¿Blindaje real o retórica electoral? El discurso de Yasmín Esquivel sobre la reforma judicial
Esquivel insistió en que la ciudadanía será el “principal muro de contención” contra perfiles cuestionables, y que el INE podrá invalidar candidaturas hasta el 1 de septiembre
Cancún.- En un contexto de polarización y escepticismo hacia las instituciones, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, visitó Cancún para defender la controvertida reforma judicial que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio. Durante una conferencia de prensa, Esquivel aseguró que México está “totalmente cubierto” frente al riesgo de que un juez vinculado al narcotráfico llegue al Poder Judicial, gracias a los filtros del voto ciudadano y la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero, ¿es esta promesa una garantía sólida o un discurso optimista en tiempos electorales?
Un proceso inédito bajo la lupa
La reforma, aprobada en 2024, marca un hito global, México será el primer país en elegir a los ministros de su Corte Suprema por voto popular. La SCJN se reducirá de 11 a 9 integrantes, y se renovará por completo, junto con la mitad del Poder Judicial Federal y la totalidad de los poderes judiciales locales en estados como Quintana Roo. Esquivel explicó que los votantes recibirán seis boletas federales de colores —morada para ministros, verde, azul, melón, rosa y amarilla para otras categorías— y cuatro locales, con un voto personalizado por candidato, no por partido.
La ministra destacó la transparencia del proceso, con sesiones públicas obligatorias y proyectos de resolución publicados anticipadamente. Sin embargo, críticos señalan que la elección popular podría politizar la justicia, exponiendo a los jueces a presiones de grupos de poder, incluidos los del crimen organizado. En un país donde la violencia y la corrupción han permeado instituciones, la confianza en el “voto ciudadano” como filtro infalible genera dudas.
¿Suficientes salvaguardas?
Esquivel insistió en que la ciudadanía será el “principal muro de contención” contra perfiles cuestionables, y que el INE podrá invalidar candidaturas hasta el 1 de septiembre, cuando los nuevos jueces asuman. “La Constitución exige buena reputación”, afirmó, subrayando que antecedentes penales o vínculos con la delincuencia descalificarían a cualquier ganador. Sin embargo, la efectividad de estas revisiones depende de la capacidad del INE para investigar a fondo en un plazo ajustado, un desafío en un país con instituciones sobrecargadas y antecedentes de filtraciones corruptas.
Datos verificados muestran que México enfrenta una crisis de seguridad, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 30,266 homicidios dolosos, y la percepción de corrupción en el Poder Judicial alcanzó el 59% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI. En este contexto, la afirmación de Esquivel de que “no vamos a tener jueces ligados al crimen” suena más aspiracional que realista.
Independencia judicial en entredicho
La ministra defendió que la reforma fortalece la independencia judicial, al liberar a los jueces de lealtades a élites políticas y anclarlos al “pueblo”. No obstante, expertos como el académico Diego Valadés han advertido que la elección popular podría hacer a los jueces dependientes de campañas financiadas por intereses privados o incluso criminales, un riesgo que la plataforma del INE —donde se publican los perfiles de candidatos— no necesariamente mitiga.
Esquivel, quien busca mantenerse en la SCJN, también enfrenta cuestionamientos personales. Su trayectoria ha sido señalada por presuntas irregularidades, como el caso de su tesis de licenciatura, que generó controversia en 2023 por similitudes con otro trabajo. Aunque ella ha negado las acusaciones, este episodio alimenta el escepticismo sobre la “buena reputación” que la reforma exige.
Un experimento bajo presión
La elección del 1 de junio será un experimento sin precedentes, pero su éxito depende de una ciudadanía informada y un INE robusto. La plataforma del INE y el código QR de la credencial de elector, mencionados por Esquivel, son herramientas útiles, pero no garantizan que los votantes investiguen a fondo a los candidatos en un proceso con decenas de boletas y cientos de nombres.
En un país donde la desconfianza en las instituciones es alta —el 70% de los mexicanos cree que el sistema judicial favorece a los poderosos —, las palabras de Esquivel buscan proyectar confianza. Sin embargo, la verdadera prueba será si la reforma logra un Poder Judicial más autónomo y libre de influencias externas, o si, por el contrario, abre la puerta a nuevos riesgos en un sistema ya frágil.