Abren investigación por el caso de los caballos colapsados en la cabalgata político-partidista de Playa del Carmen, averiguan maltrato animal
El caso ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde ciudadanos y activistas han condenado la crueldad implícita en someter a los caballos a un trayecto de más de 12 kilómetros.
Playa del Carmen.— La Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo ha abierto una investigación por presunto maltrato animal tras el colapso de dos caballos durante ls cabalgata en honor a la Virgen del Carmen, celebrada el pasado fin de semana. El evento, que debía ser una muestra de devoción y tradición, se convirtió en un escándalo que expone la falta de responsabilidad de sus organizadores y el uso político de una festividad religiosa, encabezada por las legisladoras verde-morenistas Majo Osorio y Anahí González, quienes han sido señaladas por priorizar su lucimiento político sobre el bienestar animal.
El titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen Meyer, confirmó que la investigación busca esclarecer las causas del colapso de los equinos y determinar responsabilidades. Sin embargo, la falta de denuncias formales ha obligado a las autoridades a recurrir a testimonios y videos compartidos en redes sociales para reconstruir los hechos. Según Fernández Lemmen, los datos preliminares apuntan a que los organizadores, presuntamente ligados a una asociación o federación de caballistas, no garantizaron puntos de hidratación adecuados a lo largo de los más de 12 kilómetros de recorrido, en un contexto de temperaturas extremas que alcanzaron niveles insoportables para los animales. “Estamos viendo si hubo un tema de maltrato animal o una omisión en el cuidado, o si se trata de algo relacionado con el tipo de piso, aunque esto último no me hace mucho sentido”, señaló el procurador, mostrando escepticismo ante las justificaciones iniciales que apuntan a la falta de herraduras como causa del colapso.
El caso ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde ciudadanos y activistas han condenado la crueldad implícita en someter a los caballos a un trayecto de más de 12 kilómetros sin atención veterinaria ni medidas básicas de protección. Las críticas se han centrado en las legisladoras Majo Osorio y Anahí González, quienes encabezaron el desfile religioso con un claro tinte político, utilizando la festividad para reforzar su imagen pública.
Llama la atención el silencio de la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, quien hasta el momento no ha emitido ninguna declaración sobre el incidente. Su mutismo contrasta con la gravedad del caso y refuerza la percepción de opacidad en la gestión municipal, especialmente en un tema que ha movilizado a la opinión pública. Mientras tanto, las autoridades de protección civil, tanto locales como estatales, también enfrentan cuestionamientos por haber permitido la realización de un evento de esta magnitud sin supervisar las condiciones en las que se llevaba a cabo.
El episodio no es un hecho aislado en Quintana Roo, donde la protección animal ha sido un tema recurrente en los últimos años, con denuncias frecuentes por el maltrato de animales en eventos turísticos y tradicionales. La cabalgata de Playa del Carmen, sin embargo, adquiere un matiz particularmente grave por el contexto político que la envuelve. La utilización de los caballos como herramienta de propaganda para las legisladoras verde-morenistas, combinada con la negligencia en la planificación del evento, refleja una preocupante desconexión entre los discursos de responsabilidad social y las acciones concretas.
Fernández Lemmen Meyer enfatizó que la Procuraduría está comprometida con llegar al fondo del asunto, aunque la falta de una denuncia formal complica el proceso. “Hemos recabado información a través de redes sociales, pero necesitamos pruebas sólidas para proceder contra los responsables”, afirmó. Entre los puntos bajo escrutinio está la omisión de medidas básicas, como la provisión de agua y la supervisión veterinaria, así como la posible responsabilidad de las autoridades locales que dieron luz verde al evento sin garantizar su adecuado desarrollo.
Este caso pone en la mira no solo a los organizadores de la cabalgata, sino también a un sistema político que parece priorizar el espectáculo sobre la ética. Mientras la investigación avanza, la sociedad playense espera respuestas claras y sanciones ejemplares que sirvan como precedente para evitar que la tradición y la fe se conviertan en excusas para la crueldad y el oportunismo.