Cárcel de Altamira, epicentro de extorsiones que azotan a Chetumal y Bacalar
En menos de un mes, doce secuestros virtuales originados en el Penal de Altamira, Tamaulipas, han sido frustrados en Quintana Roo, pero los reclusos siguen operando con datos precisos de sus víctimas
Chetumal.- Una ola de secuestros virtuales, orquestada desde el Penal de Altamira, Tamaulipas, tiene a Chetumal y Bacalar en jaque. En menos de un mes, doce intentos de extorsión han sacudido el sur de Quintana Roo, todos frustrados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión (FECDSE) y la Policía Cibernética, pero con un patrón alarmante: los delincuentes, desde sus celdas, poseen información precisa sobre sus víctimas —vehículos, rutas, nombres, incluso detalles personales—. ¿Cómo obtienen estos datos? La respuesta apunta a una red de complicidad que trasciende los muros del penal.
Los extorsionadores operan con un guion recurrente: contactan a las víctimas alegando que sus teléfonos están clonados o vinculados a actividades ilícitas, como denuncias falsas al 911 o tratos con grupos criminales rivales. En un caso reciente en Chetumal, una madre fue amenazada con la “detención” de su hijo y su novia por supuestamente comprar droga a un “contrario”, exigiendo 300 mil pesos por su liberación. En Bacalar, una mujer fue manipulada para esconderse en un hotel tras una amenaza similar. Las llamadas, rastreadas hasta Altamira, revelan un problema sistémico: los reclusos tienen acceso a teléfonos y datos personales, lo que sugiere filtraciones internas o externas.
¿De dónde provienen los datos? Según fuentes periodísticas y denuncias, los criminales en el Penal de Altamira dependen de una red que incluye cómplices fuera de la prisión. Ex custodios han revelado que los extorsionadores mantienen células criminales activas en la calle, quienes recolectan información de negocios, redes sociales o incluso bases de datos filtradas. Por ejemplo, publicaciones en redes sociales —fotos, ubicaciones, eventos— son una fuente común, ya que las víctimas suelen compartir detalles sin considerar riesgos. Además, el manejo laxo dentro del penal permite la entrada de celulares, como lo demuestran cateos en 2023 que decomisaron 15 teléfonos, chips y otros objetos no permitidos. La corrupción de custodios, que facilitan estos dispositivos a cambio de sobornos, es una constante señalada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y legisladores como Sandra Luz Guajardo García, quien en 2024 denunció la falta de controles en Altamira.
El Penal de Altamira, con sobrepoblación y antecedentes de violencia —como la reyerta de 2012 que dejó 31 muertos—, es un foco rojo. Informes de la CNDH han calificado a Tamaulipas como el estado con los peores problemas carcelarios, destacando la falta de seguridad y el autogobierno. Los reclusos, muchos ligados al Cártel del Golfo, aprovechan estas fallas para operar impunemente. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa penas más duras contra la extorsión, las medidas actuales —como bloquear números o exhortar a no contestar llamadas desconocidas— no atacan la raíz: la complicidad interna y la porosidad del sistema penitenciario.
Mientras no se desmantele la red que provee datos y equipos a los reclusos, Chetumal y Bacalar seguirán bajo el yugo de un delito que, aunque virtual, explota el miedo con precisión quirúrgica. La pregunta no es solo quién proporciona los datos, sino hasta cuándo el Estado permitirá que un penal sea la central de operaciones de esta maquinaria criminal.