunca, nos damos cuenta de que la participación profesional de los químicos es definitiva en el manejo de la pandemia producida por el virus COVID-19, ya que estos profesionistas han puesto todos sus esfuerzos en lograr los resultados más eficaces para que las autoridades sanitarias cuenten con las herramientas en el combate a esta enfermedad.
“Los químicos han prestado, no solamente sus conocimientos al enfrentar al COVID-19, sino que incluso, han puesto en riesgo sus vidas y las de sus familias con el único propósito de colaborar con todos los mexicanos y con los quintanarroenses en el cuidado de la salud”, agregó.
El legislador señaló que muchos de los químicos se enfrentan todos los días a serias dificultades para desempeñar su trabajo, pero principalmente a un salario injusto que no corresponde a la labor que realizan a favor de los usuarios de los servicios de salud.
Por otra parte, el Congreso del Estado de Quintana Roo envío al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar diversas fracciones del artículo 8, así como los artículos 139 y 140 de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos.
El diputado Carlos Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, expuso que la iniciativa busca dar el carácter de público a los contratos de transporte marítimo de pasajeros; establecer tarifas preferentes para los habitantes de las Islas y de los habitantes de las entidades federativas a las que pertenecen; y además, establecer la posibilidad de que sea la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien intervenga para establecer las bases de las tarifas cuando el interés público así lo exija, como por ejemplo en la actual pandemia.
En la sesión ordinaria, se dio lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, todas del estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena.
La propuesta consiste en dotar de mayores elementos que den apertura a la información pública del Poder Legislativo, estableciendo en ley que el orden del día y los documentos a desahogar en las sesiones se publiquen con 24 horas de anticipación, que la agenda semanal se publique cada lunes para el conocimiento público respecto a las actividades que se llevarán a cabo por los órganos legislativos, entre otros.
De igual manera, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo y el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en materia de procuración de justicia y bienestar animal, presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad.
Se trata de una propuesta para fortalecer la capacidad institucional para promover la cultura de la denuncia de delitos contra el bienestar animal, promover esquemas administrativos de prevención social de estos ilícitos y reconocerlos en la estructura de la Fiscalía General del Estado.
Chetumal.- El Congreso del Estado de Quintana Roo emitió un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que se lleve a cabo la regularización laboral a los químicos que se encuentran bajo contrato de servicios y sin prestaciones de ley, a través de la Secretaría de Salud de la entidad.
En la sesión ordinaria número 5, presidida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, se aprobó el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución promovido por el diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por las diputadas María Cristina Torres Gómez y Teresa Atenea Gómez Ricalde, del grupo legislativo del PAN; la diputada Iris Adriana Mora Vallejo y el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, ambos del grupo legislativo del PRD y el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, del grupo legislativo del PRI.
En el acuerdo, se exhorta respetuosamente a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Senado de la República; a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, así como a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo para que se tomen las previsiones presupuestales correspondientes a fin de que sea realizada la conversión y recategorización de códigos a los químicos basificados, homologados o regularizados como técnicos laboratoristas y pasen a código de "Químico A" M02001 que les corresponde a la basificación y regularización laboral a los químicos bajo contrato de servicios y sin prestaciones de Ley, contratados por SESA.
En tribuna, el diputado Edgar Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, aseguró que hoy más que nunca, nos damos cuenta de que la participación profesional de los químicos es definitiva en el manejo de la pandemia producida por el virus COVID-19, ya que estos profesionistas han puesto todos sus esfuerzos en lograr los resultados más eficaces para que las autoridades sanitarias cuenten con las herramientas en el combate a esta enfermedad.
“Los químicos han prestado, no solamente sus conocimientos al enfrentar al COVID-19, sino que incluso, han puesto en riesgo sus vidas y las de sus familias con el único propósito de colaborar con todos los mexicanos y con los quintanarroenses en el cuidado de la salud”, agregó.
El legislador señaló que muchos de los químicos se enfrentan todos los días a serias dificultades para desempeñar su trabajo, pero principalmente a un salario injusto que no corresponde a la labor que realizan a favor de los usuarios de los servicios de salud.
Por otra parte, el Congreso del Estado de Quintana Roo envío al Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar diversas fracciones del artículo 8, así como los artículos 139 y 140 de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos.
El diputado Carlos Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, expuso que la iniciativa busca dar el carácter de público a los contratos de transporte marítimo de pasajeros; establecer tarifas preferentes para los habitantes de las Islas y de los habitantes de las entidades federativas a las que pertenecen; y además, establecer la posibilidad de que sea la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien intervenga para establecer las bases de las tarifas cuando el interés público así lo exija, como por ejemplo en la actual pandemia.
En la sesión ordinaria, se dio lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, todas del estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena.
La propuesta consiste en dotar de mayores elementos que den apertura a la información pública del Poder Legislativo, estableciendo en ley que el orden del día y los documentos a desahogar en las sesiones se publiquen con 24 horas de anticipación, que la agenda semanal se publique cada lunes para el conocimiento público respecto a las actividades que se llevarán a cabo por los órganos legislativos, entre otros.
De igual manera, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo y el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en materia de procuración de justicia y bienestar animal, presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad.Se trata de una propuesta para fortalecer la capacidad institucional para promover la cultura de la denuncia de delitos contra el bienestar animal, promover esquemas administrativos de prevención social de estos ilícitos y reconocerlos en la estructura de la Fiscalía General del Estado.
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