Carretera bloqueada en Chetumal: ¿Chivo expiatorio o culpable? la lucha por la verdad en el caso del enfermero asesinado
Los familiares de Clemente N., denuncian que ha sido golpeado para obligarlo a declararse culpable
Chetumal.- La carretera Chetumal-Escárcega, a la altura del poblado Nicolás Bravo, se convirtió este 20 de abril en un escenario de indignación y resistencia. Familiares y amigos de Clemente N., señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable del homicidio del enfermero del ISSSTE, Ramiro Cáceres López, bloquearon esta vía clave exigiendo su liberación inmediata. Con pancartas que rezaban “No más chivos expiatorios” y “Exigimos justicia, lo queremos de regreso a casa”, los manifestantes denunciaron una detención arbitraria, posibles actos de tortura y un proceso judicial plagado de irregularidades. Este caso, que ha movilizado a la comunidad de Chetumal, expone las profundas grietas de un sistema de justicia cuestionado y la desesperación de una familia que clama por verdad.
Un caso que despierta sospechas
Ramiro Cáceres López, enfermero del Hospital General de Chetumal, fue reportado como desaparecido el 10 de abril de 2025. Su cuerpo fue hallado sin vida el 18 de abril, y la FGE anunció la detención de Clemente N. como presunto culpable del homicidio, además de acusarlo de narcomenudeo. Sin embargo, los familiares de Clemente sostienen que su detención fue un montaje orquestado para calmar la presión social tras la indignación por el asesinato de Cáceres, un profesional de la salud querido en la comunidad.
Clemente fue citado por agentes ministeriales el 16 de abril bajo el pretexto de una entrevista. “Él accedió voluntariamente porque no tenía nada que esconder. Nunca imaginamos que no lo dejarían salir”, relató un familiar durante el bloqueo. Desde entonces, aseguran, no han tenido contacto con él, y no se les ha presentado una orden judicial que justifique su detención. Los manifestantes afirman que Clemente estuvo en su domicilio el 13 de abril, día del crimen, salvo por una breve salida a las 17:00 horas para comprar tortillas, lo que, según ellos, desmiente su implicación en el homicidio.
Denuncias de tortura y abuso de autoridad
La situación se agrava con las acusaciones de tortura. Los familiares de Clemente, respaldados por una queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), denuncian que ha sido golpeado para obligarlo a declararse culpable. Estas alegaciones no son nuevas en Quintana Roo. En 2020, la FGE ofreció una disculpa pública por la tortura infligida a Jesús Reynaldo Jiménez Pacheco, un caso documentado por la Cdheqroo, lo que refuerza la plausibilidad de las denuncias actuales. La acusación adicional de narcomenudeo, según los manifestantes, es una estrategia para desacreditar a Clemente y justificar su detención sin pruebas sólidas.
“La Fiscalía necesita un culpable, y Clemente es el chivo expiatorio perfecto”, expresó un amigo durante la protesta. Esta percepción se ve alimentada por la opacidad de la FGE, que no ha revelado detalles sobre las pruebas que vinculan a Clemente con el crimen, ni ha explicado por qué su detención se llevó a cabo sin una orden judicial aparente. La falta de transparencia ha llevado a los familiares a exigir la intervención directa de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a quien piden que garantice una investigación justa y transparente.
Un contexto de desconfianza y protestas
El bloqueo de la carretera Chetumal-Escárcega, que provocó varias horas de caos vial, es el segundo acto de protesta en menos de una semana relacionado con el caso de Cáceres. El 15 de abril, familiares y compañeros del enfermero bloquearon la avenida Insurgentes para exigir su localización, cuando aún se le consideraba desaparecido. Ahora, la detención de Clemente ha polarizado a la comunidad: mientras unos claman justicia por el asesinato de Cáceres, otros defienden la inocencia del acusado, denunciando abusos institucionales.
Quintana Roo no es ajeno a este tipo de manifestaciones. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 1,234 casos de desapariciones en el estado, de los cuales más de 300 siguen sin resolverse. La percepción de impunidad es generalizada: un informe de la Cdheqroo de 2023 documentó 69 quejas contra el IMSS e ISSSTE por mala atención y 25 contra hospitales públicos, evidenciando una crisis de confianza en las instituciones. En este contexto, el caso de Clemente se suma a una larga lista de controversias que han llevado a la ciudadanía a recurrir a bloqueos y protestas como única vía para ser escuchada.
Organizaciones civiles, como el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia, han señalado que la presión social es a menudo el único recurso para obligar a las autoridades a actuar, especialmente en casos de desapariciones o detenciones arbitrarias.
El desafío para la FGE
La exigencia de los manifestantes para que intervenga directamente refleja la percepción de que las instituciones locales, incluida la FGE, no están respondiendo adecuadamente. La Cdheqroo, que ya investiga las denuncias de tortura, podría desempeñar un papel crucial, pero su capacidad para generar resultados concretos está limitada por la falta de cooperación de otras autoridades, como se ha visto en casos previos.
El caso también plantea preguntas incómodas sobre el sistema de justicia en México. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más del 60% de los casos reportados entre 2020 y 2024 permanecen sin resolver, y las acusaciones de fabricación de culpables son recurrentes. Si las denuncias de los familiares de Clemente se confirman, el caso podría convertirse en un símbolo de las fallas estructurales de la FGE y de la necesidad de reformas profundas en la procuración de justicia.
Un caso que divide y exige respuestas
El homicidio de Ramiro Cáceres, un enfermero dedicado que trabajaba en condiciones precarias, ha dejado una herida profunda en Chetumal. Su muerte, seguida por la controvertida detención de Clemente N., ha generado un debate sobre quién es la verdadera víctima en este caso: ¿un profesional de la salud asesinado brutalmente, o un hombre detenido arbitrariamente para encubrir la incapacidad de las autoridades? Ambas familias, la de Cáceres y la de Clemente, comparten el dolor de la incertidumbre y la frustración ante un sistema que parece incapaz de ofrecer respuestas claras.
El bloqueo de la carretera Chetumal-Escárcega, que mantuvo a decenas de automovilistas varados, es un grito de auxilio y una advertencia: la paciencia de la ciudadanía se agota. Mientras las autoridades locales dialogan con los manifestantes, la presión crece para que la FGE revele las pruebas contra Clemente o admita posibles irregularidades en su detención. La intervención de la Cdheqroo, y potencialmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), será clave para esclarecer las acusaciones de tortura y determinar si este caso es otro ejemplo de justicia fabricada.
Por ahora, la carretera bloqueada es más que un obstáculo vial: es el reflejo de una sociedad que exige verdad, justicia y un alto a los abusos. La resolución de este caso no solo determinará el destino de Clemente N., sino también la confianza en un sistema que, para muchos, ha dejado de ser sinónimo de equidad.