Aguakan en la cuerda floja: Pierde batalla legal por su concesión en Quintana Roo, pero la guerra no termina
Aguakan ha operado desde 1993 los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, pero su gestión ha sido objeto de críticas
Chetumal.- La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), conocida como Aguakan, sufrió un revés significativo en su lucha por mantener el control del servicio de agua potable en el norte de Quintana Roo. El Juzgado Octavo de Distrito, encabezado por el juez Mario Fernando Gallegos León, emitió el lunes 14 de abril una sentencia que desechó el amparo promovido por la compañía contra la cancelación de la prórroga de su concesión, decretada por el Congreso del Estado en diciembre de 2023. Sin embargo, el fallo no es definitivo: Aguakan ya anunció un recurso de queja que podría prolongar la disputa en los tribunales.
El contexto: una concesión bajo fuego
Aguakan ha operado desde 1993 los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, pero su gestión ha sido objeto de críticas constantes por parte de ciudadanos y autoridades. Usuarios han denunciado tarifas elevadas, cortes de servicio arbitrarios y una infraestructura deficiente, lo que ha alimentado un creciente descontento en la región. En 2014, la empresa logró que la entonces XIII Legislatura le otorgara una prórroga anticipada de 30 años para continuar operando hasta 2053, una decisión que muchos calificaron de opaca y favorable a intereses privados.
El panorama cambió en diciembre de 2023, cuando la XVII Legislatura, con el respaldo del gobierno estatal liderado por Mara Lezama, decidió revocar esa prórroga. El decreto ordenaba a Aguakan entregar las operaciones a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) al expirar su concesión original el 31 de diciembre de 2023. La empresa, anticipándose a esta medida, interpuso un amparo (1323/2023) el 26 de diciembre de ese año, logrando suspensiones provisional y definitiva que le permitieron seguir operando mientras se resolvía el caso.
La sentencia: un golpe, pero no un nocaut
La resolución del Juzgado Octavo de Distrito es clara: Aguakan no tenía derechos adquiridos sobre la prórroga cancelada, ya que esta nunca entró en vigor. Según el juez Gallegos León, la extensión de la concesión, programada para iniciar el 1 de enero de 2024, fue abrogada válidamente antes de que comenzara a surtir efectos. Por lo tanto, el decreto del Congreso no violó derechos de la empresa, y el amparo fue desechado. Como consecuencia inmediata, la suspensión que mantenía a Aguakan al frente del servicio queda sin efecto, lo que, en teoría, obligaría a la empresa a ceder el control a CAPA.
Sin embargo, la batalla legal está lejos de concluir. Aguakan presentó un recurso de queja durante la audiencia constitucional del 26 de marzo, y ahora un Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, deberá revisar la sentencia. Solo si este tribunal la confirma, el fallo será firme y ejecutable. Este nuevo capítulo podría extenderse por meses, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro del servicio de agua en una de las zonas más turísticas de México.
Un proceso lleno de obstáculos
El juicio de amparo no ha estado exento de complicaciones. Desde su inicio, el proceso enfrentó múltiples interrupciones: recursos de queja presentados por el gobierno estatal y el Congreso contra las suspensiones otorgadas a Aguakan, conflictos de competencia por amparos paralelos promovidos por terceros, y una ampliación de la demanda por parte de la empresa en noviembre de 2024. Además, el paro de labores en los juzgados federales, derivado de la oposición a la reforma judicial de 2024, retrasó el caso entre agosto y octubre del año pasado.
Estas maniobras, sumadas a las suspensiones que permitieron a Aguakan mantenerse operativa, han generado críticas entre los habitantes de Quintana Roo, quienes ven en los retrasos una estrategia dilatoria para prolongar el control de la empresa. Organizaciones civiles, como el Colectivo Ciudadano por el Agua, han señalado que la lentitud del proceso refleja la dificultad de desmantelar arreglos que benefician a privados en detrimento del interés público.
El trasfondo: agua, poder y política
La disputa por la concesión de Aguakan trasciende lo jurídico y pone en el centro un debate más amplio sobre la privatización de los servicios públicos en México. Quintana Roo, con su explosivo crecimiento demográfico y turístico, enfrenta una presión constante sobre sus recursos hídricos. La gestión del agua en la región ha sido un tema candente, especialmente porque los ingresos generados por el turismo no siempre se traducen en mejoras para la población local.
El gobierno de Mara Lezama ha apostado por recuperar el control del servicio, argumentando que CAPA garantizará una gestión más equitativa y transparente. Sin embargo, la transición no estará exenta de retos. Expertos advierten que CAPA, con recursos limitados y antecedentes de ineficiencia, podría enfrentar dificultades para operar un sistema que atiende a más de 1.5 millones de habitantes y millones de turistas al año. Además, la infraestructura heredada de Aguakan requerirá inversiones significativas para modernizarse.
Por su parte, Aguakan defiende su gestión, destacando las inversiones realizadas durante tres décadas y advirtiendo que una transición abrupta podría generar desabasto. Sin embargo, su historial de conflictos con usuarios y gobiernos locales ha erosionado su credibilidad.
¿Qué sigue?
La sentencia del Juzgado Octavo de Distrito marca un punto de inflexión, pero no el final del camino. Si el Tribunal Colegiado ratifica el fallo, Aguakan estaría obligada a entregar las operaciones a CAPA, un proceso que podría desatar nuevas controversias legales y logísticas. Mientras tanto, los habitantes de Cancún, Playa del Carmen y otros municipios seguirán lidiando con un servicio que, para muchos, simboliza las fallas de la privatización.
El caso de Aguakan no es solo una disputa legal; es un reflejo de las tensiones entre el interés público y los beneficios privados en un estado donde el agua es tan vital como escasa. La resolución final, sea cual sea, sentará un precedente para el futuro de los servicios públicos en México. Por ahora, la última palabra está en los tribunales, pero la presión de la ciudadanía y el peso político del tema no harán más que crecer.