Activistas reportan que Sedena paró la obra de la "casa de descanso" en Laguna de Bacalar desde hace un mes
Las organizaciones celebran el apoyo comunitario con un "¡Bravo Bacalar!", pero exigen transparencia en los estudios que justificaron la exención de la MIA.
Bacalar.— El Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Conservación de Bacalar anunció este martes, con imágenes comparativas publicadas esta mañana en Facebook, que las obras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la ribera de la Laguna de Bacalar, conocidas como la "casa de descanso" militar, han estado paralizadas desde el 12 de junio de 2025. Esta detención, atribuida a los amparos interpuestos por organizaciones como DMAS (Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano), la Defensoría Pública y PROJUC (Proyecto Justicia Común), junto con el respaldo de la población local, marca un aparente triunfo para los defensores del ecosistema, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de esta pausa.
Las imágenes, captadas en Calle 3 346, Bacalar, muestran un contraste notable: mientras el 6 de julio a las 7:58 y el 8 de julio a las 8:00 se observa un sitio sin actividad visible, las denuncias previas señalaban maquinaria y trabajadores operando incluso tras suspensiones judiciales emitidas desde abril. Esta aparente detención de un mes podría reflejar el peso de las órdenes judiciales, incluyendo una suspensión definitiva del 5 de junio, aunque la Sedena había sido acusada de desacato al continuar las obras hasta el 9 de junio, según reportes ciudadanos.
El proyecto, iniciado en marzo de 2025, ha generado controversia por su impacto potencial en la Laguna de los Siete Colores, un ecosistema frágil que alberga estromatolitos de agua dulce, únicos en el mundo. La exención de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por Semarnat y las actividades de dragado y relleno han sido criticadas como amenazas al equilibrio ambiental y al turismo, que atrae a más de 100,000 visitantes anuales. La clausura temporal por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) por falta de manejo de residuos y las protestas ciudadanas han amplificado la presión sobre la Sedena.
Sin embargo, el optimismo debe tomarse con cautela. La historia reciente de este caso, marcada por la aparente ignorancia de las suspensiones judiciales, plantea interrogantes sobre si esta pausa es definitiva o solo una estrategia temporal. Las organizaciones celebran el apoyo comunitario con un "¡Bravo Bacalar!", pero exigen transparencia en los estudios que justificaron la exención de la MIA y medidas de compensación por posibles daños. Mientras el juicio de amparo de fondo sigue su curso, la comunidad y los activistas permanecen vigilantes, conscientes de que la batalla por la conservación de la laguna está lejos de concluir.