Calica un año después: Sin programa de manejo e incertidumbre para su área natural protegida
El caso Calica ha sido objeto de controversia durante años.
Playa del Carmen.— Los terrenos de Calica, ubicados en la Riviera Maya, fueron declarados Área Natural Protegida (ANP) con el objetivo de detener la extracción de material pétreo que realizaba la empresa Vulcan Materials. Sin embargo, a 12 meses de esta declaratoria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no ha publicado el programa de manejo correspondiente, lo que genera incertidumbre sobre las condiciones legales y medioambientales en las que quedarán las más de 1,000 hectáreas de terreno.
El programa de manejo es un documento esencial que establece los lineamientos para la conservación, restauración y uso sostenible de un ANP. Su ausencia ha generado preocupación entre activistas y comunidades locales, quienes exigen claridad sobre cómo se protegerá este ecosistema.
José Urbina Bravo, activista ambiental, ha urgido a las autoridades a publicar este documento para garantizar certeza jurídica y ambiental en la protección del área. Cabe destacar que la SEMARNAT se comprometió a tener listo el programa en febrero de 2025, pero este plazo no se cumplió, sin que se haya ofrecido una explicación oficial.
El caso Calica ha sido objeto de controversia durante años. La empresa estadounidense Vulcan Materials operaba una mina de extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, bajo la filial Calizas Industriales del Carmen (Calica). Estas actividades fueron señaladas por ambientalistas y autoridades mexicanas como responsables de daños significativos al ecosistema, incluyendo la afectación de cenotes, selvas y acuíferos en la región.
En 2022, el gobierno mexicano intensificó las acciones contra Calica, acusando a la empresa de operar sin los permisos necesarios y de causar un impacto ambiental irreparable. En mayo de ese año, se ordenó la suspensión de las operaciones de extracción, y en septiembre de 2024, los terrenos fueron declarados Área Natural Protegida mediante un decreto presidencial. Esta medida buscaba frenar la explotación y promover la restauración del área.
Sin embargo, la falta del programa de manejo ha generado un vacío normativo que dificulta la implementación efectiva de la protección. Organizaciones ambientalistas han advertido que, sin reglas claras, el área sigue vulnerable a actividades ilegales o a la falta de acciones concretas para su recuperación.
Activistas han instado a la SEMARNAT a cumplir con su compromiso y publicar el programa de manejo de manera urgente, solicitando que el proceso sea transparente e incluya la participación de comunidades locales y expertos en conservación. Por su parte, Vulcan Materials mantiene un litigio internacional contra el gobierno mexicano, argumentando que la suspensión de sus operaciones y la declaratoria de ANP violan acuerdos comerciales. Este conflicto, en arbitraje internacional, añade complejidad al caso.
Mientras tanto, las más de 1,000 hectáreas de Calica permanecen en un limbo regulatorio, a la espera de un programa de manejo que defina su futuro como Área Natural Protegida. La presión ciudadana y la atención mediática seguirán siendo clave para garantizar que esta declaración se traduzca en acciones concretas de conservación.