Cámaras piratas en la mira: Playa del Carmen destapa una red de vigilancia ilegal
El operativo, tenía como propósito verificar la legalidad de los dispositivos de monitoreo en espacios públicos
Playa del Carmen.- En un movimiento que pone en jaque la delgada línea entre seguridad y privacidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Playa del Carmen, junto con la Policía Municipal, el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4) y el Grupo Centurión, desplegó un operativo que dejó al descubierto una preocupante realidad: 18 cámaras de videovigilancia, instaladas de manera clandestina en postes de alumbrado público, fueron retiradas por carecer de cualquier autorización oficial. Este hallazgo no solo saca a la luz una operación al margen de la ley, sino que plantea serias preguntas sobre quién vigila a los vigilantes en esta ciudad turística.
El operativo, según un comunicado oficial de la SSC, tenía como propósito verificar la legalidad de los dispositivos de monitoreo en espacios públicos, un ámbito que, en teoría, debería estar estrictamente regulado para proteger tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, lo que encontraron las autoridades fue un conjunto de cámaras “piratas” —término que ellas mismas emplearon— adheridas a infraestructura municipal sin registro alguno en dependencias oficiales. Estas no solo operaban fuera del marco legal, sino que, según la SSC, representaban un “riesgo potencial” para la seguridad pública y las investigaciones en curso. ¿El motivo? Nadie sabe quién las instaló, quién las controlaba ni con qué fines.
El contexto no es menor. Playa del Carmen, joya del Caribe mexicano, ha visto un aumento exponencial en su población y turismo en las últimas décadas, pero también en los índices de delincuencia, desde robos menores hasta crímenes más organizados. Esto ha llevado a un incremento en la instalación de cámaras de vigilancia, tanto por parte de las autoridades como de privados. Sin embargo, la falta de regulación clara y el uso indiscriminado de estos dispositivos han generado un terreno fértil para abusos. Las 18 cámaras desmanteladas, ahora bajo custodia del área jurídica de la SSC, son apenas la punta del iceberg en un debate que trasciende la simple legalidad: ¿hasta dónde llega el derecho a la privacidad en un entorno donde la sensación de inseguridad es palpable?
La SSC no se quedó en promesas vacías. Anunció que operativos como este se replicarán en distintos puntos de la ciudad, con la mira puesta en revisar el estatus de cada cámara que cuelga de un poste o una esquina. Pero el anuncio deja más preguntas que respuestas. ¿Qué tan extendida está esta práctica? ¿Son estas cámaras obra de ciudadanos preocupados, empresas privadas o algo más siniestro? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos existen para garantizar que los dispositivos autorizados no terminen siendo igual de invasivos?
Por ahora, el desmantelamiento de estas 18 cámaras es un recordatorio crudo de que la vigilancia, mal empleada, puede pasar de ser una herramienta de protección a un arma de doble filo. En una ciudad que vive del turismo y la confianza, el costo de ignorar este problema podría ser mucho mayor que el de un puñado de equipos confiscados. Habrá que estar atentos a lo que revelen las próximas inspecciones —y a lo que, tal vez, prefieran mantener en las sombras—.
Con información de: InZoom.mx