Aguakan en la cuerda floja: Quintana Roo avanza en la batalla por el agua
“A Quintana Roo lo asiste la razón, todo está muy claro”, afirmó la gobernadora
Playa del Carmen.- La lucha del gobierno de Quintana Roo contra Aguakan, la concesionaria del agua en cuatro municipios del estado, está dando frutos significativos. La gobernadora Mara Lezama destacó en Playa del Carmen los avances en el litigio para revocar la concesión de la empresa, un proceso que, según sus palabras, “no ha sido fácil” debido a los intereses y nombres de peso involucrados.
Tras inaugurar un domo y entregar becas en el Cecyte Playa del Carmen II, Lezama celebró el reciente triunfo legal del gobierno estatal, que el pasado 14 de abril obtuvo una sentencia favorable del Juzgado Octavo de Distrito. Esta resolución validó la cancelación definitiva de la concesión de Aguakan para operar el servicio de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres. “A Quintana Roo lo asiste la razón, todo está muy claro”, afirmó la gobernadora, anticipando que la empresa podría interponer un recurso de revisión contra el amparo ganado.
El caso ha escalado hasta el ámbito nacional. Durante la conferencia matutina del 6 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los esfuerzos de Quintana Roo y lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya atraído el conflicto, argumentando que su intervención habría sido clave. Sheinbaum subrayó la importancia del amparo ganado, un hito que refuerza la posición del estado en este litigio.
Contexto de un conflicto añejo
La disputa con Aguakan, filial de Grupo Bal, lleva años generando descontento entre los quintanarroenses por el alto costo de las tarifas, la calidad del servicio y la opacidad en la gestión. Desde 1993, la empresa ha operado bajo una concesión que, según críticos, ha priorizado ganancias privadas sobre el bienestar público. En 2022, el Congreso de Quintana Roo aprobó un decreto para revocar dicha concesión, lo que desató una batalla legal que ahora parece inclinarse a favor del estado.
Análisis: Un precedente con implicaciones
El avance en este litigio no solo representa una victoria jurídica, sino un mensaje político claro, el acceso al agua es una prioridad que trasciende intereses corporativos. Sin embargo, la probable apelación de Aguakan y la falta de intervención de la SCJN podrían alargar la resolución definitiva. Para los habitantes de los municipios afectados, el desenlace de este caso será crucial, ya que definirá si el servicio pasa a manos públicas o permanece bajo el control privado.
La postura de Lezama y el respaldo de Sheinbaum reflejan una alineación estratégica entre los gobiernos estatal y federal, pero también exponen las tensiones entre el poder judicial y el Ejecutivo en casos de alto impacto social. Mientras tanto, los quintanarroenses esperan que la razón, como asegura la gobernadora, se traduzca en un servicio de agua más justo y accesible.