La otra violencia electoral en México: los candidatos con denuncias por agresiones contra mujeres
Por:
Expediente Quintana Roo
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Nacional.- México vivirá las elecciones más grandes de su historia el próximo domingo. En ellas se elegirán más de 20.500 cargos entre gubernaturas, Congreso federal, legislaturas locales y Ayuntamientos. Posiblemente serán recordadas como unas de las más violentas, en las que 35 candidatos y candidatas fueron asesinados, y en las cuales, por primera vez, existe un mayor número de mujeres que se presentan a un cargo de elección popular. Pero también como aquellas elecciones en las que organizaciones, activistas y políticas empezaron a recordar a los partidos que el compromiso contra la violencia de género es más que una promesa de campaña.
En 2019, en aras de alcanzar la paridad en todos los cargos de toma de decisiones, los partidos políticos se comprometieron a que la política mexicana fuera un lugar igualitario entre hombres y mujeres, sin violencia machista. Todos modificaron sus estatutos para incluir este principio de igualdad en sus filas, pero olvidaron mencionar qué ocurre cuando un candidato resulta ser un agresor. De acuerdo con una recopilación realizada por el grupo Observatoria Ciudadana Todas Mx, que engloba a más de 150 organizaciones feministas, al menos 70 candidatos de las distintas fuerzas políticas del país fueron postulados pese a tener señalamientos o denuncias por violencia de género de distinta gravedad: por abuso, violación, agresiones, violencia familiar o violencia política contra una mujer.
Aunque las fuerzas políticas asumieron un compromiso sobre el papel, a nivel estatal y local la violencia contra las mujeres no parece haber sido un obstáculo para postular a un cargo. El escándalo más emblemático de las estructuras que siguen prevaleciendo al interior de los partidos es el caso de Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sobre él pesan dos denuncias por violación y al menos otros tres señalamientos por abuso y acoso sexual, pero el veterano político terminó quedando fuera de la contienda por irregularidades en la fiscalización de su precampaña, no por las acusaciones en su contra.
La postura final del partido, que abrió una investigación interna para dilucidar los hechos, fue elocuente sobre el modo en que se considera este problema: como no existía una sentencia en su contra, concluyó Morena, no había motivo para inhabilitarlo. “Aunque no exista una sentencia, los partidos deberían de tener un mayor sentido ético y no presentar a candidatos que estén denunciados”, afirma la abogada Andrea Medina. El caso de Salgado Macedonio y su resolución fueron, en todo caso, una muestra de un problema más extendido.
Morena tampoco tomó cartas en el asunto de Osiris Jiménez Matus, por ejemplo, candidato al Ayuntamiento de Santa María Xadani, en Oaxaca, que fue denunciado ante la Fiscalía del Estado en 2021 por malos tratos, agresiones, golpes y amenazas contra su esposa, Beliavit Guerra López, que tuvieron lugar en 2019. El proceso sigue abierto en la Fiscalía del Estado.
Otro caso que EL PAÍS ha podido corroborar es la acusación de violación contra Julio César Lorenzini Rangel, abanderado de Morena-PT a la presidencia municipal de Cholula, Puebla, y exdiputado del PAN. En 2019, una mujer denunció al político ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por violarla en un hotel propiedad del político. El político, en declaraciones a la prensa local, reconoció que enfrentó no una, sino dos denuncias por violación de personas distintas y que ninguna de las acusaciones llegó ante el juez. Ambos casos fueron archivados en el Ministerio Público.
Morena reconoce en sus estatutos que quien aspire a una candidatura dentro de la agrupación debe de tener “atributos ético políticos y antigüedad en la lucha por las causas sociales”, y que será la Comisión de Honestidad y Justicia la que prevenga, sancione y repare el daño en caso de violencia contra las mujeres. Tanto Jiménez como Lorenzini permanecen en la contienda electoral.
Los otros partidos tampoco se libran de los señalamientos. Sergio Estrada Cajigal, candidato al Ayuntamiento de Cuernavaca por el partido Fuerza por México y exgobernador de Morelos con el PAN, tiene al menos una denuncia por violencia física contra una mujer en 2014. Fernanda Alio Lovera, la denunciante, acusó a Estrada Cajigal de propinarle golpes en la cara y de haberle ocasionado una lesión en el ojo cuando intentaba recuperar a su hija de la casa de su expareja, de la que Estrada Cajigal es familiar. Ese mismo año, un juez decidió no vincular a proceso al exgobernador al considerar que no hubo elementos suficientes para comprobar la agresión.
“Que haya una sentencia en firme en un país con tanta impunidad para un asunto de violencia sexual es muy dificil de tener”, señala Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano. Y ni siquiera la existencia de una sentencia condenatoria garantiza que la política sea un espacio libre de violencia. En Jalisco, Fernando Martínez Guerrero, diputado local de Movimiento Ciudadano por el Distrito 18, fue castigado por violencia política de género contra una regidora que también denunció amenazas de muerte para que dejara el cargo en el Ayuntamiento de Cihuatlán. Un tribunal decidió compensar a la regidora devolviéndole su trabajo y obligó al consistorio a pagar el salario que le debía a la funcionaria. Aún así, el Instituto Electoral del Estado aprobó la candidatura de Martínez Guerrero para estas elecciones. El partido consideró que, pese a haber sido encontrado culpable por violencia política de género, las amenazas contra la regidora no guardaban relación con su candidato. La mujer ha solicitado medidas cautelares por miedo a represalias.
Varios candidatos de la lista elaborada por las activistas han sido señalados por violencia política de género, una figura específica que tipifica las acciones orientadas a menoscabar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres, y que contempla como sanción máxima de cinco meses a dos años de cárcel y multas de 50 a 300 días. En Chiapas, el candidato del PRI, Julián Nazar, fue condenado por esta causa contra tres compañeras de partido y obligado a pedir disculpas a través de los medios de comunicación. El candidato y exalcalde de Morena al Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, Tito Maya, fue denunciado por varias regidoras por este motivo. Ahora se presenta a la reelección. “Tengo muchísimo miedo porque tiene todo el poder en el municipio, imagine si vuelve a quedar, todos corremos peligro”, dice una de las mujeres en entrevista con este diario.
Martha Tagle considera que la mayoría de los partidos, incluido el suyo, no han prestado atención ni revisaron los antecedentes de sus candidatos. Tampoco el Instituto Nacional Electoral (INE), que parece haber quedado desbordado en este asunto. Los pocos casos que han trascendido a la prensa son los que han sido destapados por las organizaciones feministas. “Todavía los partidos no terminan de asumir un compromiso profundo con los derechos de las mujeres y les cuesta tomárselo en serio”, señala la diputada de Morena Wendy Briceño. “Creo que hay muchos pactos patriarcales dentro de los partidos donde muchos hombres por acción y omisión han sido parte de esa violencia”, añade.
Cuando el caso de Salgado Macedonio salió a la luz y las militantes de Morena levantaron su voz, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió defendiendo su candidatura públicamente bajo el argumento de que este tipo de denuncias son “propias de los tiempos electorales”. Tomar la violencia de género y las denuncias de agresiones contra mujeres como una moneda de cambio electoral parece contar al menos con un consenso tácito, uno de los pocos en los que tanto el oficialismo como la oposición coinciden.
En tiempos de feminismo viral, con un movimiento de mujeres cada vez más fuerte en las calles, los partidos políticos simulan un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos para captar votos, pero en su interior, las viejas estructuras son las que toman las decisiones, encabezadas en su mayoría por hombres. No solo basta con hacer un compromiso por la paridad: las entrevistadas consideran que para que exista un verdadero cambio tiene que haber una fuerte mirada femenina dentro de los procesos. “Públicamente son aliados del tema porque se ha vuelto un asunto de corrección política, pero los partidos son los principales violentadores de los derechos políticos de las mujeres”, agrega Martha Tagle.
Nacional.- México vivirá las elecciones más grandes de su historia el próximo domingo. En ellas se elegirán más de 20.500 cargos entre gubernaturas, Congreso federal, legislaturas locales y Ayuntamientos. Posiblemente serán recordadas como unas de las más violentas, en las que 35 candidatos y candidatas fueron asesinados, y en las cuales, por primera vez, existe un mayor número de mujeres que se presentan a un cargo de elección popular. Pero también como aquellas elecciones en las que organizaciones, activistas y políticas empezaron a recordar a los partidos que el compromiso contra la violencia de género es más que una promesa de campaña.
En 2019, en aras de alcanzar la paridad en todos los cargos de toma de decisiones, los partidos políticos se comprometieron a que la política mexicana fuera un lugar igualitario entre hombres y mujeres, sin violencia machista. Todos modificaron sus estatutos para incluir este principio de igualdad en sus filas, pero olvidaron mencionar qué ocurre cuando un candidato resulta ser un agresor. De acuerdo con una recopilación realizada por el grupo Observatoria Ciudadana Todas Mx, que engloba a más de 150 organizaciones feministas, al menos 70 candidatos de las distintas fuerzas políticas del país fueron postulados pese a tener señalamientos o denuncias por violencia de género de distinta gravedad: por abuso, violación, agresiones, violencia familiar o violencia política contra una mujer.
Aunque las fuerzas políticas asumieron un compromiso sobre el papel, a nivel estatal y local la violencia contra las mujeres no parece haber sido un obstáculo para postular a un cargo. El escándalo más emblemático de las estructuras que siguen prevaleciendo al interior de los partidos es el caso de Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sobre él pesan dos denuncias por violación y al menos otros tres señalamientos por abuso y acoso sexual, pero el veterano político terminó quedando fuera de la contienda por irregularidades en la fiscalización de su precampaña, no por las acusaciones en su contra.
La postura final del partido, que abrió una investigación interna para dilucidar los hechos, fue elocuente sobre el modo en que se considera este problema: como no existía una sentencia en su contra, concluyó Morena, no había motivo para inhabilitarlo. “Aunque no exista una sentencia, los partidos deberían de tener un mayor sentido ético y no presentar a candidatos que estén denunciados”, afirma la abogada Andrea Medina. El caso de Salgado Macedonio y su resolución fueron, en todo caso, una muestra de un problema más extendido.
Morena tampoco tomó cartas en el asunto de Osiris Jiménez Matus, por ejemplo, candidato al Ayuntamiento de Santa María Xadani, en Oaxaca, que fue denunciado ante la Fiscalía del Estado en 2021 por malos tratos, agresiones, golpes y amenazas contra su esposa, Beliavit Guerra López, que tuvieron lugar en 2019. El proceso sigue abierto en la Fiscalía del Estado.
Otro caso que EL PAÍS ha podido corroborar es la acusación de violación contra Julio César Lorenzini Rangel, abanderado de Morena-PT a la presidencia municipal de Cholula, Puebla, y exdiputado del PAN. En 2019, una mujer denunció al político ante la Fiscalía de Delitos Sexuales por violarla en un hotel propiedad del político. El político, en declaraciones a la prensa local, reconoció que enfrentó no una, sino dos denuncias por violación de personas distintas y que ninguna de las acusaciones llegó ante el juez. Ambos casos fueron archivados en el Ministerio Público.
Morena reconoce en sus estatutos que quien aspire a una candidatura dentro de la agrupación debe de tener “atributos ético políticos y antigüedad en la lucha por las causas sociales”, y que será la Comisión de Honestidad y Justicia la que prevenga, sancione y repare el daño en caso de violencia contra las mujeres. Tanto Jiménez como Lorenzini permanecen en la contienda electoral.
Los otros partidos tampoco se libran de los señalamientos. Sergio Estrada Cajigal, candidato al Ayuntamiento de Cuernavaca por el partido Fuerza por México y exgobernador de Morelos con el PAN, tiene al menos una denuncia por violencia física contra una mujer en 2014. Fernanda Alio Lovera, la denunciante, acusó a Estrada Cajigal de propinarle golpes en la cara y de haberle ocasionado una lesión en el ojo cuando intentaba recuperar a su hija de la casa de su expareja, de la que Estrada Cajigal es familiar. Ese mismo año, un juez decidió no vincular a proceso al exgobernador al considerar que no hubo elementos suficientes para comprobar la agresión.
“Que haya una sentencia en firme en un país con tanta impunidad para un asunto de violencia sexual es muy dificil de tener”, señala Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano. Y ni siquiera la existencia de una sentencia condenatoria garantiza que la política sea un espacio libre de violencia. En Jalisco, Fernando Martínez Guerrero, diputado local de Movimiento Ciudadano por el Distrito 18, fue castigado por violencia política de género contra una regidora que también denunció amenazas de muerte para que dejara el cargo en el Ayuntamiento de Cihuatlán. Un tribunal decidió compensar a la regidora devolviéndole su trabajo y obligó al consistorio a pagar el salario que le debía a la funcionaria. Aún así, el Instituto Electoral del Estado aprobó la candidatura de Martínez Guerrero para estas elecciones. El partido consideró que, pese a haber sido encontrado culpable por violencia política de género, las amenazas contra la regidora no guardaban relación con su candidato. La mujer ha solicitado medidas cautelares por miedo a represalias.
Varios candidatos de la lista elaborada por las activistas han sido señalados por violencia política de género, una figura específica que tipifica las acciones orientadas a menoscabar o anular los derechos políticos y electorales de las mujeres, y que contempla como sanción máxima de cinco meses a dos años de cárcel y multas de 50 a 300 días. En Chiapas, el candidato del PRI, Julián Nazar, fue condenado por esta causa contra tres compañeras de partido y obligado a pedir disculpas a través de los medios de comunicación. El candidato y exalcalde de Morena al Ayuntamiento de Villa Guerrero, Estado de México, Tito Maya, fue denunciado por varias regidoras por este motivo. Ahora se presenta a la reelección. “Tengo muchísimo miedo porque tiene todo el poder en el municipio, imagine si vuelve a quedar, todos corremos peligro”, dice una de las mujeres en entrevista con este diario.
Martha Tagle considera que la mayoría de los partidos, incluido el suyo, no han prestado atención ni revisaron los antecedentes de sus candidatos. Tampoco el Instituto Nacional Electoral (INE), que parece haber quedado desbordado en este asunto. Los pocos casos que han trascendido a la prensa son los que han sido destapados por las organizaciones feministas. “Todavía los partidos no terminan de asumir un compromiso profundo con los derechos de las mujeres y les cuesta tomárselo en serio”, señala la diputada de Morena Wendy Briceño. “Creo que hay muchos pactos patriarcales dentro de los partidos donde muchos hombres por acción y omisión han sido parte de esa violencia”, añade.
Cuando el caso de Salgado Macedonio salió a la luz y las militantes de Morena levantaron su voz, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió defendiendo su candidatura públicamente bajo el argumento de que este tipo de denuncias son “propias de los tiempos electorales”. Tomar la violencia de género y las denuncias de agresiones contra mujeres como una moneda de cambio electoral parece contar al menos con un consenso tácito, uno de los pocos en los que tanto el oficialismo como la oposición coinciden.
En tiempos de feminismo viral, con un movimiento de mujeres cada vez más fuerte en las calles, los partidos políticos simulan un esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos para captar votos, pero en su interior, las viejas estructuras son las que toman las decisiones, encabezadas en su mayoría por hombres. No solo basta con hacer un compromiso por la paridad: las entrevistadas consideran que para que exista un verdadero cambio tiene que haber una fuerte mirada femenina dentro de los procesos. “Públicamente son aliados del tema porque se ha vuelto un asunto de corrección política, pero los partidos son los principales violentadores de los derechos políticos de las mujeres”, agrega Martha Tagle.
Fuente: El País
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