López Obrador rechaza que el ‘caso Robles’ esté politizado: “No hay ninguna venganza, eso es inmoral”
Por:
Expediente Quintana Roo
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Nacional.- Andrés Manuel López Obrador ha rechazado este jueves que la decisión de la justicia de mantener a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles en prisión preventiva tenga algún tipo de dimensión política. “Es una decisión del poder judicial. Por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”, ha asegurado. El presidente mexicano se ha mostrado enfático en su conferencia de prensa matutina al pronunciarse sobre uno de los casos emblemáticos de corrupción que mancharon a la Administración de Enrique Peña Nieto, del PRI. El juez decidió el miércoles por la noche que la exfuncionaria, detenida desde agosto de 2019 por una trama de desvíos millonarios de fondos públicos conocida como La Estafa Maestra, afronte el proceso en la cárcel ya que, según su criterio, existe un elevado riesgo de fuga. López Obrador no solo ha negado que el caso Robles esté politizado, sino que ha insistido en que bajo su Gobierno en México ha mejorado la separación de poderes.
“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consignas políticas y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el poder judicial”, ha recalcado. El mandatario ha agregado un argumento. En su opinión, se de por hecho que desde el Palacio Nacional se disponen las decisiones de todos los poderes del Estado. Esa percepción existe, afirma, por las dinámicas del pasado. Pero ya no, asegura. “Hace falta informar más, orientar más, porque en el antiguo régimen no se informaba sobre el funcionamiento del Gobierno y ayer, antier, hablábamos de que la costumbre era que el poder lo concentraba el presidente, y esto viene de lejos, esto se arraigó con el Porfiriato”, ha proseguido.
Ese esquema, ha resumido López Obrador, “es lo que quedó en el imaginario colectivo”. El presidente ha jugado con las ideas de “Estado de derecho” y “Estado de cohecho” para zanjar: “El caso de Rosario Robles es un asunto del poder judicial y si el juez recibió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado, porque los jueces deberían actuar con autonomía. A nosotros nos están resolviendo casos en el poder judicial con los que no estamos de acuerdo. Esto antes no sucedía pero esto demuestra que se avanza en la separación de los poderes”.
Robles ofreció el pasado mes de marzo declararse parcialmente culpable por un fraude que, en su conjunto, supuso el desfalco de más de 400 millones de dólares a cambio de una reducción de pena, de 21 a seis años. Pero días después modificó su versión, se declaró inocente y decidió afrontar el juicio. Después, al cumplirse el límite de dos años que la Constitución establece como período máximo de prisión preventiva, logró un amparo para que un tribunal revisara la medida cautelar. El juez optó coincidió finalmente con la Fiscalía General de la República (FGR) al negar a la acusada la libertad e incluso el resguardo domiciliario. La familia de la exsecretaria y la defensa han intentado utilizar, entre otros argumentos, el del agravio comparativo, puesto que otra de las grandes figuras de la Administración de Peña Nieto investigadas por corrupción, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, llegó a un acuerdo de colaboración con el fiscal.
“No hay un pacto de impunidad”
Lozoya fue detenido en febrero de 2020 en urbanización de lujo cerca de Málaga, en España, por el caso Odebrecht. Meses después, el antiguo directivo de la petrolera estatal fue extraditado a México, pero no ingresó en la cárcel, primero por alegar problemas de salud y más tarde por convertirse en una especie de testigo protegido de la FGR. La investigación en su contra está estancada o no hay elementos que permitan sugerir unos avances significativos. Hace dos semanas Lozoya fue fotografiado en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México. El antiguo jefe de Petróleos de México tiene que firmar cada dos semanas en un juzgado y debe llevar un brazalete electrónico. El presidente cuestionó esas imágenes, pero recordó que no suponían una infracción.
Hoy López Obrador ha insistido en que la instrucción del caso “se está tardando”. “Sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero”, ha dicho antes de asegurar que no tiene más información por no hablar estos asuntos ni con él ni con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. El mandatario ha asegurado que el trato que está recibiendo Lozoya no se debe a un pacto. “No hay pacto de impunidad. Lo que hay es un procedimiento que existe en Estados Unidos hace tiempo, no se aplicaba en México, y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, y consiste en que haya testigos protegidos, y aquí se llama criterio de oportunidad, a cambio de que den información para investigar hechos de corrupción que tengan que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”, ha afirmado. La investigación, desde la detención de Lozoya en España, va camino de cumplir dos años.
Nacional.- Andrés Manuel López Obrador ha rechazado este jueves que la decisión de la justicia de mantener a la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles en prisión preventiva tenga algún tipo de dimensión política. “Es una decisión del poder judicial. Por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”, ha asegurado. El presidente mexicano se ha mostrado enfático en su conferencia de prensa matutina al pronunciarse sobre uno de los casos emblemáticos de corrupción que mancharon a la Administración de Enrique Peña Nieto, del PRI. El juez decidió el miércoles por la noche que la exfuncionaria, detenida desde agosto de 2019 por una trama de desvíos millonarios de fondos públicos conocida como La Estafa Maestra, afronte el proceso en la cárcel ya que, según su criterio, existe un elevado riesgo de fuga. López Obrador no solo ha negado que el caso Robles esté politizado, sino que ha insistido en que bajo su Gobierno en México ha mejorado la separación de poderes.
“De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consignas políticas y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el poder judicial”, ha recalcado. El mandatario ha agregado un argumento. En su opinión, se de por hecho que desde el Palacio Nacional se disponen las decisiones de todos los poderes del Estado. Esa percepción existe, afirma, por las dinámicas del pasado. Pero ya no, asegura. “Hace falta informar más, orientar más, porque en el antiguo régimen no se informaba sobre el funcionamiento del Gobierno y ayer, antier, hablábamos de que la costumbre era que el poder lo concentraba el presidente, y esto viene de lejos, esto se arraigó con el Porfiriato”, ha proseguido.
Ese esquema, ha resumido López Obrador, “es lo que quedó en el imaginario colectivo”. El presidente ha jugado con las ideas de “Estado de derecho” y “Estado de cohecho” para zanjar: “El caso de Rosario Robles es un asunto del poder judicial y si el juez recibió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado, porque los jueces deberían actuar con autonomía. A nosotros nos están resolviendo casos en el poder judicial con los que no estamos de acuerdo. Esto antes no sucedía pero esto demuestra que se avanza en la separación de los poderes”.
Robles ofreció el pasado mes de marzo declararse parcialmente culpable por un fraude que, en su conjunto, supuso el desfalco de más de 400 millones de dólares a cambio de una reducción de pena, de 21 a seis años. Pero días después modificó su versión, se declaró inocente y decidió afrontar el juicio. Después, al cumplirse el límite de dos años que la Constitución establece como período máximo de prisión preventiva, logró un amparo para que un tribunal revisara la medida cautelar. El juez optó coincidió finalmente con la Fiscalía General de la República (FGR) al negar a la acusada la libertad e incluso el resguardo domiciliario. La familia de la exsecretaria y la defensa han intentado utilizar, entre otros argumentos, el del agravio comparativo, puesto que otra de las grandes figuras de la Administración de Peña Nieto investigadas por corrupción, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, llegó a un acuerdo de colaboración con el fiscal.
“No hay un pacto de impunidad”
Lozoya fue detenido en febrero de 2020 en urbanización de lujo cerca de Málaga, en España, por el caso Odebrecht. Meses después, el antiguo directivo de la petrolera estatal fue extraditado a México, pero no ingresó en la cárcel, primero por alegar problemas de salud y más tarde por convertirse en una especie de testigo protegido de la FGR. La investigación en su contra está estancada o no hay elementos que permitan sugerir unos avances significativos. Hace dos semanas Lozoya fue fotografiado en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México. El antiguo jefe de Petróleos de México tiene que firmar cada dos semanas en un juzgado y debe llevar un brazalete electrónico. El presidente cuestionó esas imágenes, pero recordó que no suponían una infracción.
Hoy López Obrador ha insistido en que la instrucción del caso “se está tardando”. “Sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gertz Manero”, ha dicho antes de asegurar que no tiene más información por no hablar estos asuntos ni con él ni con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. El mandatario ha asegurado que el trato que está recibiendo Lozoya no se debe a un pacto. “No hay pacto de impunidad. Lo que hay es un procedimiento que existe en Estados Unidos hace tiempo, no se aplicaba en México, y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, y consiste en que haya testigos protegidos, y aquí se llama criterio de oportunidad, a cambio de que den información para investigar hechos de corrupción que tengan que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”, ha afirmado. La investigación, desde la detención de Lozoya en España, va camino de cumplir dos años.
Fuente: El País
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