Caen dos fichitas en Cancún: Tienen 22 carpetas de investigación por fraude inmobiliario
Para dar apariencia de legalidad a sus acciones, los presuntos responsables citaban a las víctimas en notarías públicas.
Cancún.— En Benito Juárez, elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control en contra de Luis Ernesto “N” y Cristopher Mahanaim “N”, por su presunta participación en hechos que podrían constituir el delito de fraude, en perjuicio de víctimas cuya identidad se mantiene reservada.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos enfrentan 22 carpetas de investigación abiertas por el delito de fraude. Los sujetos se encargaban de contactar a las víctimas y concertar citas para mostrarles supuestos inmuebles en venta ubicados en diversos puntos del municipio. Sin embargo, no permitían el acceso a las viviendas ofertadas, lo que formaba parte de un esquema para engañar a los posibles compradores.
Para dar apariencia de legalidad a sus acciones, los presuntos responsables citaban a las víctimas en notarías públicas, donde les hacían firmar un contrato de prestación de servicios profesionales de mediación inmobiliaria y legales. Posteriormente, los llevaban a otra notaría para firmar un contrato de derechos litigiosos, en presencia de un notario público y un supuesto apoderado legal de una empresa inmobiliaria. En dicho contrato, se comprometían a entregar legalmente el inmueble en un plazo de seis meses y a realizar el trámite de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
Sin embargo, al acudir al Registro Público de la Propiedad, las víctimas descubrieron que no existía ningún registro a su nombre y que las propiedades que supuestamente habían adquirido estaban registradas a nombre de otras personas. El daño patrimonial causado a las 22 víctimas asciende a un total de 12 millones de pesos.
Tras cumplir con las diligencias correspondientes, Luis Ernesto “N” y Cristopher Mahanaim “N” fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que los requirió. En el plazo constitucional establecido, se definirá su situación jurídica.