Cancún.— La alcaldesa verde-morenista de Puerto Morelos, Blanca Merari no vive en su municipio. Dice que paga renta en una casa de lujo, en el fraccionamiento de alta gama “Lagos del Sol”, es más exclusivo, lujoso y caro de Cancún. O sea, una alcaldesa que no vive en el municipio de gobierna. ¿Por qué? De ser cierto que la casa no es de ella y que paga renta, ¿de cuánto será la renta de esa casa en ese exclusivo y lujoso fraccionamiento? ¿Y la austeridad que pregona la 4T? La presidenta municipal dice que no conoce al dueño de la casa que “habita”. Que paga la renta a través de una inmobiliaria y que no conoce al dueño, pero afirma que esta persona, el dueño de la casa que habita, tiene otras 7 casas y que el hombre está siendo investigado por la FGR. Todo esto que revela la alcaldesa es resultado del acorralamiento de este lunes, luego de que fue imposible ocultar el evidente cateo de las Fuerzas Armadas a su domicilio, porque ya sea, rentado o propiedad, fue un cateo a su casa, a la casa que “habita”, como dice ella.
El operativo de la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Marina, se llevó a cabo en la madrugada de este lunes en el subcondominio Jaguares de Lagos del Sol. Blanca Merari Tziu Muñoz confirmó que estaba ahí con sus dos hijas, que cooperó, que entregó el contrato de arrendamiento y que las autoridades le informaron que la diligencia no iba dirigida contra ella, sino contra el propietario del inmueble. En su propio video y declaraciones a medios, la alcaldesa sostuvo que “en ningún momento fui detenida”, que “Blanca Merari en ningún momento ha sido acusada o señalada”, y que el dueño investigado tiene “siete inmuebles”. El inmueble no fue asegurado y ella puede seguir viviendo ahí, con la única condición de avisar si se muda. La FGR no ha emitido comunicado oficial que confirme o desmienta el alcance de la investigación.
La explicación de “rento por inmobiliaria y no conozco al dueño” resulta especialmente frágil cuando se contrasta con el lugar: Lagos del Sol es un residencial premium de Cancún, con lotes grandes, lagos, seguridad reforzada y precios de propiedades que se cotizan en decenas de millones de pesos. Una alcaldesa de un municipio turístico mediano, de la coalición PVEM-Morena-PT, viviendo de forma habitual en una de las zonas más caras de Cancún —fuera de su demarcación— choca de frente con el discurso de “austeridad republicana” que la 4T ha repetido durante años. Que el propietario de esa casa (y de otras seis) esté bajo la lupa federal solo agrava la imagen.
Este episodio no ocurre en el vacío. A lo largo de su administración (iniciada en 2021 y reelecta en 2024), Blanca Merari ha enfrentado señalamientos reiterados de medios locales por supuestos malos manejos. Destacan reportes sobre presuntos sobreprecios en la compra de luminarias: se documentó el pago de alrededor de 6,988 pesos por unidad de lámparas Philips de 100 watts cuando el precio de mercado rondaba los 2,300 pesos, lo que habría generado un sobrecosto superior a cuatro millones de pesos en 865 unidades. Otros reportes hablan de irregularidades por al menos 37 millones de pesos en operaciones con proveedores, posibles facturas simuladas y contratos a empresas vinculadas a círculos cercanos. También se ha cuestionado el elevado presupuesto de la oficina de la Presidencia Municipal (más de 56 millones de pesos para un grupo reducido de personas) frente a partidas menores para seguridad ciudadana o bienestar, así como un subejercicio reportado de casi 500 millones de pesos en el primer semestre de 2026 respecto de un presupuesto autorizado de 828.4 millones.
A esto se suman acusaciones tempranas de nepotismo (el nombramiento y posterior renuncia de un primo político como contralor), denuncias de uso desproporcionado de elementos de seguridad municipal para protección personal, y reportes de hostigamiento a trabajadores sindicalizados. La administración ha respondido con comunicados que destacan “cero observaciones” de la Auditoría Superior de la Federación en el manejo de recursos federales de 2023 y 2024. Sin embargo, las críticas de medios regionales sobre compras a sobreprecio, concentración de contratos y falta de obra pública visible persisten y no han sido desmentidas de forma contundente con documentación pública detallada.
El cateo de este lunes no resuelve esas dudas previas; las reaviva. Una alcaldesa que no vive en su municipio, que habita una casa de lujo en Cancún cuyo dueño está investigado por la FGR (y que tiene otras siete propiedades en la mira), y que enfrenta señalamientos reiterados de irregularidades en el gasto público, queda en una posición políticamente muy vulnerable. Que ella misma haya tenido que salir a explicar que “solo renta, no conoce al dueño y solo cooperó” es, en sí mismo, el resultado de no poder ocultar el operativo. Mientras la FGR no aclare el verdadero alcance de la investigación contra el propietario, y mientras no haya una explicación creíble sobre el costo y la lógica de vivir en el fraccionamiento más caro de Cancún, las aristas “raras” seguirán acumulándose.